El grupo de Meloni en la Eurocámara pide a la Comisión evaluar el impacto de la regularización de migrantes de España

El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) del Parlamento Europeo, liderado por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, elevó a la Comisión Europea un requerimiento para que analice detalladamente si la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes propuesta por el Gobierno español se ajusta al Derecho comunitario y qué consecuencias operativas podría acarrear dentro del espacio Schengen. Según informó Europa Press, el ECR manifestó en una carta oficial que el alcance de la iniciativa española justifica una valoración profunda de su impacto en la seguridad, el funcionamiento de las fronteras externas e internas y las políticas comunes europeas en materia de migración.

El medio Europa Press detalló que la solicitud del grupo conservador fue dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, Magnus Brunner. En el documento, los parlamentarios enfatizaron que la regularización anunciada por el presidente Pedro Sánchez representa un desafío significativo para la credibilidad y eficacia de las políticas migratorias de la Unión Europea. El ECR advirtió que la medida podría generar un aumento de los flujos migratorios hacia Europa. Entre sus argumentos, el grupo explicó que las personas regularizadas podrían optar posteriormente a la ciudadanía española y, en consecuencia, europea, lo que facilitaría la libre circulación en el espacio Schengen.

A través de la carta enviada a las autoridades comunitarias, impulsada por los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco —quienes abandonaron recientemente el grupo Se Acabó la Fiesta para integrarse al ECR—, el grupo conservador lamentó lo que califican como una "falta de rigor fronterizo" de España. Además, insistió en que la magnitud de la medida excede el ámbito de un simple asunto interno ya que, según publicaron, cualquier decisión de este tipo tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales por el carácter compartido del espacio de Schengen. ECR argumentó que regularizaciones masivas y sucesivas podrían poner en riesgo la confianza entre los Estados miembros en torno al control de fronteras y dificultarían la aplicación coordinada de los retornos y de políticas de visados adaptadas a las necesidades comunitarias.

Según reportó Europa Press, la misiva solicita formalmente a la Comisión Europea elaborar y difundir una evaluación sobre los posibles efectos de la regularización, enfatizando especialmente su impacto sobre los movimientos secundarios de migrantes, la presión en las fronteras exteriores, el control migratorio y el sistema de seguridad interna de Schengen. ECR pidió también transparencia respecto a si la medida española es compatible tanto con el Derecho de la UE como con los objetivos de política común para retorno y readmisión de migrantes. El grupo sugirió que podrían requerirse salvaguardias específicas para asegurar que este tipo de regularizaciones no comprometan los intereses colectivos de los países miembros.

El grupo liderado por Meloni insistió en que, ante la ausencia de controles fronterizos internos en Schengen, las regularizaciones a gran escala propagan un “efecto llamada” que podría alentar nuevos flujos migratorios. Según lo consignado por Europa Press, esta situación —desde la perspectiva de ECR— dificulta la confianza y cooperación entre socios europeos y compromete la viabilidad de las estrategias compartidas de control migratorio. Por ello, reclamaron una mayor coordinación entre Estados miembros para evitar consecuencias inesperadas derivadas de iniciativas nacionales en materia de regularización.

Además, ECR instó a la Comisión a fortalecer los mecanismos de condicionalidad para con los países terceros que no cooperen en la readmisión de migrantes. Los conservadores europeos propusieron, según reportó Europa Press, que la Unión Europea recurra a instrumentos como la política de visados y otros recursos para condicionar y, en caso necesario, sancionar a terceros países que rehúsen colaborar en este ámbito.

Sobre la posición oficial del Ejecutivo comunitario, Europa Press recordó las declaraciones del comisario de Interior, Magnus Brunner, quien fue consultado la semana pasada acerca de la regularización propuesta por el Gobierno de Sánchez. En su intervención, Brunner sostuvo que corresponde al Gobierno español determinar la vía legal para abordar la situación de los migrantes en su territorio, ya que esta es una competencia nacional. El comisario añadió que la regularización extraordinaria figura como una opción legal válida que puede servir para responder a las demandas del mercado laboral y las necesidades económicas internas de un Estado miembro.

En una rueda de prensa, Magnus Brunner subrayó: “Sobre las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España”. De acuerdo con Europa Press, estas afirmaciones delinean la postura de la Comisión Europea, que interpreta que España tiene margen jurídico para adoptar este tipo de medidas dentro de su soberanía nacional, aunque su repercusión transnacional motive el seguimiento y la evaluación por parte de las instituciones europeas.