Bustinduy pide a Junts que recapacite sobre el escudo social y ve "incomprensible" su posición

Bustinduy señaló que la prórroga del denominado “escudo social” incluye medidas como la ampliación de la protección frente a desahucios para familias sin alternativa habitacional, la garantía de suministros básicos como agua y electricidad a hogares vulnerables, apoyo financiero anticipado a comunidades autónomas y entes locales, así como exenciones fiscales para personas afectadas por catástrofes recientes, tanto incendios como la dana registrada en 2021. De acuerdo con el texto difundido por diversos medios como Europa Press, el ministro de Derechos Sociales recalcó que rechazar el real decreto en la próxima votación del Congreso dejaría sin asistencia a numerosos hogares en situación de fragilidad económica.

Según consignó Europa Press, Pablo Bustinduy demandó a Junts que modifique su postura, calificando como incomprensible la decisión de ese grupo parlamentario de oponerse a la convalidación del decreto-ley en la votación fijada para el jueves. Durante un acto centrado en la protección a la infancia celebrado junto a representantes de los Comuns, entre ellas la presidenta del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, y la coordinadora de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, el responsable de Derechos Sociales subrayó que el rechazo al decreto puede derivar en una “situación trágica”, puesto que implicaría dejar desprotegidos a los segmentos sociales con mayores dificultades, según explicó el ministro.

Bustinduy criticó que Junts haya considerado prioritaria la lucha contra esta moratoria, acusando a ese grupo de contribuir a la estigmatización pública de quienes no pueden acceder o mantener una vivienda. El ministro sostuvo que “los responsables del problema de la vivienda” no son las familias que no abonan el alquiler, sino que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, rechazando la idea de que existan motivos ajenos a la situación económica de los afectados. El medio Europa Press también reportó que el ministro puso el acento en la gravedad de la abstención de Junts, detallando que su falta de apoyo dejaría expuestas a personas especialmente vulnerables.

El titular de Derechos Sociales extendió sus críticas al Partido Popular (PP) y a Vox, a quienes responsabilizó por su enfoque sobre los procesos de reemplazo demográfico y la transformación de barrios de clase trabajadora. Según Bustinduy, estos partidos “ven reemplazos demográficos por todas partes menos en los barrios obreros, donde se está reemplazando a las familias trabajadoras que viven ahí por los fondos de inversión y turistas”. Además, aludió a informaciones sobre la entrega irregular de viviendas de protección oficial a cargos vinculados al PP en Alicante, ironizando que “Su propuesta para las familias más vulnerables del país es echarlas a la calle, sin alternativa habitacional, porque les llaman okupas. Okupas ellos, de las viviendas de protección oficial. Que las devuelvan, lo primero”.

Entre las iniciativas impulsadas desde su departamento, Bustinduy defendió la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales, que el Ministerio plantea como una medida viable y positiva, según publicó Europa Press. Enfatizó que su aplicación no requiere condiciones adicionales más allá de un acuerdo político. “Será necesaria mucha pedagogía con el hecho que sean prestaciones universales porque buscan generar un sistema de derechos iguales para todo el mundo independientemente de las condiciones económicas”, indicó el ministro. En este sentido, ejemplificó el impacto de la universalidad afirmando: “¿Entonces la familia de Amancio Ortega va a recibir una prestación universal por cada hijo? Sí. Como todos los demás. La diferencia es que esa familia va a financiar por la vía impositiva su prestación y la de todos los demás”.

Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, argumentó que el debate sobre el blindaje de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Cataluña abre la posibilidad de reforzarla y ampliarla mediante la adopción de la prestación por hijo a cargo. Según recogió Europa Press, Albiach instó tanto a fuerzas progresistas como al conjunto de los grupos parlamentarios a respaldar la medida, considerando que “debería ser un tema absolutamente transversal”, y puntualizó: “Está claro que sólo desde Catalunya no podemos solucionarlo, pero sin Catalunya tampoco”.

La coordinadora de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, defendió la necesidad de que las políticas sociales se apliquen con mayor facilidad en los niveles municipal y autonómico. Destacó el rol de las corporaciones locales y regiones en la puesta en práctica de estas medidas y defendió la intervención sobre el mercado de la vivienda como parte central de cualquier política social dirigida a grupos vulnerables. Tarafa manifestó que también forman parte del ámbito social aquellas políticas que modifican estructuralmente el acceso a la vivienda, afirmando: “Intervenir en el mercado de la vivienda para que la vivienda tenga un precio topado es hacer políticas sociales”.

Diversos participantes del acto aludieron a la urgencia de aprobar soluciones que garanticen derechos fundamentales y abogaron por la colaboración entre distintos niveles institucionales y políticos para avanzar en la protección a la infancia, la prevención de la exclusión y el refuerzo de la igualdad de oportunidades.

Europa Press detalló que la votación sobre la prórroga de las medidas del escudo social resulta decisiva para la continuidad de mecanismos de apoyo a personas y familias afectadas por las crisis económicas y por situaciones de emergencia, dado el impacto potencial que tendría el rechazo de la convalidación sobre los colectivos más necesitados.