La intervención en el juzgado de Maite Gómez, exjefa de comunicación de Carlos Mazón, introdujo un elemento clave en la investigación sobre la gestión de la dana, al afirmar que las versiones difundidas por la Generalitat Valenciana sobre el paradero de Mazón durante la emergencia, se basaron en supuestos y no en información verificada. Esta declaración impulsó nuevas demandas desde el Partido Socialista del País Valenciano-PSOE respecto al futuro político del expresidente autonómico. Según reportó Europa Press, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, solicitó la destitución inmediata de Mazón por parte tanto del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como del presidente actual del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Además, Morant reclamó la convocatoria urgente de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana.
En su intervención realizada en Elche durante un acto centrado en la educación, la universidad y la ciencia, Morant explicó que la jueza encargada del caso de la dana solicitó la imputación de Carlos Mazón. Según la información publicada por Europa Press, la magistrada remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra Mazón, al considerarlo responsable penalmente por su gestión durante las riadas. Estas inundaciones ocurridas el 29 de octubre de 2024 provocaron la muerte de 230 personas, además de una posible víctima adicional todavía en estudio.
De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Diana Morant afirmó que ese día, mientras cientos de personas enfrentaban situaciones críticas a causa de las inundaciones, Carlos Mazón pasó cinco horas en el establecimiento denominado El Ventorro. Morant señaló que aún persiste la incógnita sobre el paradero exacto de Mazón durante los momentos de mayor gravedad de la catástrofe, pero remarcó que “lo que sí que sabemos es que no estaba” donde se requería su presencia institucional. Asimismo, expuso que, según fuentes institucionales, Mazón dedicó más tiempo al lugar señalado que al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), antes de retirarse a su domicilio a la una de la madrugada del día siguiente. Además, Morant relató que Mazón informó a las 00:30 de la existencia de víctimas mortales y de que la jornada nocturna sería larga, aunque luego optó por marcharse.
En el ámbito judicial, Europa Press detalló que la magistrada que investiga el caso considera que Mazón habría incurrido en una “inactividad negligente” en el desempeño de sus funciones durante la emergencia. El análisis del tribunal incluye los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, así como las consecuencias de la gestión gubernamental en torno a las riadas.
Los testimonios recogidos en el juzgado por la exjefa de comunicación Maite Gómez aportaron información adicional sobre las comunicaciones institucionales. Según recogió Europa Press, Gómez reconoció ante la jueza que la tarde de la riada se informaron los movimientos de Mazón “por lógica” y no en base a hechos constatados. La exresponsable de comunicación admitió que la Generalitat emitió comunicados sobre el paradero del expresidente sin contar con información fidedigna, sino guiándose por suposiciones acerca de lo que Mazón habría hecho durante la jornada.
A raíz de estos hechos judiciales y testimonios, Morant exigió a Núñez Feijóo y a Juanfran Pérez Llorca que ejecuten la destitución de Carlos Mazón. Además, reiteró su petición de que se convoquen elecciones autonómicas de forma inmediata, argumentando que la mayoría social en la Comunitat Valenciana ya no respalda al Partido Popular. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Morant subrayó que Mazón no puede mantenerse ni un minuto más como diputado con aforamiento ni percibiendo retribuciones adicionales del Partido Popular en el parlamento valenciano.
A lo largo del acto público celebrado en Elche, la secretaria general del PSPV-PSOE sostuvo que la gestión de la emergencia por parte del anterior gobierno autonómico dejó interrogantes sin resolver, sumando presión política y judicial sobre el expresidente Mazón y su equipo. Europa Press informó que el caso continúa en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estudia posibles responsabilidades penales asociadas a la gestión y las comunicaciones institucionales durante la tragedia por la dana.
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