PP y Vox reprueban en el Senado a la ministra de Vivienda por elevar la crisis habitacional a "límites insoportables"

Las competencias autonómicas en la promoción de vivienda protegida salieron a relucir en medio de un debate parlamentario caracterizado por las recriminaciones cruzadas entre formaciones políticas y la aprobación de una moción que pidió la reprobación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por su gestión ante la crisis habitacional. El medio Europa Press detalló que el Senado, con el respaldo mayoritario del Partido Popular, Vox y UPN, y la abstención de los representantes de Junts, reprobó a la ministra tras fuertes críticas sobre la ausencia de respuestas eficaces frente a la escalada de los precios de alquiler y el agravamiento del déficit de viviendas en España. En la votación, el PSOE y otros grupos votaron en contra de la moción.

Paloma Martín, senadora del PP, explicó durante el debate que existen más motivos que nunca para reprobar a Rodríguez, a quien señaló como responsable de agravar la crisis y acrecentar la percepción de ineficacia en la administración pública. Según publicó Europa Press, Martín sostuvo que la ministra incumplió la promesa de promover 184.000 viviendas y relató que los jóvenes afrontan la imposibilidad de acceder a una propiedad, lo que, de mantenerse, les obligaría a prolongar su condición de inquilinos por décadas. La senadora popular atribuyó la situación al estrangulamiento del mercado del alquiler y sugirió que las iniciativas del Ejecutivo no han fomentado la oferta habitacional sino que la han reducido, contribuyendo así a aumentos de entre el 10% y el 12% en los precios.

En respuesta, la senadora del PSOE Cristina Moreno destacó según consignó Europa Press, que las comunidades autónomas detentan las competencias para decidir sobre la construcción de vivienda protegida y la localización de los desarrollos residenciales, y calificó la moción como engañosa por soslayar ese dato. Moreno cuestionó que los problemas habitacionales persisten incluso en regiones bajo administración del PP, pese a que desde esa formación se atribuye el agravamiento de la crisis exclusivamente a las políticas impulsadas por el Ejecutivo central y la Ley de Vivienda.

Durante el transcurso de la sesión, diversas voces aportaron perspectivas distintas sobre la raíz de la problemática. Jordi Gaseni, senador de ERC, consideró según citó Europa Press, que el PP trata la vivienda como una mercancía sujeta solo a las leyes del mercado, y que el incremento en precios responde a una lógica ideológica que beneficia a grandes tenedores y fondos de inversión. Gaseni señaló que aceptar los aumentos como inevitables implica favorecer la especulación y el lucro inmobiliario.

Joan Baptista Bagué, representante de Junts, afirmó que los errores en las políticas públicas de vivienda se arrastran desde hace al menos una década y sugirió examinar experiencias de otros países, señalando el caso de Canadá, donde en cinco años reportó un millón de nuevas viviendas mediante la supresión del IVA, la reducción de trámites administrativos y el retroceso del 20% en los precios.

Según informó Europa Press, la senadora María Carmen Da Silva, del BNG, interpretó la moción como una admisión implícita de la incapacidad del PP en material de vivienda y criticó la ausencia de propuestas concretas en el texto sometido a votación. Da Silva insistió en que corresponde a las autonomías la gestión urbanística y la ordenación del suelo, un punto recurrente en los alegatos de la oposición a la moción.

El fenómeno del déficit habitacional y los precios ascendentes fue descrito por el senador Igotz López Torre, del PNV, quien advirtió sobre una emergencia social en la que España enfrenta la falta de 700.000 viviendas y el incremento sostenido de los alquileres, el cual dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para sectores jóvenes. López Torre responsabilizó de esta evolución al Ministerio de Vivienda, argumentando que las políticas implementadas han generado inseguridad jurídica y han ignorado que una oferta insuficiente ante una demanda en auge conlleva inexorablemente al encarecimiento. No obstante, reconoció la relevancia de la competencia autonómica en la materia.

Desde la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea argumentó, según reportó Europa Press, que ni el mercado ni la acción pública de manera aislada son herramientas suficientes para corregir los actuales desequilibrios en el ámbito de la vivienda. Chinea instó a la adopción de medidas efectivas para contener los precios, que han situado la vivienda en umbrales que imposibilitan la emancipación para buena parte de la juventud.

Por otro lado, la representante de UPN María del Mar Caballero dirigió sus reproches al Gobierno central, al que acusó de haber generado mayores obstáculos para el acceso a la vivienda a partir de la Ley de Vivienda, una norma a la que adjudicó el efecto de desproteger a los propietarios y establecer limitaciones poco efectivas en el control de los precios. Un diagnóstico similar esgrimió Fernando Carbonell, de Vox, quien describió un mercado del alquiler bajo presión y un marco regulatorio que, en su opinión, ha introducido incertidumbre y desconfianza entre los actores económicos.

Europa Press resaltó que, en el transcurso del debate, varios senadores coincidieron en que el desfase entre disponibilidad y demanda, junto al encarecimiento persistente, constituye una barrera seria para quienes buscan emanciparse y acceder a una vivienda digna, reflejando la urgencia en la toma de iniciativas coordinadas y el llamamiento a la corresponsabilidad de las administraciones central y autonómicas para revertir la tendencia actual.