El proyecto 'E1', que contempla la edificación de miles de viviendas para conectar la colonia de Maale Adumim con Jerusalén Este, fue identificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España como un factor que podría dividir el territorio palestino entre el norte y el sur. Según detalló Europa Press, el Ejecutivo español ha denunciado que estas acciones obstaculizan los esfuerzos hacia una tregua y la implementación del Plan de Paz.
El Gobierno de España, a través de un comunicado, expresó su condena ante las más recientes medidas adoptadas por Israel en Cisjordania. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio considera que la aprobación de diecinueve nuevos asentamientos en ese territorio va en contra del derecho internacional, calificando dichas iniciativas de "ilegales". El pronunciamiento oficial señala que cualquier intento de anexión resulta inaceptable y advierte que la adopción de estas políticas aumenta el riesgo de un repunte en la violencia y dificulta el avance hacia un alto el fuego.
El comunicado español también urge a las autoridades israelíes a cumplir con las responsabilidades que les atribuye el IV Convenio de Ginebra como potencia ocupante. El Ministerio instó además a poner fin tanto a la política de expansión de los asentamientos como a la situación de impunidad de los colonos israelíes, según reportó Europa Press. El Ejecutivo ha añadido su preocupación por las decisiones recientes que dejan sin efecto leyes que limitaban la adquisición y el registro de propiedades en Cisjordania.
Europa Press consignó que el Gobierno español ha condenado que Israel haya derogado marcos legales que regulaban la adquisición de inmuebles en la zona, otorgando así a sus autoridades nuevas competencias administrativas en áreas como la gestión de agua, el control de daños al patrimonio arqueológico y la supervisión de daños medioambientales, incluso en regiones bajo administración civil o mixta palestina (zonas A y B). Esta ampliación de jurisdicción abarcaría terrenos que, según los Acuerdos de Oslo, estaban bajo control parcial o completo de la Autoridad Palestina.
El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que los cambios administrativos planteados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu inciden directamente sobre la administración de los territorios ocupados, una posición ya rechazada previamente por países de la región. Según Europa Press, Arabia Saudí, Qatar y Egipto figuran entre los estados que han emitido pronunciamientos de rechazo sobre esta reforma israelí en materia de gestión y seguridad en Cisjordania.
Las autoridades españolas insistieron en que la continuación de la llamada "ofensiva expansionista" y la ausencia de controles efectivos sobre los colonos atentan contra la estabilidad y minan las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz duradero. El comunicado citó el respeto a las obligaciones internacionales como elemento central para poder encauzar la solución del conflicto y frenar un nuevo ciclo de enfrentamientos.
El Ejecutivo se mostró crítico especialmente con el intento de ampliar la jurisdicción israelí sobre asuntos sensibles destinados inicialmente a ser gestionados por la Autoridad Palestina u organismos mixtos. El medio Europa Press puntualizó que España reafirmó la ilegalidad de cualquier alteración unilateral en la administración de los territorios ocupados y reiteró su apuesta por el cumplimiento del derecho internacional y la búsqueda de una solución política.
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