El Gobierno reprocha a Andalucía recurrir en el Supremo la clausura de 20.000 pisos turísticos

Durante un reciente foro celebrado en Dos Hermanas, Sevilla, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, centró su intervención en los problemas derivados del alquiler ilegal de viviendas turísticas en Andalucía y en la respuesta judicial de la Junta ante la decisión estatal de clausurar 20.000 de estos inmuebles. De acuerdo con información difundida por el medio, el Gobierno central reprochó al Ejecutivo andaluz su decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para frenar la citada clausura, en vez de aplicar medidas que faciliten el acceso a la vivienda y frenen la especulación inmobiliaria.

Isabel Rodríguez, como titular del ramo, apuntó que en Andalucía se han identificado 20.000 pisos turísticos considerados ilegales, medida que según ella demuestra la magnitud del fenómeno en esa comunidad autónoma. Según relató el medio, la ministra reprochó que la administración andaluza optara por acudir a la vía judicial en vez de priorizar la inspección y reconversión de estos alojamientos para destinarlos a jóvenes y familias de la región. Durante su disertación, Rodríguez abordó la necesidad de promover la persecución del fraude en el sector inmobiliario, alegando que es una acción indispensable para mejorar el acceso residencial y que el Ejecutivo andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, no estaría mostrando la “mínima intención de abordar la crisis de la vivienda”.

En el foro ‘Con Acento: Foro sobre el derecho a la Vivienda’, organizado por el PSOE andaluz y presidido también por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Rodríguez abundó en la obligación, según su criterio, de reforzar las labores inspectoras que competen a la Junta de Andalucía según su Estatuto de Autonomía. La ministra ironizó sobre la actitud del ejecutivo regional al preferir, según sus palabras, el pleito judicial antes que una actuación proactiva en la localización y el cierre de alojamientos ilegales.

La ministra instó a la Junta a “no perder el tiempo” y subrayó que los inmuebles afectados deberían destinarse al uso residencial por parte de la ciudadanía andaluza. En uno de los puntos clave de su intervención, Rodríguez enumeró tres propuestas para responder a la crisis de acceso a la vivienda: proteger el parque público de viviendas, intensificar la persecución del fraude y congelar los alquileres. Según detalló el medio, la ministra defendió el control sobre la compraventa de vivienda pública para evitar prácticas especulativas, como la rápida revalorización y venta de estos inmuebles tras plazos legalmente restringidos. Puso como ejemplo que en Sevilla capital se registró la venta de viviendas protegidas por 350.000 euros, expuso el riesgo de que esas cifras lleguen hasta los 600.000 euros bajo la normativa autonómica actual y aseguró que desde el Ejecutivo estatal se propone un modelo en que “la vivienda protegida sea pública para siempre”.

El congelamiento de los alquileres fue presentado como la segunda solución prioritaria por la ministra, quien aportó el dato de que 250.000 andaluces actualmente residen bajo régimen de alquiler. Describió un escenario deseado en el que los alquileres puedan mantenerse estables en la región y criticó directamente la supuesta reticencia del gobierno regional a aplicar esta medida. Sostuvo su argumento con la idea de que la política de vivienda debe transitar “del territorio de la especulación al territorio del derecho”.

Isabel Rodríguez aprovechó la ocasión para animar a la ciudadanía andaluza a movilizarse en defensa de su derecho a un acceso digno y asequible a una vivienda, criticando la dinámica de inversión inmobiliaria que en su opinión amenaza la cohesión social de los barrios en las ciudades andaluzas al permitir la adquisición masiva de edificios y manzanas por intereses ajenos a la comunidad vecinal.

En el tramo final de su exposición, la ministra se dirigió directamente a los militantes socialistas de Andalucía, enumerando las tareas pendientes en materia de vivienda y elogiando la figura de María Jesús Montero como opción de liderazgo para las próximas elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año. Rodríguez expresó su confianza en que el PSOE andaluz, bajo la conducción de Montero, estaría en posición de aplicar en un eventual año de gobierno las medidas detalladas durante el foro, según consignó el medio.

La confrontación política en torno a la política de vivienda en Andalucía se produce en plena ofensiva legislativa del Gobierno central contra el fraude y la especulación inmobiliaria, con el foco puesto especialmente en la regulación y control de los pisos turísticos. El medio informó que la ministra, apoyándose en el caso de las viviendas protegidas en Sevilla y en la cifra de pisos turísticos ilegales detectados en la región, resalta la necesidad de un cambio de orientación en la administración autonómica. Este debate cobra especial relevancia ante una crisis nacional por el acceso a la vivienda y los llamamientos de diversos sectores sociales a proteger el parque público y frenar el aumento de los precios tanto en la compra como en el alquiler de inmuebles.

La estrategia del Gobierno central, según puntualizó el medio, contempla tanto la intervención directa sobre el parque de vivienda protegido como el impulso de políticas destinadas a favorecer el acceso residencial para los más jóvenes y frenar las distorsiones provocadas por actividades no reguladas como la proliferación de pisos turísticos fuera del marco legal. La posición de la Junta de Andalucía, en cambio, ha optado por la vía judicial, según reportó el medio, lo que intensifica el enfrentamiento político de fondo sobre la gestión de la vivienda y la lucha contra la especulación inmobiliaria en uno de los territorios donde el problema muestra mayor dimensión.