
A solo una semana de la fecha prevista para un viaje de estudios organizado por estudiantes de Fisioterapia de Almería, los participantes detectaron que solo contaban con documentos PDF enviados por WhatsApp, consistentes en supuestas reservas de vuelos de ida, y ninguna confirmación de alojamiento. Tras varias llamadas y visitas infructuosas a la agencia de viajes, descubrieron que el local permanecía cerrado de manera permanente y que el responsable no respondía a los intentos de comunicación. Esta situación derivó en la denuncia que activa el proceso penal que será juzgado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía ha solicitado una condena de tres años de prisión para el responsable de la agencia turística, acusándolo de un delito continuado de apropiación indebida. Según el escrito de acusación provisional, el acusado habría recibido un total de 14.719 euros transferidos por 26 estudiantes, quienes habían confiado en la gestión de su viaje de fin de curso a Malta, programado entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2019.
Tal como detalló Europa Press, el contacto entre el grupo de estudiantes y el responsable de la agencia se realizó a través de WhatsApp antes de mayo de 2019. Fue el propio acusado quien remitió un folleto informativo y contratos que los estudiantes debían rellenar y devolver mediante la misma aplicación. El acuerdo contemplaba el pago de un paquete denominado ‘platinum’, valorado en 544 euros para la mayoría de los estudiantes y 659 euros para cinco de ellos, e incluía el alojamiento con todo incluido y el transporte de ida y vuelta.
La acusación sostiene que, tras el abono de las cantidades acordadas mediante transferencias bancarias a las cuentas facilitadas por el imputado, los jóvenes confiaron en que el viaje estaba asegurado conforme a las condiciones ofrecidas. No obstante, poco antes de la fecha del viaje, comenzaron a preocuparse ante la ausencia de información detallada sobre las reservas. Alertados por la escasez de respuestas y documentos acreditativos, contactaron directamente con los hoteles en los que supuestamente habían de alojarse, comprobando que no existía ninguna gestión de reserva a su nombre, según relató Europa Press.
La situación empeoró cuando intentaron comunicarse por teléfono con el responsable, quien dejó de atender sus llamadas. Posteriormente, al acudir de forma presencial al local de la agencia, los estudiantes comprobaron que el establecimiento ya no funcionaba y que la agencia permanecía cerrada. Los afectados tampoco lograron localizarlo por ninguna otra vía.
Europa Press especificó que, ante la imposibilidad de recuperar su dinero y la constatación de que los servicios contratados nunca fueron gestionados ni prestados, los estudiantes decidieron presentar la denuncia formal que ahora se traduce en este proceso judicial. El juzgado analizará los hechos y determinará la responsabilidad del acusado respecto de la gestión y destino del dinero recibido para el viaje.
Según la información a la que accedió Europa Press, la Fiscalía basa su petición de condena en la consideración de que existió un incumplimiento continuado de las obligaciones pactadas y una apropiación no justificada de los fondos entregados por los jóvenes universitarios. Si el tribunal acoge la petición del Ministerio Público, el acusado podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión y, en su caso, la obligación de devolver el importe económico recibido ilícitamente.
El juicio servirá para evaluar las pruebas y escuchar las versiones del acusado y de los estudiantes afectados, a fin de esclarecer si bajo su gestión se realizaron o no las reservas prometidas y cuál fue el destino de los fondos transferidos por los 26 estudiantes. El proceso cuenta con la atención de la comunidad universitaria y del sector turístico local, según reportó Europa Press, ante la relevancia de los hechos denunciados y el impacto económico que tuvo sobre los jóvenes que no pudieron realizar su viaje de fin de curso.

