El TSJM admite a trámite un recurso del PSOE contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid

El proceso legal relacionado con la reciente autorización del primer centro universitario promovido por un colegio profesional en España ha comenzado a requerir la intervención de las autoridades educativas madrileñas, que deben presentar el expediente administrativo completo en un plazo máximo de veinte días. Según consignó Europa Press, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió un decreto dirigido a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid tras admitir a trámite la impugnación presentada por el grupo socialista madrileño, abriendo así un procedimiento judicial que examinará la validez de la aprobación otorgada al nuevo centro vinculado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

El recurso presentado por el PSOE-M apunta directamente contra la resolución de la Comunidad de Madrid que habilitó al ICAM para crear un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Europa Press detalla que la impugnación llegó después de que los socialistas interpusieran previamente un recurso de reposición por la vía administrativa. Según expone el medio, la principal objeción del grupo socialista es que el Colegio de Abogados aprobó nuevos estatutos en julio del año pasado que, en opinión de los recurrentes, le facultarían indebidamente para ofrecer titulaciones oficiales de grado, cuando la normativa vigente contempla que los colegios profesionales solo pueden desarrollar formación de posgrado.

Este centro universitario del ICAM fue aprobado por el Consejo de Gobierno regional y su autorización quedó publicada oficialmente el 14 de noviembre, lo que marcó el inicio formal de ICAM Universidad. De acuerdo con lo informado por Europa Press, se trata del primer caso en el que un colegio profesional asume la iniciativa de impulsar una institución de educación superior en España.

El debate en torno a este proyecto no se limita solo al plano jurídico-administrativo. Europa Press indica que las críticas socialistas subrayan también la coincidencia temporal entre la autorización del centro docente y el rol del ICAM como acusación particular en un procedimiento judicial que involucraba al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En ese caso, el ex fiscal fue procesado y quedó inhabilitado tras ser acusado de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, quien era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Europa Press añade que la iniciativa del PSOE de impugnar la resolución administrativa coincidió con otros movimientos de oposición. Entre ellos destaca la postura de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyo equipo directivo anunció en diciembre su intención de interponer también un recurso contra el mismo acuerdo de creación, advirtiendo sobre los riesgos de aprobar la existencia de este nuevo centro bajo tales condiciones.

En respuesta a las acusaciones y sospechas suscitadas, el Colegio de Abogados de Madrid emitió un comunicado donde defendió el proceso seguido para la puesta en marcha del proyecto universitario. En su declaración, el ICAM precisó que la idea de fundar el centro universitario tiene su origen en el año 2022, anterior tanto al caso judicial relacionado con la Fiscalía General como a cualquier circunstancia que pudiera asociarse a un supuesto pago de favores por servicios prestados. Según informa Europa Press, representantes del colegio recalcaron que la tramitación ante los organismos competentes se prolongó desde 2023 y prevé concluir en 2025, incluyendo informes y revisiones de organismos académicos, técnicos y de calidad.

Por otro lado, la propia autorización de adscripción emitida a favor del ICAM sigue pendiente de trámites adicionales, como la autorización de inicio de actividades y nuevas evaluaciones externas requeridas por la normativa. El comunicado del ICAM, recogido por Europa Press, insistió en que la legalidad del procedimiento ha sido respetada en todos sus términos y rechazó rotundamente cualquier insinuación de trato de favor o contraprestación.

En lo que respecta a los promotores del recurso, Europa Press confirma que al menos dos diputados regionales del PSOE madrileño, miembros asimismo del propio Colegio de Abogados, encabezaron la presentación formal ante el TSJM, basándose en la presunta violación del Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales. Su argumento central sostiene que la normativa vigente impide a los colegios profesionales ofertar grados universitarios y restringe su actividad académica a estudios de posgrado.

Mientras tanto, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid deberá reunir y entregar el expediente completo que sustenta la resolución, incluyendo todos los documentos, informes y valoraciones que sirvieron de base para la concesión de la autorización al ICAM. El plazo legalmente fijado para esta entrega resulta improrrogable. Según detalló Europa Press, la diligencia judicial del TSJM marca una fase inicial del proceso, donde se evaluará si la actuación administrativa ha respetado los procedimientos y la normativa aplicable.

La reacción institucional y jurídica ante la creación de este nuevo centro universitario refleja el alcance e impacto que puede tener el acceso de entidades profesionales a la enseñanza universitaria en España, asunto ahora bajo revisión judicial tras la contestación planteada por representantes de la oposición política en la región.