España prohibirá las redes sociales a menores de 16 y perseguirá a plataformas que no eliminen contenido de odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó desde Dubái la necesidad de instrumentos para rastrear y cuantificar el odio y la polarización en internet, con el objetivo de que difundir ese tipo de discursos tenga consecuencias legales, económicas y éticas para quienes los propagan y para las plataformas que los albergan. Según informó el medio original, entre las nuevas medidas que prepara el Ejecutivo, destaca la prohibición de las redes sociales para menores de dieciséis años en España y el endurecimiento de los controles fiscales y judiciales sobre empresas tecnológicas extranjeras.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, Sánchez detalló que el Consejo de Ministros aprobará durante la próxima semana un paquete de iniciativas dirigidas tanto a la protección de menores como al reforzamiento del control sobre el contenido que circula en internet, relató el medio. Entre estas iniciativas se prevé la implementación de sistemas obligatorios de verificación de edad en las plataformas digitales, impidiendo así el acceso a redes sociales por parte de menores de dieciséis. El presidente justificó que los menores están expuestos a un entorno con riesgos relacionados con adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación, circunstancias ante las cuales el gobierno, según sus palabras, no admitirá más tolerancia.

Según publicó el citado medio, la nueva regulación incluirá una herramienta de seguimiento destinada a rastrear la presencia de discursos de odio y la polarización, con la finalidad de crear una “huella” que permita identificar y cuantificar tales manifestaciones en las redes sociales. El objetivo es establecer parámetros objetivos que sirvan como base para sanciones posteriores, para lo cual las empresas digitales deberán cumplir con los requerimientos legales de eliminación de discursos ilegales. Sánchez recalcó en su intervención que la difusión de este tipo de contenidos debe suponer costes legales y financieros que las empresas tecnológicas no puedan dejar de lado.

El medio explicó que el gobierno tiene la intención de responsabilizar penalmente a quienes dirigen estas plataformas si no se retiran contenidos considerados ilegales u ofensivos. Además, se busca que los algoritmos de manipulación o amplificación de mensajes se incluyan como delitos y se persigan por la vía penal. Esta estrategia también contempla la colaboración con la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos a través de redes como TikTok, Instagram y Grok.

Tal como reportó el medio, Sánchez afirmó que la manipulación y la desinformación se producen intencionadamente y que los responsables no podrán ocultarse tras el anonimato o el código de las aplicaciones. Añadió que la vieja creencia de que la tecnología es neutral se ha superado, y ahora las redes sociales operan como un “estado fallido” donde las leyes resultan insuficientes y los delitos quedan impunes. El mandatario señaló que el valor de la desinformación supera en ocasiones al de los hechos verificables y que la mitad de quienes usan redes sociales han sufrido ataques de odio.

En opinión del Ejecutivo, dada la distorsión del debate público a través de algoritmos y la comercialización de datos personales, los gobiernos deben recuperar el control y forzar a las empresas digitales a respetar la ley. Entre los ejemplos mencionados por Sánchez se incluyeron la supuesta permisividad de TikTok con cuentas que difunden pornografía infantil generada por inteligencia artificial, la generación de contenido sexual ilegal por parte de la inteligencia artificial Grok, el espionaje por parte de Instagram a usuarios de Android y la supuesta interferencia de Facebook en procesos electorales mediante campañas de desinformación. Según consignó el medio original, estos casos representan solo una pequeña parte de los delitos y abusos que ocurren habitualmente en las plataformas digitales, según el presidente.

Sánchez también hizo mención a un episodio reciente con Elon Musk, propietario de la red social X y de la herramienta Grok. El mandatario español criticó al empresario por amplificar mediante su plataforma contenidos que, según el gobierno, incluyen desinformación sobre la decisión española de regularizar la situación de medio millón de migrantes. Además, atribuyó a las plataformas responsabilidad en la proliferación de estos mensajes.

De acuerdo con la información difundida, el Ejecutivo pretende asimismo tejer alianzas con otros países del continente europeo. España, señaló el mandatario, se ha sumado a otros cinco estados de la región en un grupo autodenominado “los digitalmente dispuestos” con el fin de establecer un marco normativo común más estricto, rápido y eficaz. Esta coalición prevé coordinarse en la creación y aplicación de nuevas reglas sobre las plataformas digitales y celebrará su primer encuentro en los próximos días. La intención, añadió el presidente, es neutralizar la influencia y la capacidad económica de estas empresas globales, defendiendo la soberanía digital frente a potenciales riesgos de injerencia o coerción extranjera.

El medio subrayó que las propuestas consisten en dotar a los estados de herramientas para investigar, sancionar y, en último término, controlar la circulación tanto de información ilegal como de desinformación. Las redes sociales, concebidas en su origen como instrumentos para fomentar la comprensión mutua y la transparencia, son ahora descritas por el gobierno como espacios donde el anonimato y la manipulación digital erosionan el tejido social y la seguridad en internet.

Las propuestas serán sometidas a aprobación durante la próxima semana en el Consejo de Ministros, según la comunicación difundida. El presidente concluyó que la determinación del gobierno español para regular el ámbito digital está por encima de los intereses económicos de las grandes empresas tecnológicas y que la recuperación de la soberanía digital exige la puesta en marcha de una legislación adecuada, así como la cooperación internacional, como iniciativas integrantes de la respuesta a lo que califican como abuso sistemático en las plataformas digitales.