El Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, que dejaron 46 víctimas mortales. También autoriza el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En un auto fechado el pasado viernes y notificado hoy a las partes, da permiso al empleo de cualquier programa informático que verifique “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”.
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El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial. Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.
El próximo 5 de marzo en las dependencias de la CIAF
La diligencia tendrá lugar el próximo 5 de marzo en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), lugar donde se encuentran los equipos. Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.
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Así, la instructora indica en su auto que “para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos” considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.
El Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, “todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción”.
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El accidente de Adamuz
En el accidente ferroviario que ocurrió el 18 de enero, colisionaron dos trenes de alta velocidad en las cercanías de Adamuz en la línea Madrid‑Sevilla y que ha causado al menos 45 víctimas mortales según el recuento oficial. El siniestro se produjo en un tramo de vía en recta, recientemente renovado según las autoridades.
El descarrilamiento inicial del tren de la compañía Iryo en esa recta hizo que varios de sus últimos vagones invadieran la vía opuesta, por la que circulaba un tren Alvia de Renfe en sentido contrario, con el consiguiente choque y devastación de ambos convoyes. El balance final de heridos supera los doscientos y más de una treintena se encontraban en estado grave en las primeras fases del rescate, mientras que la identificación de las víctimas fue completada por la Guardia Civil en los días posteriores al accidente.
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Desde el punto de vista técnico y judicial, la investigación se ha centrado en determinar si un fallo en la infraestructura, como la rotura preexistente de un carril que habría desestabilizado al primer tren, o problemas en los procesos de inspección y mantenimiento pueden haber sido factores decisivos en el origen del siniestro. Los primeros informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntaron a la existencia de una fractura en la vía antes de la llegada del tren de Iryo, y la propia Guardia Civil ha solicitado detalles adicionales sobre posibles “incongruencias” en la soldadura u otras partes de la documentación técnica, así como en los controles de calidad realizados en los puntos de vía afectados.
La pesquisa judicial, dirigida por el Juzgado de Instancia de Montoro, ha ido de la mano de esta investigación técnica. La Guardia Civil ha informado al juzgado de presuntas irregularidades en la documentación y de la retirada de fragmentos de vía por parte de ADIF sin la debida autorización previa, lo que obligó a la magistrada a ordenar la restitución de ese material y prohibir cualquier manipulación sin permiso judicial, advirtiendo incluso sobre posibles responsabilidades penales si no se cumple.
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