La solicitud de libertad provisional con medidas restrictivas para el procesado fue una de las decisiones adoptadas después del juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, en el cual la Fiscalía de Área de Gijón ha pedido una condena significativa para un hombre acusado de abusar sexualmente de un joven en situación de incapacidad por consumo excesivo de alcohol. Según informó Europa Press, el procesado, nacido en 1981, fue juzgado por hechos ocurridos el 24 de junio de 2024 en Gijón y la vista oral quedó cerrada para sentencia tras dos jornadas de sesión.
De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Fiscal, reproducida por Europa Press, la acusación sostiene que sobre las cinco de la madrugada del citado día, el hombre se encontraba en el domicilio de la víctima, nacida en 2002, plenamente consciente de que esta había estado consumiendo alcohol durante toda la noche. Según el Ministerio Fiscal, el joven se hallaba incapacitado para tomar decisiones, sin capacidad volitiva ni intelectual suficiente para prestar consentimiento a una relación sexual, circunstancia en la que se habría producido la agresión.
Europa Press detalló que, tras estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón ordenó mediante auto del 25 de junio de 2024 el ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado. Posteriormente, según el mismo medio, la Audiencia Provincial dictó el 18 de julio de 2024 un auto estableciendo la libertad provisional del procesado, bajo estrictas condiciones: se le prohibió acercarse a la víctima a menos de 250 metros, así como cualquier tipo de contacto, comunicación por cualquier medio y salida del territorio nacional, con la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes, los días 1 y 15.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos encajan en la figura de violación recogida en el artículo 179.1 y 2 del Código Penal, en relación con el 178, y por ello la Fiscalía solicita una condena de once años de prisión para el procesado. También pide que se aplique al acusado la prohibición de aproximación a la víctima, ya sea a su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente, por un periodo de catorce años y una distancia mínima de 500 metros. La solicitud se extiende a la prohibición de comunicación con la víctima durante el mismo intervalo de tiempo, así como a la inhabilitación para empleo, profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores por dieciocho años.
Según publicó Europa Press, el Ministerio Fiscal demanda además la inhabilitación especial del acusado para el ejercicio de derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años. A ello suma la petición de una medida de libertad vigilada aplicable durante cinco años tras cumplir la condena penitenciaria.
En lo relativo a responsabilidades económicas, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la víctima con 25.000 euros, cantidad que corresponde al daño moral causado. Paralelamente, se pide una indemnización de 1.140,64 euros al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) destinados a cubrir los gastos médicos derivados, según la información de Europa Press. Ambas sumas deberían abonarse junto a los intereses legales correspondientes, y solicitaron que el condenado asuma también el pago de las costas procesales.
La defensa y la Fiscalía expusieron sus conclusiones en el juicio celebrado entre el miércoles y el jueves, tras lo cual la causa quedó vista para sentencia. El tribunal deberá pronunciarse ahora sobre los hechos y la posible condena, en un proceso judicial seguido de cerca por Europa Press y que ha generado especial atención por el contexto de incapacidad de la víctima.
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