Piden 5 años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método 'phishing'

Parte de los fondos sustraídos por los sospechosos llegó hasta entidades bancarias en Rumanía, tras haber sido transferidos entre diferentes cuentas controladas por los implicados, lo que permitió dificultar el rastreo del dinero. Esta maniobra forma parte de un entramado que será objeto de juicio desde este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El proceso judicial surge luego de que el ministerio público solicitara, según consignó el medio, cinco años de prisión para cinco individuos y dos años para un sexto, acusados de delitos de estafa y blanqueo de capitales, respectivamente, tras un fraude cometido contra una empresa alemana del sector alimentario mediante el uso del método conocido como 'phishing'.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía y recogido por la prensa, los hechos ocurrieron cuando personas no identificadas se pusieron en contacto con la mencionada compañía alemana haciéndose pasar por una firma portuguesa, proveedora habitual de la víctima. Para ello, enviaron un correo electrónico suplantando la identidad del proveedor, lo que generó que la empresa afectada, convencida de estar efectuando operaciones legítimas, realizara dos transferencias bancarias, en julio y agosto de 2019, por un valor total de 343.608 euros. Según destacó la acusación pública, el engaño se concretó mediante la simulación cuidadosa de comunicaciones comerciales entre ambas empresas.

El dinero transferido por la firma alemana terminó en la cuenta bancaria de una empresa radicada en Bueu, Pontevedra, dedicada oficialmente a la promoción de obras y servicios, aunque sin actividad real. El administrador único de dicha sociedad, identificado como uno de los acusados en el proceso, procedió a mover parte de los fondos a la cuenta de su propio hijo, también imputado en el caso, y distribuyó el resto entre cuentas bajo control de otros implicados. La Fiscalía precisó, de acuerdo con la documentación consultada por la prensa, que una parte de los montos fue retirada en efectivo y otra fue objeto de nuevas transferencias, lo que permitió extender el rastro hasta cuentas bancarias situadas fuera de España.

El caso involucra a un sexto sospechoso, padre de uno de los encausados, quien aparece en las actuaciones por haber proporcionado información bancaria de la cuenta de su hijo a uno de los principales implicados, facilitando con ello una de las transferencias que permitió dar continuidad a la ruta del dinero defraudado. Según recoge la acusación, entre todos permitieron la circulación y dispersión de los fondos, dificultando la identificación del destino final del dinero.

El ministerio público califica la conducta de los primeros cinco acusados como constitutiva de un delito continuado de estafa, mientras que atribuye al sexto el delito de blanqueo de capitales por su intervención en el proceso de ocultamiento de los fondos. Para los cinco primeros, la Fiscalía solicita una pena individual de cinco años de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros, mientras que para el sexto inculpado la petición es de dos años de prisión y una sanción económica de 50.000 euros.

El juicio previsto en la Audiencia Provincial de Pontevedra analizará los pormenores del procedimiento empleado para perpetrar el fraude, incluidas las transferencias, la suplantación de identidad mediante correos electrónicos y los movimientos bancarios posteriores. El caso pone en primer plano el impacto del uso del 'phishing' en las relaciones comerciales internacionales y la complejidad de las tramas diseñadas para dificultar el seguimiento del dinero sustraído. Según concluye la Fiscalía en el informe trasladado al tribunal, todos los acusados actuaron con conocimiento de los hechos delictivos y coordinaron sus acciones con el objetivo de obtener y repartir los fondos procedentes de la estafa.