Pablo Iglesias y Dina Bousselham alcanzan un acuerdo con los periodistas acusados de examinar datos de la exasesora

El tribunal ha confirmado que quienes eran juzgados por examinar información privada quedan exonerados tras el perdón “expreso e irrevocable” otorgado por las partes afectadas, aunque continuarán interviniendo como testigos en el proceso judicial

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Durante la primera jornada del juicio por el denominado ‘caso Dina’ en la Audiencia Nacional, tanto Pablo Iglesias como Dina Bousselham confirmaron ante el tribunal su decisión de otorgar un “perdón expreso e irrevocable” a los dos periodistas que estaban siendo procesados por examinar la información extraída de una tarjeta de memoria robada en 2015. De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, la medida adoptada deja a los comunicadores eximidos de responsabilidad penal, pero serán citados a declarar como testigos en el desarrollo del proceso judicial.

El medio Europa Press detalló que el anuncio se realizó el lunes, al inicio de las sesiones, a través del abogado de Bousselham, Gorka Vellé. El letrado notificó al tribunal que, tras horas intensas de gestión durante el fin de semana previo, se había alcanzado un acuerdo en el que los dos periodistas, acusados de acceso a datos privados, admitían parcialmente los hechos a cambio del perdón de las partes afectadas, es decir, de Bousselham y del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. Vellé indicó que se contaba con un documento digitalmente firmado que plasmaba dicho acuerdo, ya que ni Iglesias ni Bousselham se encontraban en la sala en ese momento.

Según consignó Europa Press, la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, solicitó a la Fiscalía su postura ante el acuerdo, a lo que el representante del Ministerio Público respondió que se acababa de enterar del pacto y que este no incluía al ex comisario José Manuel Villarejo, quien en la época de los hechos ostentaba la condición de funcionario público. La Fiscalía argumentó que, por tratarse de un delito de naturaleza semipública, el perdón de las víctimas implicaba la imposibilidad de continuar la acusación penal contra los periodistas, aunque esto no aplicaba a Villarejo, para el que se mantiene la acción penal por su condición funcionarial.

En función de los nuevos hechos, la presidenta del tribunal suspendió temporalmente la vista para que el escrito pudiera ser entregado oficialmente a los magistrados y la Fiscalía, permitiendo así deliberar sobre el alcance del perdón y la pertinencia del acuerdo alcanzado. Europa Press remarcó que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado previamente cinco años de prisión para Villarejo y tres años para cada uno de los periodistas acusados, todos imputados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. Además, solicitaba que los tres indemnizasen de forma solidaria y en partes iguales a Dina Bousselham con 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros como reparación civil.

Según publicó Europa Press, el escrito de acusación de la Fiscalía señalaba que el 19 de enero de 2016, una persona anónima entregó en la sede del grupo de comunicación para el que trabajaban los periodistas un sobre que contenía la tarjeta micro SD sustraída del teléfono móvil de Bousselham. La memoria fue revisada por los dos periodistas encausados, así como por un directivo y el presidente del grupo empresarial. Parte de la información posteriormente se difundió en medios de comunicación.

Una vez finalizado el receso, tanto el abogado de Bousselham como el defensor de Iglesias, Jaime Montero, comunicaron de manera oficial que sus representados otorgaban el perdón definitivo a los periodistas. La presidenta del tribunal solicitó la comparecencia física de ambas partes para ratificar su postura. Dina Bousselham acudió personalmente a la sala y ratificó verbalmente el perdón. Pablo Iglesias lo hizo por comparecencia telemática desde México. Ni la Fiscalía ni la defensa de Villarejo realizaron objeciones tras la ratificación.

Europa Press relató que, ante la confirmación del perdón, el fiscal manifestó que se procedería a la extinción de la responsabilidad penal en lo concerniente a los periodistas y que igualmente quedarían sin efecto las indemnizaciones civiles reclamadas contra ellos. En ese momento, la magistrada Teresa Palacios notificó a los comunicadores que dejaban de tener la condición de acusados y que ya no debían permanecer en la sala.

A pesar de la exoneración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que los dos periodistas comparezcan como testigos en el juicio. Tanto el abogado de Iglesias como el de Bousselham se sumaron a la petición. La magistrada estableció como fecha para su declaración el 5 de marzo.

El acuerdo no afectó al excomisario Villarejo, cuya situación procesal sigue vigente y para quien se mantiene la solicitud de condena penal. Según recordó Europa Press, las acusaciones se centran en el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos con publicidad, pues la información privada de Bousselham, contenida en la tarjeta sustraída en 2015, acabó publicada en diferentes medios tras pasar por varias manos en la cadena de custodia.

Durante todo el proceso, las intervenciones de los abogados y las decisiones del tribunal giraron en torno a la naturaleza del delito y a la relevancia del consentimiento otorgado por las partes perjudicadas. El acuerdo alcanza un punto de inflexión en el caso, al dejar a Villarejo como único acusado en el procedimiento penal, mientras la investigación y la valoración judicial de los hechos continúan conforme al calendario fijado por la Audiencia Nacional.