
“A los tres días tuve que ir a urgencias porque me quería suicidar”, expuso la presunta víctima de la agresión sexual en Alpera durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Albacete. Este testimonio se produjo dentro del juicio que investiga los hechos ocurridos en 2021, cuando la mujer, de profesión limpiadora, denunció que fue violada, golpeada y amenazada de muerte por un hombre al que conocía de vista, ambos vecinos del municipio. De acuerdo con la información publicada por varios medios y detallada por la propia víctima ante el tribunal, el hombre habría intentado incluso arrojarla por la ventana y la amenazó: “Me dijo que si avisaba a la Guardia Civil me iba a matar”.
Según consignó el medio, la mujer relató que el acusado la llamó la mañana de los hechos para contratar sus servicios de limpieza doméstica. Ambos quedaron esa misma tarde en el domicilio del hombre, donde discutieron el precio del trabajo. Durante aproximadamente una hora, la víctima realizó las labores de limpieza y mantuvo una conversación superficial con el propietario. “Tuvimos una charla sin profundidad, pero lo noté un poco raro y me sentí incómoda”, declaró la mujer ante el tribunal. Cuando terminó sus tareas, el hombre le pagó 50 euros. En ese momento, indicó la denunciante, creyó que la cantidad era excesiva y se lo hizo saber, pero el acusado comenzó a arrojarle billetes y le propuso mantener relaciones sexuales, tratándola “como si fuera una puta”, según su declaración recogida en el proceso judicial.
La víctima afirmó que, ante su negativa, el acusado se tornó violento. Explicó ante los jueces que recibió dos bofetadas acompañadas de la orden de callarse. “Entonces hizo lo que quiso conmigo”, aseveró. En su relato, añadió que el hombre la llevó hasta el dormitorio tirándole del pelo, continuó golpeándola, le quitó la ropa por la fuerza y, aunque ella intentó resistirse, él la violó mientras profería insultos y le propinaba mordiscos. Para intentar preservar su vida, la denunciante contó que procuró aparentar sumisión hasta que el agresor se relajó. Cuando terminó el acto, ella le pidió permiso para salir a comprar tabaco y se fue del lugar sin volver la vista atrás.
Tras escapar, la víctima acudió al domicilio de una amiga, a quien explicó lo sucedido. La testigo, según relató ante el tribunal y consigna la información del medio, describió que la mujer llegó “con el pelo revuelto, muy nerviosa, llorando”. Añadió que le mostró varios arañazos bajo los pantalones y que la convenció para acudir a los servicios de urgencias y presentar la denuncia ante la Guardia Civil.
Los testimonios durante el juicio incluyeron a miembros de la Guardia Civil y a los forenses encargados de la exploración posterior a los hechos denunciados. El personal forense constató que la mujer presentaba una alteración significativa de su estado psicológico en el momento de la evaluación, aunque en su informe señalaron que no se observaron lesiones físicas de relevancia, salvo dos marcas localizadas en el cuello de la presunta víctima. La mujer, además, ha continuado recibiendo atención psicológica desde entonces, puesto que, según informó la psicóloga del Centro de la Mujer que la trata desde 2023, padece “un trastorno de estrés postraumático complejo”. Este estado, según el testimonio de la especialista, se ha visto agravado por la circunstancia de que el encausado continúa residiendo en la misma localidad y, según denunció la afectada, habría incumplido la orden de alejamiento.
Por su parte, el acusado negó los hechos ante la Audiencia Provincial de Albacete. Aseguró que el encuentro con la denunciante fue “consentido” y que en ningún momento existió violencia o coacción. Según su testimonio, mantuvieron una charla amistosa, que la mujer no realizó ninguna labor de limpieza, y que le entregó 50 euros en concepto de adelanto para un trabajo futuro. Negó haber ofrecido dinero a cambio de sexo y defendió que las marcas en el cuello de la mujer correspondían a “chupetones” que, dijo, “le gustaron”.
Durante la vista oral, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que solicita una pena de 10 años de prisión, una indemnización de 5.000 euros para la denunciante, y una multa de 6 euros diarios durante tres meses, por la presunta comisión de un delito de violación y un delito leve de lesiones. La acusación sostiene la versión de la víctima, mientras que la defensa insiste en que la relación fue consensuada y no existió ningún episodio violento ni amenazas, como reportó el medio.
En este contexto judicial, las declaraciones de la denunciante, de las testigos y de los profesionales sanitarios han centrado la atención sobre el impacto psicológico de los hechos alegados, así como el debate respecto a la existencia o no de lesiones físicas concretas. La presencia del acusado en el municipio y los presuntos quebrantamientos de la orden de alejamiento han añadido un elemento adicional que, según los informes psicológicos recogidos por la Audiencia y citados en la cobertura periodística, agrava el malestar emocional de la mujer. El juicio prosigue con la presentación de pruebas y alegatos sobre los hechos ocurridos en Alpera, Albacete, en 2021.


