Madrid, 30 ene (EFECOM).- Las asociaciones de usuarios siguen sumando aportaciones en sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Créditos al Consumo y el real decreto que lo desarrolla, cuyo plazo de presentación finaliza este viernes, y que van dirigidas a reforzar más la protección a los consumidores más vulnerables.
El despacho especializado en derecho financiero Navas & Cusí ha apuntado que de la regulación recogida en el anteproyecto quedan excluidos los créditos de menos de 200 euros, que son cada año cerca de 400.000.
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Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusi, ha señalado que estos son precisamente los préstamos de las personas más vulnerables y con menor formación financiera, por lo que considera "una contradicción inexplicable" que no estén en una norma que busca reforzar la protección de los consumidores.
Navas & Cusi considera también que la norma debe establecer criterios objetivos de autorización para los operadores de créditos al consumo, pues no hay estándares ni medios de prueba del cumplimiento de los requisitos de honorabilidad, experiencia y conocimientos que deben tener, lo que genera incertidumbre a los operadores.
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En opinión de Juan Ignacio Navas, podría establecerse un sistema de precumplimiento voluntario y, en caso de informe negativo, que éste sea razonado y explique como cumplir.
Por su parte, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), entre las alegaciones que ha presentado, pide que el incumplimiento de la obligación del prestamista de hacer un adecuado examen de solvencia a la hora de conceder un préstamo tenga como consecuencia la nulidad del crédito concedido.
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Otra de sus peticiones es que en las políticas, métodos y procedimientos de estudio de concesión de créditos que deben tener los prestamistas para prevenir los préstamos irresponsables y el endeudamiento excesivo del consumidor no sólo se incorporen criterios para la identificación, evaluación, aprobación, seguimiento, comunicación y mitigación del riesgo, sino también para mitigar el sobreendeudamiento.
Asimismo, Asufin pide que, con carácter previo a la aplicación del crédito por descubierto, el prestamista recabe el consentimiento del prestatario y no que sea tácito, y discrepa de que queden exentas de registro para ejercer la actividad de intermediación de crédito las microempresas o pymes.
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En este sentido, señala que dejarlas fuera puede dar lugar a fraude de ley y que prolifere su creación, y pide que, al margen de cualesquiera denominación jurídica que tengan, estas intermediarias estén sometidas a un cierto control para asegurar que la información que dan al consumidor es adecuada, veraz y transparente.
Entre los grandes bancos, este viernes se pronunciaba el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante la rueda prensa de presentación de los resultados de la entidad.
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Gortázar ha dicho que el que se ponga un límite a los intereses que se pueden cobrar puede generar distorsión porque el mercado suele regular el precio y la demanda.
El anteproyecto de ley del Gobierno, que regula los créditos al consumo, entre los que están los microcréditos, las tarjetas 'revolving' y los préstamos rápidos en plataformas digitales, limita temporalmente al 22 % el interés que se puede cobrar de forma general.
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No obstante, Gortázar considera que el texto va en la dirección correcta y ve positivo que haya una reserva de actividad, de forma que se obligue a cualquier entidad que conceda créditos de forma profesional a estar autorizada y registrada por el Banco de España. EFECOM
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