El Ayuntamiento de Alicante denuncia en Fiscalía las adjudicaciones de vivienda para saber si hay "irregularidades"

La dimisión de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante se suma al relevo de Rocío Gómez como concejala de Urbanismo, en medio de una investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública en Playa de San Juan. Ambas salidas se relacionan con la polémica surgida por la inclusión de familiares y funcionarios municipales como beneficiarios de estas viviendas, un asunto que llevó al consistorio a presentar una denuncia ante la Fiscalía provincial. Según informó el medio, el Ayuntamiento busca esclarecer si existieron “irregularidades” en el proceso y ha pedido que el Ministerio Fiscal aclare todas las circunstancias vinculadas a la adjudicación de viviendas de promoción pública en la promoción de Les Naus en La Condomina.

Tal como reportó el medio, el vicealcalde Manuel Villar indicó en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que la decisión de acudir a la Fiscalía responde tanto a la polémica suscitada como a la "falta de competencias" del propio Ayuntamiento para realizar una investigación completa sobre los hechos. Villar precisó que el consistorio realizará un cruce de la lista de adjudicatarios con la de empleados municipales para identificar posibles nuevos casos y examinar si se ha cumplido la normativa vigente en cada caso. Aclaró que el procedimiento busca detectar si algún funcionario ha incurrido en alguna irregularidad, enfatizando: “No estamos condenando ni nada por el estilo. Quiero que quede muy claro, para que nadie piense que estamos amenazando a funcionarios”.

El medio añadió que, tras la aparición de informaciones periodísticas que indicaban la presencia de varios empleados municipales y sus familiares en el listado de adjudicatarios de las viviendas protegidas, Rocío Gómez formalizó el pasado lunes su dimisión como edil del área de Urbanismo. Gómez explicó que se apartaba del cargo para no interferir en la investigación, tras haber entregado la documentación solicitada sobre su participación en el proceso. A ese hecho se sumó la dimisión de Pérez-Hickman, después de que se conocieran las críticas relativas a que algunos familiares suyos podrían estar entre los compradores de las viviendas. El Ayuntamiento también confirmó que investiga la situación de una funcionaria cuyo esposo ha sido sancionado por la Generalitat por supuestamente omitir información sobre su unidad familiar en el mismo procedimiento. En el consistorio trabajan para determinar si esa empleada municipal debe afrontar medidas cautelares semejantes.

De acuerdo con la cobertura periodística, la administración municipal analizará, en coordinación con la Fiscalía, si los beneficiarios de la promoción de Les Naus cumplen con la normativa y si las viviendas están siendo ocupadas por los adjudicatarios o se encuentran alquiladas a terceros. Esta acción se produce una vez que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, concluyó el expediente de averiguación de hechos encargado la pasada semana, lo que dio lugar a la presentación formal de la denuncia ante la Fiscalía.

Además, el vicealcalde trasladó la “indignación” del equipo de gobierno del Partido Popular por la información revelada, defendiendo la reacción “contundente” y “transparente” del ejecutivo local. Según declaró Villar, el Ayuntamiento únicamente licitó la venta del suelo municipal “a un precio tasado” destinado a la edificación de viviendas de promoción privada y que la cooperativa seleccionó a los socios, proceso para el cual, afirmó, “no hay ninguna norma que establezca” una función de control municipal.

Villar detalló que la normativa aplicada es una regulación autonómica establecida en 2009 que sigue vigente y no ha sido modificada ni por el actual ni los anteriores gobiernos de la Generalitat, recordando que la Conselleria de Vivienda es la entidad que revisa la documentación y acredita el cumplimiento de los requisitos por parte de los cooperativistas. El Ayuntamiento, según expuso, no tiene intervención directa en la adjudicación de las viviendas, ya que su función queda limitada a la licitación del suelo y la concesión de la correspondiente licencia de obra.

El medio consignó además que, ante las repercusiones del caso y la solicitud de explicaciones por parte de la oposición, el alcalde Barcala convocó para este jueves un pleno extraordinario y monográfico en el que se presentará un informe aclaratorio firmado por el secretario municipal. Los portavoces de los grupos políticos municipales fueron citados para recibir la documentación y participar en la discusión pública del asunto.

La investigación y la denuncia ante la Fiscalía buscan, en palabras del propio consistorio recogidas por el medio, determinar si las condiciones de acceso y adjudicación se ajustaron a la legalidad vigente y, en su caso, depurar responsabilidades administrativas o penales si así corresponde. Mientras tanto, desde la Generalitat Valenciana se mantienen investigaciones y comprobaciones dentro de sus competencias para determinar el alcance de la situación descrita.

El proceso de adjudicación de estas viviendas, según puntualizó Villar, se ha realizado siguiendo la normativa autonómica de 2009, la cual deja el control documental en manos de la Conselleria y limita el papel del Ayuntamiento a aspectos estrictamente urbanísticos y administrativos. El vicealcalde manifestó su disposición a promover una revisión de los procesos y de la normativa aplicable para reforzar los criterios de transparencia y control en futuras promociones de vivienda pública.

Finalmente, el expediente de averiguación de hechos abierto previamente por el alcalde y la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal recogen el compromiso del Ayuntamiento de cooperar “con rapidez y contundencia”, de acuerdo a lo destacado por el equipo de gobierno, para despejar dudas sobre las adjudicaciones y restaurar la confianza en la gestión municipal de vivienda pública.