El abogado de Ábalos pide aplazar un mes el juicio por su "complejidad": "No es posible asumir el esfuerzo mental"

El defensor del exministro José Luis Ábalos citó en un escrito la imposibilidad material de preparar con solvencia una estrategia de defensa debido a problemas técnicos que afectan el acceso a la documentación judicial. Según expone el abogado Marino Turiel, cada vez que intenta consultar los archivos relativos al caso en su ordenador, el sistema queda inoperativo por largo tiempo, lo que ha dificultado el análisis suficiente de las actuaciones judiciales. Este incidente ya había sido señalado, detalla Europa Press, por otras defensas involucradas, lo que ha obstaculizado tanto el estudio como la comprensión completa del procedimiento.

Tal como publicó Europa Press, la petición de aplazamiento se dirige al Tribunal Supremo e impulsa una postergación de un mes para el inicio del juicio oral programado para el 7 de abril, sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El letrado sostiene que resulta inviable asumir la carga de trabajo y el esfuerzo mental requeridos con el escaso margen de tiempo disponible, lo que, a su juicio, pone en riesgo las garantías mínimas de defensa para su representado. Marino Turiel asumió la defensa de Ábalos el pasado enero y, de acuerdo con su declaración, el tiempo transcurrido desde entonces no ha permitido avanzar eficazmente en la preparación del caso.

En este proceso, además de Ábalos, comparecerán ante el tribunal su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, señalado como intermediario. El escrito dirigido al Supremo insiste en que el tribunal ha pasado por alto otras obligaciones ya fijadas en la agenda del defensor, que fueron comunicadas previamente tras su nombramiento, todas ellas previas a su aceptación como abogado del exministro. El defensor argumenta que la coincidencia de fechas con otros juicios complica aún más la posibilidad de ofrecer una preparación adecuada y pide que el juzgado considere su agenda para asegurar el derecho de defensa.

La Fiscalía Anticorrupción ha requisitado una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos por los delitos ligados a las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la emergencia por la COVID-19. Para Koldo García, fiscalía pide 19 años y medio de reclusión, mientras que para Víctor de Aldama solicita siete años, después de que este empresario reconociera los cargos imputados. Según informó Europa Press, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman 30 años de prisión tanto para Ábalos como para García, igualando la solicitud de pena para Aldama a la de la fiscalía.

Además, el letrado de Ábalos fundamenta su solicitud en la necesidad de garantizar el derecho fundamental de defensa, señalando que la complejidad elevada del caso exige un estudio pormenorizado de abundante documentación. El abogado recalca que, bajo estas condiciones actuales, ni siquiera ha podido realizar un examen básico del sumario, ya que el acceso a las actuaciones se mantiene restringido por los fallos técnicos que reportaron otros abogados dentro del mismo proceso, lo que —según Europa Press— ha retrasado los preparativos para todos los involucrados que enfrentan cargos.

Según la información recogida por Europa Press, la solicitud de aplazamiento presentada ante el Supremo detalla todas estas dificultades y sostiene que solo posponiendo la vista un mes podría garantizarse que el proceso transcurra con las garantías debidas, tanto para la defensa del exministro como para el resto de procesados. La decisión final sobre el posible aplazamiento queda ahora en manos del alto tribunal, al que el abogado remite un resumen último: “la necesidad de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa”.