Sumar exige al Gobierno medidas preventivas contra la corrupción y medidas contundentes contra las empresas corruptoras

Verónica Barbero, portavoz de Sumar, destacó en el Congreso que existen casos en los que antiguos ministros han favorecido operaciones empresariales, lo que pone de manifiesto la urgencia de adoptar reformas anticorrupción más estrictas. De acuerdo con información publicada por el medio de comunicación, Barbero planteó que la ciudadanía exige respuestas claras y efectivas ante estos hechos, y consideró que es fundamental que el Gobierno introduzca medidas diseñadas no solo para sancionar, sino especialmente para prevenir la corrupción desde sus orígenes.

Según informó la plataforma Sumar, la propuesta urge a que el Consejo de Ministros incorpore acciones contundentes contra las empresas implicadas en episodios de corrupción. Durante una rueda de prensa, Barbero recordó que la formación presentó una proposición de ley en el pasado enfocada en crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, basada en la percepción de que la detección de nuevos casos evidencia una necesidad inmediata de actuar en esta materia. En sus declaraciones, la portavoz mencionó que personajes como Cristóbal Montoro, exministro del Partido Popular, llevaron a cabo actuaciones dirigidas a beneficiar a empresas específicas, lo que, según Sumar, confirma la profundidad del problema.

El medio detalló que la iniciativa legislativa presentada por Sumar fue rechazada por el Partido Popular, lo que, según Barbero, impidió que el Parlamento impulsara estos mecanismos de prevención. En opinión de la portavoz, la labor institucional frente a la corrupción se encuentra rezagada respecto a las expectativas ciudadanas y a las recomendaciones de organismos internacionales, que insisten en reforzar las medidas preventivas por sobre la simple sanción de los delitos.

Durante su intervención, Barbero resaltó que cualquier herramienta destinada a combatir la corrupción debería estar respaldada y utilizada por el Gobierno, subrayando la importancia de atender las directrices internacionales para abordar el problema en origen. La portavoz subrayó su disposición y la de Sumar a apoyar y promover todas las acciones posibles con el fin de lograr un abordaje serio y efectivo.

Por su parte, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, recordó que, tras la renuncia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en julio a raíz de investigaciones por supuesta corrupción, el grupo político firmó nuevos compromisos anticorrupción. Según consignó el medio, Ibáñez insistió en la necesidad de que el texto aprobado por el Consejo de Ministros incluya sanciones reforzadas destinadas a las empresas responsables de sobornar o fomentar prácticas corruptas, indicando que, de no contemplarse dichas medidas, Sumar propondrá su inclusión en una fase posterior.

Ibáñez sostuvo que cada caso de corrupción política implica la existencia de una empresa que resulta beneficiada financieramente, señalando que las sanciones para empresas corruptoras deben estar a la altura de la gravedad de los hechos cometidos. Según publicó la fuente, el diputado resaltó que la legislación reciente aumentó las penas de prisión para delitos de reincidencia vinculados a hurtos menores, como el robo de teléfonos móviles o alimentos, elevando la condena a hasta tres años, una cifra que a menudo supera las sentencias impuestas por delitos económicos societarios o protagonizados por firmas implicadas en corrupción.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Ibáñez consideró que existe margen suficiente en la legislación para introducir un régimen sancionador más estricto orientado a las empresas que reinciden en prácticas corruptas. Desde Sumar, la exigencia gira en torno a equiparar el rigor penal frente a la multirreincidencia de delitos económicos y atender el reclamo social de mayor transparencia y firmeza institucional en el combate al fraude.

Sumar reiteró su demanda de incluir reformas de mayor alcance en el texto gubernamental sobre medidas anticorrupción, y reafirmó la voluntad de su grupo parlamentario de trabajar para que la lucha institucional se base en la prevención y en la sanción efectiva tanto de funcionarios como de entidades privadas involucradas en prácticas ilícitas. El medio subrayó que los representantes de Sumar insisten en la importancia de cumplir con los estándares recomendados a escala internacional, ampliando el alcance de las políticas públicas para hacer frente a nuevas formas de fraude y a la evolución de los modelos de corrupción.