La jueza de la dana ve una "flagrante falta de coordinación" entre consellerias el 29O y ausencia de órdenes de Justicia

La responsabilidad por la ausencia de comunicación con personas en situación de especial vulnerabilidad, como las usuarias del servicio de teleasistencia durante la emergencia de la dana en Valencia el 29 de octubre de 2024, figura como uno de los elementos centrales de la investigación judicial por parte de la jueza de Catarroja. Según lo publicado por el medio, la jueza sostiene que la falta de avisos directos provocó que nadie llegara a alertar a quienes dependían de este sistema, lo cual agrava la valoración sobre el manejo institucional de la crisis por parte de las autoridades autonómicas.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la magistrada que supervisa la instrucción por la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales esa jornada en la provincia de Valencia, remite un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que subraya una notoria carencia de coordinación y cooperación entre las diversas consellerias, haciendo foco especialmente en la ausencia total de órdenes emitidas desde la Conselleria de Justicia e Interior, gestionada entonces por Salomé Pradas, quien figura como investigada. En este informe detallado, la jueza examina comunicaciones oficiales entre los departamentos implicados y determina que Justicia e Interior no trasladó a ninguna otra conselleria instrucciones o información sobre cómo actuar frente a una emergencia de tal magnitud, según consta en las respuestas remitidas por las administraciones interrogadas.

El medio también reporta las declaraciones de los departamentos autonómicos especialmente implicados en la gestión de la emergencia. En el caso de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, las autoridades confirman que no recibieron solicitudes de cooperación ni peticiones para adoptar medidas concretas, y que tampoco existió comunicación alguna desde los organismos centrales encargados de la gestión de crisis. Como resultado, no se emitió ninguna respuesta operativa. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca indicó que no figura en sus registros ninguna petición para cooperar o proteger a la ciudadanía durante las inundaciones fatales, de acuerdo con la comunicación oficial del subsecretario, según consta en el informe judicial citado por el medio.

En relación a la Conselleria de Medio Ambiente, la jueza identifica igualmente un vacío organizativo, pues detecta que no existieron directrices sobre cómo proporcionar medios humanos para la vigilancia y control de los cauces de agua que representaban un riesgo. Esto reveló una falla sistémica en la supervisión de los puntos más vulnerables durante las horas críticas de la dana, según detalla el medio.

El área de Servicios Sociales, de la cual dependía el sistema de teleasistencia, también aparece en el informe sin registro alguno de órdenes concretas u orientaciones sobre la emergencia. El medio señala que la jueza recalca, además, el comportamiento de la consellera responsable, que participó solo parcialmente –y de manera telemática– en la reunión clave del Cecopi, abandonando el encuentro para asistir a un acto de entrega de premios, y dejando la coordinación en manos de un subordinado. “La comunicación a personas vulnerables, como las usuarias de teleasistencia fallecidas, es obvio que no existió. Nadie les advirtió. La función de la teleasistencia también es alertar, no sólo recibir solicitudes de ayuda”, afirma la magistrada citada por el medio, sobre la base de que una gestión y coordinación adecuada habría permitido prevenir víctimas al contactar directamente a estos usuarios.

La magistrada, conforme a la información difundida por el medio, interpreta que esta cadena de fallos institucionales recae también en el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por la función de mando y coordinación que le atribuye la legislación autonómica en situaciones de emergencia. La exigencia era movilizar todos los recursos y forjar nexos efectivos entre los órganos de gobierno, según expone en su razonamiento elevado al TSJCV. Sostiene que resulta contradictorio acusar a entidades externas de falta de colaboración e información, cuando la propia administración valenciana omitió establecer pautas y dirigir órdenes precisas a áreas como Agricultura, Educación y Servicios Sociales, que ostentan competencias clave para la protección ciudadana durante catástrofes, según lo publicado por el medio.

La exposición judicial subraya que la Conselleria de Educación tenía una responsabilidad particular ante la movilidad de menores y la seguridad de padres, docentes y alumnos. La jueza ejemplifica la gravedad de la decisión de no suspender las clases con las muertes ocurridas, entre ellas la de un menor y sus padres que fallecieron al recoger al niño en su centro escolar, así como la del director del IES de Chetes, todos víctimas directas de las riadas, conforme detalla el medio. Resalta, además, la diferencia con otras instituciones educativas como la Universitat de Valencia, que sí decretaron la suspensión de actividades académicas, medida que en opinión de la juzgadora pudo haber evitado algunas tragedias.

El informe subraya la falta de interacción entre el presidente autonómico y los titulares de las diferentes consellerias durante el episodio de máxima gravedad, señalando que Carlos Mazón permaneció en un reservado de un restaurante durante las horas críticas, donde firmaba documentos en lugar de establecer y liderar un centro de coordinación operativo, según reportó el medio.

El documento remitido al TSJCV y recogido por el medio concluye con una relación de deficiencias operativas constatadas: la ausencia de órdenes interdepartamentales, la pasividad en la adopción de medidas preventivas y la inacción en la protección de colectivos vulnerables. La jueza considera que estas omisiones representan un elemento fundamental para determinar las responsabilidades institucionales derivadas de la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.