El juicio por el secuestro exprés de la exconcejal socialista de Maracena (Granada) se aplaza a noviembre

La planificación previa del presunto secuestro incluyó búsquedas en Internet y la adquisición de varios objetos, entre ellos un cuchillo militar de 19 centímetros de hoja, una pistola falsa, guantes, bridas plásticas, papel de aluminio para envolver teléfonos móviles y cinta de carrocero. Según informó Europa Press, estos preparativos detallan la minuciosidad con la que el acusado habría organizado el secuestro exprés de Vanessa Romero, exconcejal socialista en Maracena, Granada. La noticia principal radica en que la Audiencia de Granada ha reprogramado el inicio del juicio para el 16 de noviembre, tras varias postergaciones motivadas por solicitudes de la defensa.

De acuerdo con Europa Press, el juicio estaba inicialmente previsto para principios de octubre, tras un primer aplazamiento motivado por razones personales de uno de los abogados defensores. Finalmente, la fecha de inicio quedó fijada para el 16 de noviembre, fecha en la que se prevé la declaración del acusado, quien mantenía una relación sentimental con Berta Linares, la alcaldesa del municipio y también miembro del PSOE al momento de los hechos. Ese día está previsto que comparezcan ante el tribunal los diez primeros testigos ofrecidos por las partes, según detalló el medio citado en base a la diligencia de ordenación del proceso judicial.

El curso del juicio contempla el desarrollo de las diligencias necesarias para esclarecer tanto los hechos delictivos como la responsabilidad penal del acusado. El segundo día del proceso, el 17 de noviembre, se recogerán los testimonios del resto de testigos propuestos por las partes, y al día siguiente se prevén las pruebas periciales y la presentación de las conclusiones finales.

Según publicó Europa Press, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión, argumentando la gravedad de los hechos y atribuyendo al acusado delitos de detención ilegal, lesiones leves y lesiones psíquicas. Además, el Ministerio Fiscal ha propuesto la imposición de medidas restrictivas, que incluyen la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima. En cuanto a la compensación económica, la solicitud del fiscal asciende a 6.000 euros como indemnización para Vanessa Romero, con la posibilidad de que este importe se ajuste tras la valoración definitiva que surja del informe del perito forense durante el juicio.

Por otro lado, la acusación particular, ejercida por Vanessa Romero, reclama una condena de nueve años de prisión para el procesado por los delitos de detención ilegal y lesiones psíquicas, según consignó Europa Press. Ambas partes, tanto la Fiscalía como la acusación particular, comparten en gran medida el relato fáctico establecido por el juez instructor al cierre de la fase de investigación.

En la reconstrucción recogida en los autos, el acusado habría ejecutado el secuestro el 21 de febrero, según reportó Europa Press. Aquel día se desplazó en su propio vehículo hasta el colegio donde Vanessa Romero acostumbraba a dejar a sus hijos cada mañana. Le habría pedido que lo trasladara argumentando que se había quedado sin gasolina, tras asegurarle que había acompañado a los hijos de Berta Linares. Durante el trayecto, el acusado habría esgrimido una pistola simulada para intimidar a Romero y obligarla a modificar su itinerario, conduciendo hacia la zona del embalse de Cubillas.

El medio Europa Press relató que, una vez en ese lugar apartado, el acusado trató de concertar un encuentro utilizando el teléfono de la víctima pero, tras fracasar en su intento, envolvió el móvil en papel de aluminio posiblemente con la finalidad de obstaculizar el rastreo. Asimismo, habría atado a Romero de pies y manos, cubierto sus ojos y boca con una venda, y continuado el traslado hasta Armilla, donde aparcó el coche en un garaje de alquiler.

En ese punto, detalló Europa Press, el acusado habría increpado a la víctima con una barra metálica, forzándola a ingresar en el maletero del automóvil antes de dejarla encerrada y marcharse. Vanessa Romero consiguió escapar al golpear los asientos traseros del vehículo hasta forzar su apertura y pidió auxilio tras liberarse.

Posteriormente, el acusado acudió a una ferretería en Maracena, donde adquirió un nuevo cuchillo y un rollo de cinta americana negra. Luego habría mantenido un encuentro con su entonces pareja, Berta Linares, antes de regresar al local de Armilla. Según los registros a los que tuvo acceso Europa Press, al percatarse de la presencia policial abandonó el lugar y tomó el metro hacia Maracena, donde quedó finalmente detenido.

El desarrollo de la investigación inicial también incluyó una causa seguida contra Berta Linares, entonces alcaldesa de Maracena, y otro concejal del municipio, a quienes se les atribuyó presuntamente la inducción al secuestro. Sin embargo, de acuerdo con el auto judicial citado por Europa Press, tanto Linares como el concejal quedaron exonerados y la causa fue archivada para ambos.

La secuencia de hechos, tal como figura en los autos del caso y en la información recabada por Europa Press, evidencia que la autoría del secuestro y la ejecución de los hechos recaen exclusivamente en el acusado principal. Además de las sanciones penales solicitadas, la acusación y la Fiscalía han insistido en la necesidad de establecer medidas de protección y compensación para la víctima en función de las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del secuestro.

El juicio está programado para determinar la responsabilidad penal del acusado y la posible imposición de las penas solicitadas, así como resolver las solicitudes de indemnización y las restricciones de contacto propuestas por las partes. La cronología y el contenido de las actuaciones judiciales determinarán el desenlace de un proceso que ha contado con amplia cobertura mediática y seguimiento jurídico, según los datos aportados por Europa Press en la documentación del caso.