El 'yonki del dinero' niega cobro de comisiones en la pieza E de Imelsa y dice que manipuló grabaciones

Durante la declaración judicial en el marco de la pieza E del caso Imelsa, Marcos Benavent afirmó que las declaraciones en las que implicaba a terceros fueron consecuencia de presiones emocionales y de una estrategia legal destinada a expandir la responsabilidad a otros actores, en sus propias palabras, para "salpicar a todo el mundo, salpicar al PP en todo lo posible, meter a todo el mundo que pudiera ser en todo el proceso". Así lo detalló el medio informativo proporcionado, donde Benavent sostuvo que sus manifestaciones anteriores en fase de instrucción no se correspondían con la realidad tal como se presenta durante el juicio actual.

De acuerdo con la información de la fuente, Benavent, conocido como ‘el yonki del dinero’ y exgerente de Imelsa, rechazó cualquier afirmación sobre su supuesto cobro de comisiones ilegales en la pieza E del caso que investiga contratos públicos adjudicados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València durante los años 2003 a 2007, periodo gestionado por la fallecida María José Alcón. Según detalló el medio, Benavent insiste en que las grabaciones en las que basó el procedimiento judicial fueron objeto de manipulación deliberada, justificando esta alteración en la época y señalando que entonces relató falsedades.

El medio precisó que en el banquillo de los acusados, junto a Benavent, se encontraba Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II el Just, así como tres representantes de empresas que participaron en licitaciones municipales. La pieza E del caso Imelsa indaga supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante ese periodo, cuestión sobre la que la fiscalía solicita para Benavent una pena de seis años y medio de prisión por cohecho como cooperador, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El ministerio público reclama además una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por varios años.

Durante su testimonio, el exgerente de Imelsa solo respondió a los interrogantes planteados por su propio abogado, Juan Carlos Navarro, y por el tribunal. Según la reconstrucción informativa del medio, Benavent relató que comenzó a trabajar en la Fundación Jaume II el Just después de que Esteban González Pons, entonces conseller, decidiera contratarlo por su experiencia como concejal del Ayuntamiento de Xàtiva. Según declaró, su incorporación a la fundación surgió por la necesidad de gestionar un expediente vinculado al traslado de un claustrillo desde Madrid, procedimiento que describió como "complicado" y cuya ejecución se prolongó durante cuatro años.

Benavent declaró ante el tribunal que desarrolló trabajos para la fundación, recibiendo una retribución por sus servicios. Añadió que desempeñaba sus funciones laborales principalmente en el gabinete del conseller, aunque en ocasiones acudía a la sede de la fundación. El medio informó que el investigado explicó que sus labores incluían la asistencia a reuniones, la elaboración de expedientes y la realización de viajes, entre otras actividades derivadas de su puesto.

Consultado sobre si había recibido dinero o algún tipo de compensación de parte de empresarios o adjudicatarios de contratos municipales en ese periodo, Benavent respondió negativamente y negó también recibir instrucciones o indicaciones por parte de los mismos para intervenir en la mesa de contratación o en mecanismos de valoración. Para Benavent, según consigna la fuente, no existió tal vínculo o injerencia, ni conocía a los integrantes de las mesas de contratación implicadas en los procedimientos en cuestión.

Conforme publicó el medio, la defensa de Benavent enfatizó que sus anteriores declaraciones respondieron a presiones personales y a una estrategia de defensa orientada a señalar a una mayor cantidad de personas, motivo por el cual, según su testimonio en sede judicial, las manifestaciones previas no reflejan hechos verídicos sino una táctica procesal.

Actualmente, la causa sigue su curso mientras los acusados y la fiscalía exponen sus argumentos frente al tribunal que debe determinar las responsabilidades penales relacionadas con los contratos de la Concejalía de Cultura de València, revisando tanto las pruebas documentales como las declaraciones de los implicados.