Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Los Pujol, la “Sagrada Familia de Cataluña”, están siendo juzgados para determinar si se enriquecieron ilícitamente durante los años en los que el patriarca, Jordi Pujol, fue presidente de la Generalitat, entre 1980 y 2003. La duda no está en la existencia de una fortuna en paraísos fiscales, que el propio acusado admitió en 2014, sino en su procedencia.

La Fiscalía sostiene que el dinero viene de la corrupción, de comisiones ilegales que empresarios afines al partido de Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), pagaban a la familia durante los años de su gobierno a cambio de adjudicaciones y contratos públicos. La defensa de los Pujol mantiene el relato que lleva más de 10 años contando: que los recursos provienen de una herencia familiar, una “deixa” (legado) que Florenci Pujol, el padre de Jordi, dejó a sus nietos y a su nuera.

Sin embargo, ahora hay otra duda: si el propio Pujol, con 95 años, está en condiciones de testificar. Este lunes, el tribunal de la Audiencia Nacional ha citado a Jordi Pujol para someterle a un nuevo reconocimiento médico presencial antes de decidir si puede declarar. El exjefe del Ejecutivo catalán ha sido llamado por los magistrados a las 9.30 horas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) con el objetivo de que el médico forense determine in situ si está en condiciones de prestar declaración, según una providencia obtenida por Europa Press.

El tribunal ha ordenado que Pujol acuda personalmente con todos los documentos médicos que estime relevantes para su valoración y ha señalado que el médico forense deberá estar presente durante todo el tiempo que dure la eventual declaración. La jornada judicial continuará, con independencia de la comparecencia de Pujol, con las declaraciones del resto de acusados –sus siete hijos– a partir de las 10.00 horas. Además, el tribunal ha dispuesto que una intérprete de catalán asista durante los días 27, 28 y 29 de abril, fechas en las que intervendrán los acusados.

“Sería muy cruel”

El pasado 24 de noviembre de 2025, en el comienzo de la vista oral, el tribunal ya acordó permitir que Jordi Pujol siguiera las sesiones desde su domicilio en Barcelona por motivos de salud, después de que la defensa pidiese el archivo de la causa. Durante esa sesión inicial, los médicos forenses que examinaron al exdirigente catalán ratificaron que, en su opinión, “no está en condiciones” de seguir el proceso judicial. El informe pericial atribuye a Pujol un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)”.

La situación de Jordi Pujol ha motivado que tanto su médico personal, Jaume Padrós, como los forenses que evaluaron al expresidente, insistan en que no está en condiciones de acudir a juicio. Padrós ha recalcado esta semana que el paciente padece enfermedades degenerativas y progresivas, encontrándose “estable pero discretamente peor” respecto a los últimos meses. Según él, obligar a Pujol a asistir presencialmente sería “por decirlo suavemente, muy cruel”. “No está en condiciones de poderse defender y de establecer no solo un relato, porque tiene afectada la memoria, sino de contradicción, de argumentación dialéctica”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Jordi Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros, mientras que para sus siete hijos reclama entre ocho y veintinueve años de cárcel. El escrito de acusación sostiene que los Pujol y sus colaboradores habrían constituido una organización criminal que presuntamente se enriqueció durante décadas mediante prácticas corruptas aprovechando la posición política familiar.