Un total de 18 presos de ETA están en la actualidad en régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2

La tendencia al alza en la flexibilización de las condiciones penitenciarias para los internos vinculados a ETA responde a la evolución del proceso de resocialización de los presos, influyendo en el debate político y en la percepción de las asociaciones de víctimas. Según informó Europa Press, actualmente son dieciocho los internos de la extinta organización que se encuentran en régimen de semilibertad gracias a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que supone el acceso a un sistema menos restrictivo sin precisar un cambio de grado formal desde el segundo al tercer grado penitenciario.

El medio Europa Press detalló que en junio de 2025, y en respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco precisó que dieciséis presos se encontraban bajo este régimen, cifra que recientemente aumentó a dieciocho. Fuentes del Gobierno Vasco indicaron al medio que los dos últimos en acceder a esta medida han sido Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki' y antiguo dirigente de la banda, y Juan Ramón Carasatorre, conocido como 'Zapata'. En el caso específico de Aspiazu Rubina, su excarcelación total se prevé en aproximadamente un año y medio debido al cumplimiento íntegro de su condena.

La normativa del artículo 100.2 exige que los reclusos presenten un plan de ejecución, en el cual deben especificar las actividades laborales o de voluntariado que aspiran a desarrollar fuera del recinto carcelario, manteniendo la obligatoriedad de regresar cada noche y durante los fines de semana para pernoctar en prisión. El proceso de concesión inicia en la Junta de Tratamiento del centro penitenciario correspondiente, que evalúa la situación del interno y eleva la propuesta al Gobierno Vasco. Posteriormente debe contar con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que tiene la potestad de revocar la semilibertad en caso de no avalarla. Estas decisiones, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Europa Press, son ejecutivas de manera inmediata en tanto el juzgado no exprese objeción formal.

A pesar de este proceso, la aplicación de la medida suscita controversia en distintos ámbitos. Diversas asociaciones de víctimas, como la AVT y Covite, han expresado su rechazo a lo que califican como un uso sistemático de una disposición concebida originalmente para situaciones excepcionales. Covite ha pedido atención sobre la supuesta existencia de “terceros grados fraudulentos” autorizados por el Ejecutivo autonómico, mientras la AVT sostiene que aproximadamente el 40% de los reclusos de ETA continúa en régimen cerrado o segundo grado, es decir, bajo condiciones más severas que las otorgadas por el 100.2.

Europa Press consignó en informes recientes que, tras cerca de quince años del fin de la violencia de ETA, las cárceles españolas mantienen a poco más de un centenar de internos pertenecientes a la organización, cifra que a finales de enero era de 125 según la AVT. El perfil de quienes aún permanecen en prisión se asocia a condenas por delitos de mayor gravedad y penas más duraderas, por lo que se prevé que su proceso de excarcelación se prolongue durante los próximos años.

La progresión de los internos en el sistema penitenciario obedece, según fuentes del propio ámbito penitenciario consultadas por Europa Press, al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente, aunque aquellos con posiciones consideradas más inflexibles se resisten a participar en programas de reinserción, lo que impide su avance de grado. La diferencia entre los grados reside principalmente en el nivel de restricción y las oportunidades de preparación para la vida en libertad, lo que define si un interno puede acceder a actividades laborales fuera de prisión o debe continuar en reclusión rígida.

El debate sobre la semilibertad ha cobrado especial notoriedad tras la salida de prisión en horario diurno de 'Txeroki', quien desempeña actividades en el exterior durante el día y regresa por la noche, conforme a la flexibilización de su régimen penitenciario. El medio Europa Press recogió reacciones políticas y sociales a este hecho, que ha sido interpretado de formas divergentes por distintos actores del espectro institucional y asociativo.

Ante la repercusión de la medida, la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, expresó en declaraciones públicas recogidas por Europa Press su empatía hacia el dolor que estas decisiones pueden causar en el colectivo de víctimas y reafirmó la voluntad del Gobierno Vasco de actuar conforme a la legalidad vigente. San José sostuvo que las políticas penitenciarias se desarrollan en estricto respeto al orden jurídico y al Estado de Derecho, y subrayó el papel de los órganos judiciales en el control y supervisión de las medidas adoptadas. “En política penitenciaria se aplica y se cumplen la ley y las sentencias, y los órganos judiciales tienen su función. El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática”, afirmó la consejera.

San José recalcó que la preparación para la reinserción social de los internos se dirige a facilitar su regreso a una sociedad vasca heterogénea y cohesionada, que representa valores distintos a los defendidos por la organización armada. “A pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi es una sociedad plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada a pesar de ellos”, manifestó. También reiteró ante Europa Press el compromiso de su Departamento de mantener a las víctimas en el centro de la acción pública, desligando cualquier decisión penitenciaria de motivaciones electorales.

El desarrollo continuo de la política penitenciaria y la progresiva excarcelación de los internos vinculados a ETA continúan generando revisiones y debates tanto en el ámbito jurídico como en el político y social, de acuerdo a sucesivos reportes y declaraciones documentadas por Europa Press.