Una delegación de eurodiputados pregunta al Constitucional por la ley de amnistía y las relaciones con el Supremo

Durante el encuentro, representantes del Tribunal Constitucional enfatizaron ante los cinco eurodiputados la importancia de la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la independencia judicial en España, asuntos centrales en los debates sobre la reciente ley de amnistía y la relación con el Tribunal Supremo. Esta visita, informada por el propio Tribunal Constitucional a través de una nota de prensa y recogida por la agencia Europa Press, tuvo lugar en el Salón del Pleno de Domenico Scarlatti y forma parte del viaje que la delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo realiza esta semana para elaborar un informe sobre el sistema judicial español.

Según detalló el Tribunal Constitucional, la delegación europea, compuesta por Javier Zarzalejos (presidente de LIBE y eurodiputado del PP), Jorge Buxadé (Vox), Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Países Bajos), Alessandro Zan (Grupo de Socialistas y Demócratas, Italia) y Assita Kanko (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Bélgica), concentró su análisis en el papel del Constitucional ante la ley de amnistía, su coordinación con el Supremo y otros temas clave como la separación de poderes, el funcionamiento del Estado de derecho y la situación de la Fiscalía General del Estado. Según informó el TC, los magistrados Cándido Conde-Pumpido (presidente), Inmaculada Montalbán (vicepresidenta) y Ramón Sáez Valcárcel recibieron a la comitiva europea, que busca recabar información precisa para la redacción de un futuro informe sobre la administración de justicia en España.

El medio Europa Press consignó que el viaje de la delegación también incluye análisis del marco legal anticorrupción, la situación de la sociedad civil, la calidad legislativa y las posibles repercusiones de reformas recientes. Según Europa Press, la Comisión LIBE tiene el mandato de valorar el grado de independencia en la Justicia, la lucha contra la corrupción y el control interno en la Fiscalía, aspectos que han suscitado diferentes valoraciones entre asociaciones judiciales y fiscales consultadas por la delegación.

La Asociación de Fiscales (AF) trasladó durante la reunión del lunes su preocupación ante la “difícil situación” que vive la Fiscalía tras la condena del Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso que afectó a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según comunicó la AF y reportó Europa Press, la asociación cuestionó la negativa de García Ortiz a dimitir después de la apertura del proceso penal y criticó lo que definieron como una “estrategia de defensa de enfrentamiento con el tribunal”. Además, la AF manifestó su inquietud por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, asegurando que la propuesta del Gobierno no profundiza en la autonomía del Ministerio Público ni introduce controles internos o contrapesos sobre el fiscal general.

La AF añadió en declaraciones recogidas por Europa Press que otras reformas impulsadas por el Gobierno afectan, según su visión, al Estado de derecho. Citaron como ejemplo los nuevos sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal a través de mecanismos que no requieren oposición, pues, según la asociación mayoritaria, esos cambios abren la puerta a la subjetividad y pueden perjudicar los derechos de los fiscales jóvenes en procesos de sustitución.

Las asociaciones judiciales presentaron también posturas variadas durante los encuentros con la delegación europea. La Asociación Profesional de la Magistratura transmitió que a pesar de las reformas aprobadas por el ejecutivo en los últimos meses, la justicia española sigue sin experimentar mejoras estructurales consolidadas. Según recogió Europa Press, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria expuso la falta de recursos económicos y materiales, así como la insuficiencia de personal en los tribunales de instancia.

El presidente de Foro Judicial Independiente, Roberto García Ceniceros, explicó a Europa Press que su organización no estuvo presente en la reunión por no haber recibido invitación previa. García Ceniceros indicó que al conocer la agenda solicitaron participar, pero recibieron como respuesta que la programación ya se encontraba cerrada. Ante ello, FJI remitió por escrito su desacuerdo y trasladó sus alegaciones a la delegación.

Por el contrario, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) trasladó a los eurodiputados un diagnóstico diferente. Según informaron a la delegación y recogió Europa Press, aseguraron que la independencia judicial está “garantizada” en España, argumentando que las múltiples investigaciones abiertas en ámbitos políticos, económicos y sociales avanzan sin interferencias ni incidencias destacadas.

En sus encuentros con los interlocutores españoles, los representantes de la Eurocámara buscan profundizar en el entendimiento de las reformas recientes, las garantías procesales, el acceso a las carreras judiciales y fiscales, y la percepción que diferentes sectores del poder judicial y la Fiscalía tienen sobre la separación de poderes y el grado de autonomía institucional. Estos elementos resultan clave de cara al informe que la Comisión LIBE prevé presentar sobre el estado de la administración de justicia en España y el marco normativo frente a los retos de corrupción y transparencia señalados por diversas partes entrevistadas, según informó Europa Press.