PNV defiende que todos "podrían aceptar" la ampliación del escudo social a propietarios con una vivienda en alquiler

La reciente rectificación por parte del Gobierno estatal respecto al decreto sobre protección social en el ámbito de la vivienda se explica como una reacción a exigencias planteadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo objetivo era evitar que los pequeños propietarios de una única vivienda en alquiler asumiesen en solitario el peso derivado de posibles impagos. Según detalló el medio Europa Press, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, precisó que el acuerdo contempla la ampliación del denominado “escudo social” para incorporar salvaguardas legales que protejan a estos arrendadores, evitando que pasen a ser calificados como personas vulnerables debido a la imposición de obligaciones económicas en contextos de impago de alquileres.

De acuerdo con Europa Press, Maribel Vaquero comunicó en una comparecencia en San Sebastián que este acuerdo, al que calificó de “mínimos”, fue resultado de conversaciones prolongadas entre su grupo y el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. Vaquero indicó que la medida permitirá a los pequeños propietarios, definidos como quienes disponen únicamente de una vivienda en alquiler, conservar el legítimo acceso a la renta de sus inmuebles y librarse de cargas desproporcionadas. Además, el Gobierno buscará alternativas para que las personas en situación vulnerable sigan recibiendo apoyo estatal, recordando que esta protección corresponde a la administración pública.

Europa Press reportó que la portavoz jeltzale defendió la propuesta como una vía intermedia que podría resultar aceptable para todas las fuerzas políticas, ya que la norma inicial se había ideado principalmente para atacar los excesos cometidos por grandes tenedores de viviendas. Vaquero señaló que, al incluir únicamente a pequeños arrendadores en la excepción al escudo social, el acuerdo no debería suscitar un rechazo generalizado. Subrayó que la iniciativa se plantea como una medida concreta y circunscrita que responde a una situación planteada desde el año pasado, cuando la formación vasca ya había trasladado su preocupación al Ejecutivo.

A lo largo de su intervención, Vaquero manifestó, tal como recogió Europa Press, que la gestión de la política de vivienda no puede sostenerse sobre soluciones parciales repetidas y llamó a un análisis realista de la situación habitacional en España, basado en datos fiables y acciones coordinadas. Según sus declaraciones, una articulación efectiva de políticas habitacionales exige abandonar la práctica de aplicar parches sucesivos y encarar el problema estructuralmente mediante un diagnóstico certero y políticas de fondo.

Respecto al proceso parlamentario, la portavoz del PNV recordó que, aunque su formación apoyó la mayor parte del denominado decreto ómnibus en la votación más reciente, se expresó un desacuerdo expreso ante las medidas relativas a vivienda. El medio Europa Press señaló que Vaquero tildó de irresponsable la inclusión conjunta de cuestiones que pueden generar consenso y otras que no lo consiguen, advirtiendo del peligro inherente a una política basada en contraposiciones entre colectivos vulnerables. Según resumió, existen diversas formas de vulnerabilidad que deberían abordarse con objetividad y sin enfrentamientos artificiales entre diferentes grupos afectados.

El debate sobre la exclusión de los pequeños propietarios del escudo social recibió críticas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien calificó el acuerdo de “criminal” y expresó su rechazo absoluto al pacto, como reflejó Europa Press. Vaquero respondió a estas manifestaciones señalando que Belarra mantiene posiciones extremas y recordando que actualmente no existe ningún escudo social aprobado. Añadió que el PNV recogió las inquietudes de diferentes personas, incluyendo pensionistas de ingresos mínimos que se ven afectados por la falta de pago de sus inquilinos, viéndose obligados a cubrir gastos a pesar de no percibir renta. Vaquero dijo que toda la vulnerabilidad no puede recaer únicamente sobre los pequeños propietarios y cuestionó la atención exclusiva que, a su juicio, da Belarra a ciertos perfiles de vulnerabilidad sin escuchar la pluralidad de casos generados por la normativa.

Según subrayó la portavoz, el PNV buscaba evitar consecuencias negativas para quienes eran ya víctimas de situaciones precarias y, citando a Europa Press, enfatizó que la existencia de varias dimensiones de vulnerabilidad obliga a las administraciones públicas a proteger tanto a los inquilinos en riesgo social como a los arrendadores que pueden verse afectados por impagos. Vaquero reiteró que asignar toda la responsabilidad a un único colectivo resulta injusto y que la solución debe ser integral y gestionada por los responsables de las políticas públicas.

En relación a la fragmentación política, Vaquero compartió el planteamiento de Sumar de que estos debates no deberían surgir a última hora ni convertirse en un trámite periódico, sino abordarse desde el consenso y buscando la eficiencia en la distribución de ayudas. Europa Press consignó que la portavoz del PNV advirtió que en un Congreso con una lógica de mayorías variables, los acuerdos de mínimos constituyen la vía más realista para desbloquear avances en política de vivienda.

Finalmente, Europa Press destacó que Vaquero reclamó abrir un proceso de diálogo riguroso con todas las partes implicadas y reiteró que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna, sin trasladar la carga de la protección social a quienes, teniendo una sola vivienda alquilada, también pueden quedar expuestos a la vulnerabilidad que generen los impagos.