A juicio en Madrid una presunta trama hipotecaria que se cebó con personas en extrema vulnerabilidad

La documentación aportada por las defensas, relativa a las escrituras de préstamos hipotecarios firmadas por las víctimas procedentes de distintos puntos de España, fue presentada al tribunal en la primera sesión del juicio, donde también se escuchó el testimonio de los funcionarios de la Policía Nacional encargados de la investigación oficial. Según detalló El País, estas aportaciones y declaraciones marcaron el inicio de un proceso judicial en la Audiencia Provincial de Madrid que involucra a ocho personas y varias sociedades mercantiles, señaladas por su posible responsabilidad en una supuesta trama de estafa hipotecaria continuada.

El medio El País informó que los hechos que se juzgan se remontan al periodo comprendido entre 2006 y 2012, tiempo en el que, según la acusación de la Fiscalía, los imputados habrían actuado de manera sistemática para captar a decenas de personas en condiciones económicas extremadamente desfavorables. El Ministerio Público considera que los acusados cometieron un delito continuado de estafa agravada, motivo por el que reclama para el principal procesado, identificado como administrador único de IRISAN Hipotecas S.L., IRISAN Gestión Hipotecaria S.L. y TRIA A.I.L.V. S.L., una condena de ocho años de prisión y una multa equivalente a 24 meses. Además, solicita para varios de los intermediarios penas de hasta siete años de cárcel, mientras que para otros acusados la petición alcanza los cuatro años de prisión.

De acuerdo con lo consignado por El País, el escrito de la Fiscalía sostiene que el principal investigado habría diseñado un entramado financiero orientado a la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones engañosas y abusivas. La Fiscalía describe que esta red lanzó una campaña publicitaria agresiva dirigida específicamente a personas en dificultad económica, valiéndose de mensajes como “dinero rápido”, “créditos en un día” o “cancelamos embargos”. El objetivo era atraer a quienes enfrentaban necesidades urgentes de liquidez.

Una vez que los interesados respondían a estas ofertas, los intermediarios tomaban contacto para negociar y formalizar los préstamos. Según detalló el medio, las víctimas acudían convencidas a notarías creyendo que recibirían determinada cantidad de dinero, pero en el acto de la firma se encontraban con escrituras cuyas condiciones no se correspondían con lo pactado de forma verbal. El Ministerio Público ha puesto de manifiesto que, en numerosas ocasiones, las cantidades reflejadas como entregadas en metálico en realidad no llegaban a las manos de los afectados, aunque las operaciones se respaldaban con recibos firmados.

Según relató el mando policial que lideró las pesquisas, la existencia de esta presunta trama salió a la luz tras detectarse diversas denuncias independientes en distintas comisarías de Madrid. Estas denuncias compartían patrones similares, centrados en la mecánica supuestamente fraudulenta utilizada para captar y explotar económicamente a las personas afectadas. El agente explicó que las víctimas, acuciadas por la urgencia y la necesidad de fondos inmediatos, respondían a anuncios a través de los que contactaban con los acusados, quienes ofrecían la obtención de crédito hipotecario sin los controles habituales del sector.

Durante el primer día del juicio, los policías explicaron que entre las prácticas habituales se incluía que las víctimas firmaran letras de cambio sin recibir copia alguna de la documentación. Una letra de cambio es un documento mercantil que compromete a una persona a pagar una suma específica en una fecha determinada a otra, en este caso, a los acusados o a empresas controladas por ellos, según el relato de la policía recogido por El País. Estas letras eran, posteriormente, endosadas a empresas vinculadas al principal procesado o a personas de su entorno, lo que creaba serias dificultades para que las víctimas saldaran la deuda inicial, incrementando automáticamente los intereses de demora a niveles elevados.

El fiscal subraya en el escrito, según publicó El País, que este proceder conllevó, en numerosos casos, a la apertura de ejecuciones hipotecarias sobre las viviendas de los afectados. Como consecuencia de este mecanismo, las propiedades terminaban adjudicándose a los acusados o a sociedades relacionadas por valores considerablemente inferiores al de mercado.

El asunto recoge decenas de operaciones individuales, con préstamos que varían entre 15.000 y más de 80.000 euros. El País relató que los perjudicados, en la mayoría de los casos, solo accedieron a una mínima parte del monto comprometido, lo que desembocó en la imposibilidad de atender a los pagos acordados y, finalmente, en la pérdida de su vivienda habitual.

El relato de las víctimas, registrado durante la investigación policial y recogido por El País en su cobertura, coincide en describir situaciones de vulnerabilidad y desesperación económica. Estas personas contactaron motivadas por la urgencia y la promesa de soluciones inmediatas, sin imaginar que quedarían atrapadas en una cadena de deudas difícil de saldar.

La Fiscalía también reclama importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil, tanto contra las personas físicas como de manera subsidiaria contra las sociedades implicadas, con el objetivo de resarcir a las víctimas según lo que se determine en la ejecución de sentencia. El monto específico por daños y perjuicios se establecerá una vez dictada sentencia firme.

Durante las cuestiones previas, las defensas han intentado introducir elementos acreditativos sobre la formalización de los préstamos, aportando documentación sobre las escrituras firmadas por los afectados. A través de esta estrategia pretenden cuestionar los hechos imputados y, posiblemente, diluir la responsabilidad penal de sus representados. El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid deberá ponderar tanto los testimonios registrados, como la abundante documentación y las pruebas presentadas por las partes antes de decidir sobre la existencia de delito y la eventual responsabilidad de los acusados.

La primera sesión de este proceso judicial ha puesto en evidencia la complejidad del caso, que abarca una red de empresas y personas, operaciones múltiples y diferentes establecimientos notariales, lo que ha obligado a un esfuerzo investigador extenso, según han declarado los agentes de la Policía Nacional citados por El País. El juicio continuará en las próximas jornadas con la presentación de nuevas pruebas y el testimonio de más víctimas y acusados.

Compartir nota: