Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz

Las autoridades pusieron en libertad a cuatro personas que habían sido detenidas en el operativo policial realizado en el centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz, situado en un antiguo hotel. Según informó la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, estos individuos, junto con una quinta persona, permanecen en calidad de investigados dentro de una causa por presuntos malos tratos.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la intervención de la Policía Canaria formó parte de la denominada "Operación Cabila", que se desarrolló bajo secreto sumario y fue ordenada por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación policial del pasado martes se centró en este centro, que dispone de capacidad para más de un centenar de menores migrantes, y es gestionado por la organización no gubernamental Quorum Social 77.

Tal como detalló la fuente, la investigación judicial tiene como origen una denuncia oficial presentada en septiembre de 2024 por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Así comenzó el proceso que llevó a las detenciones y al registro del centro, enmarcado en una serie de actuaciones que también han implicado otros recursos gestionados por la ONG.

El medio destacó que Quorum Social 77 es una de las entidades que ha percibido mayores fondos por parte de la administración autonómica para encargarse de la gestión de recursos destinados a menores migrantes. No obstante, la ONG ha visto cómo la autoridad judicial dictó el cierre de dos de sus instalaciones: una en Arinaga y otra en Santa Brígida. Además, se efectuó previamente un registro en un centro ubicado en Puerto del Rosario.

El centro de Puerto de la Cruz representa uno de los puntos donde se concentra la atención sobre la gestión de los recursos para menores migrantes. La intervención de la Policía Canaria respondió a la preocupación manifestada en la denuncia formal sobre la situación de los menores alojados en la instalación y los posibles malos tratos sufridos, según consignó la fuente original.

En la operación, los cinco extrabajadores figuran como investigados. La privación de libertad de cuatro de ellos resultó temporal, ya que recuperaron la libertad poco después de su arresto, continuando ligados al proceso judicial por los presuntos delitos mencionados. El desarrollo de la investigación se mantiene protegido por el secreto sumario decretado por el juzgado competente.

Las acciones desplegadas forman parte de una estrategia judicial y administrativa para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes en Canarias, una cuestión de seguimiento constante por las autoridades. Según lo reportado, la investigación impulsada por la denuncia de la Consejería de Bienestar Social puso en el foco un modelo de atención a la infancia migrante sostenido por la colaboración entre la administración pública y entidades del tercer sector, como la ONG involucrada en estos hechos.

El caso permanece abierto mientras la instrucción judicial prosigue, a la espera de nuevos avances que permitan determinar las responsabilidades penales o administrativas derivadas de la gestión del centro y del trato dispensado a los menores, según las diligencias que desarrolla el juzgado.