Abogado de la denunciante del ex DAO dice que Marlaska le ha llamado y se ha establecido un "canal de comunicación"

El abogado Jorge Piedrafita informó que entre las pruebas entregadas hoy a la jueza del caso contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, se encuentran grabaciones, mensajes y distintos informes médicos. Según detalló el letrado en entrevistas recogidas por Europa Press, la grabación central de cuarenta minutos documenta la presunta agresión sexual y, a juicio de la defensa, incluso sin ese audio el resto de los elementos probatorios bastarían para sustentar la denuncia. Piedrafita señaló que los mensajes intercambiados después de los hechos, en los que el DAO, según su interpretación, reconocería implícitamente lo sucedido, también han sido remitidos como prueba, al igual que mensajes enviados por el comisario Óscar San Juan, relevado de su puesto, quien habría intentado comprar el silencio de la denunciante.

De acuerdo con Europa Press, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contactó personalmente al abogado de la agente denunciante para transmitirle apoyo tanto a él como a su representada, acción que también realizó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El medio informó que la titular de Igualdad se ofreció a escuchar a la denunciante en el momento en que esta lo considerara oportuno, con el objetivo de brindarle respaldo institucional y personal. Piedrafita mencionó que ahora evaluarán cuándo se producirá dicha reunión, considerando la evolución de la situación de la víctima.

Europa Press detalló que el letrado agradeció la disposición de Grande-Marlaska, quien habilitó un canal de comunicación directo con el Ministerio para atender cualquier requerimiento de la agente. No obstante, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por el mismo medio no confirmaron las llamadas, argumentando que la gestión de la situación se mantendrá de manera confidencial y reiterando que desde el comienzo del proceso han estado a disposición de la denunciante.

El abogado también subrayó la actuación de Gemma Barroso, encargada provisional de la Dirección Adjunta Operativa, quien se reunió con la presunta víctima y dispuso que se le asignara escolta. Según entrevistas anteriores recogidas por Europa Press, la agente cuenta ahora con mayor protección y se siente más segura tras esta medida.

Respecto a la investigación, Piedrafita pidió formalmente que la Guardia Civil realice el peritaje de los audios entregados como prueba y no la Policía Nacional, dado que la actual jefatura policial fue nombrada por el DAO dimitido. Explicó que esta solicitud responde a la necesidad de garantizar la imparcialidad en la verificación de las grabaciones.

En otro tramo de las entrevistas, el abogado denunció estar siendo objeto de presiones durante el proceso, pero aseguró que perseverará en la defensa de su representada “hasta el final”. Añadió que evalúa presentar nuevas denuncias, ya que recibió el testimonio de otra agente de la Policía Nacional que afirma haber acusado internamente a un comisario de acoso laboral y sexual. Piedrafita relató que tras dar curso a esa denuncia dentro del cuerpo policial, el acusado fue notificado de inmediato, lo que dejó a la víctima “a su merced”.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirmaron que la defensa de José Ángel González, a cargo del abogado Ignacio Fuster-Fabra, se personó hoy en la causa abierta contra el ex DAO. Fuster-Fabra es conocido por haber representado a dos afectados por el caso ‘Tsunami Democràtic’ y por ejercer la defensa de una de las víctimas en la investigación contra el ex capellán del colegio Highlands School de El Encinar, sospechoso de haber cometido abusos sexuales contra varias alumnas.

En las entrevistas mencionadas por Europa Press, el abogado Piedrafita insistió en la gravedad de los hechos denunciados y aseguró que la suma de evidencias reunidas representa, en su opinión, una base sólida para las acusaciones. La entrega de los mensajes y grabaciones refuerza, según su planteamiento, la existencia de una conducta reiterada que incluye tanto la presunta agresión sexual como posteriores intentos de coacción.

Las autoridades responsables han adoptado medidas para salvaguardar la integridad de la agente denunciante, mientras se mantiene abierto el canal institucional para la comunicación y asistencia en el proceso judicial. El caso sigue en investigación y la denuncia ha impulsado la revisión de protocolos internos sobre el tratamiento de estas situaciones dentro de la Policía Nacional, según publicó Europa Press.