Fiscalía espera que la mayoría de víctimas del 'caso Cocoon' de macroestafa inmobiliaria recuperen sus propiedades

La posibilidad de que los afectados por la macroestafa inmobiliaria conocida como 'caso Cocoon' recuperen sus viviendas dependerá de una sentencia firme, momento en el que el tribunal remitirá la resolución al Registro de la Propiedad, lo que permitirá la anulación de escrituras fraudulentas. Según informó la Fiscalía y recogió el medio de comunicación, las víctimas aún deberán aguardar este paso procesal para restituir sus derechos o acceder a compensaciones.

El Ministerio Público anunció que en la fase civil del juicio, prevista para el lunes, solicitará que los encausados indemnicen a los perjudicados con el valor actualizado de mercado en los casos en que la vivienda no pueda devolverse porque un tercero la adquirió legítimamente. Además, la Fiscalía respaldará las pretensiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las compañías aseguradoras quienes asuman el pago de las indemnizaciones cuando corresponda, detalló el medio.

El proceso penal relativo al 'caso Cocoon' ha derivado en una sentencia de conformidad, alcanzada el lunes previo, lo que agilizará los trámites para la obtención de compensaciones económicas, aunque la recuperación física de los inmuebles requerirá más tiempo debido a los procedimientos en el Registro de la Propiedad, según consignó la agencia informativa.

Dentro de los catorce acusados, los dos principales responsables son un abogado y un notario. El abogado Francisco Comitre aceptó una pena de 4 años y 7 meses de prisión por estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según publicó la fuente original. Por su parte, el notario Enrique Peña admitió una condena de 3 años y 2 meses de cárcel, además de la inhabilitación permanente para ejercer su profesión. De esa condena, 1 año y 9 meses corresponden a estafa agravada y 1 año y 5 meses a blanqueo de capitales.

Aunque la Fiscalía no considera que el notario formara parte del grupo criminal, sí entiende que incurrió en un grave incumplimiento de sus obligaciones, permitiendo así que las operaciones fraudulentas se formalizaran ante su fe pública. Según la Fiscalía, la responsabilidad penal atribuida al notario Peña se centra en que era consciente de que no examinaba adecuadamente las transacciones que legitimaba como fedatario, lo que facilitó la comisión continuada de los delitos.

El caso implica la sustracción fraudulenta de más de un centenar de propiedades a través de una trama organizada, lo que ha dejado a numerosos afectados sin sus viviendas, de acuerdo con lo detallado por la Fiscalía y reproducido por la prensa. Aunque la decisión penal ya está asentada tras la conformidad alcanzada por los principales encausados, el desenlace civil determinará cómo y cuándo las víctimas podrán ver restaurados sus derechos o percibir las indemnizaciones pertinentes.

Los pagos indemnizatorios avanzarán más rápido que la restitución de los bienes inmuebles, debido a la obligación de ejecutar los cambios registrales para revertir la titularidad de las viviendas, tal como lo informó la fuente. Ninguna víctima podrá disponer de su propiedad ni recibir dinero hasta que el fallo sea definitivo, y los trámites en el Registro de la Propiedad hayan concluido.

La dimensión del esquema defraudatorio y el número de procesados da cuenta de la complejidad del proceso judicial, que ha requerido la coordinación de acusaciones públicas y privadas con el objetivo de reparar el perjuicio causado, según lo expuesto por la Fiscalía y recogido en el informe periodístico.

El desarrollo del juicio en la fase civil, el pronunciamiento sobre la responsabilidad de las aseguradoras y la gestión de los trámites administrativos ante el Registro de la Propiedad constituyen los próximos pasos en el caso, mientras las víctimas permanecen a la espera de una resolución que les permita recobrar sus viviendas o recibir una indemnización equivalente al valor de mercado.

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