La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

La Policía Nacional ha detenido a once personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en una trama de fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS), una operación que sitúa ya bajo sospecha a responsables administrativos, personal sanitario y directivos empresariales vinculados al suministro de material médico. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia tras una querella de la Fiscalía, apunta a un perjuicio económico de cerca de 6,9 millones de euros derivado de la compra y facturación irregular de productos sanitarios, especialmente prótesis y ‘stents’ vasculares.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La Policía no descarta nuevas detenciones conforme avancen las diligencias.

Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia, comenzaron en enero de 2025 después de que la propia Consejería de Salud de la Región detectara irregularidades en una auditoría interna realizada por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Fue entonces cuando los hechos se trasladaron a la Fiscalía.

Según la investigación, el presunto entramado manipulaba el sistema contable del SMS introduciendo datos falsos para autorizar la utilización de productos sanitarios no homologados ni incluidos en el catálogo oficial de materiales autorizados. La operativa permitía fijar precios de compra muy superiores a los habituales y sustituir productos aprobados y de menor coste por otros mucho más caros.

Los investigadores han detectado al menos treinta productos sanitarios no homologados facturados de manera presuntamente fraudulenta. Entre ellos figuran prótesis vasculares y diverso material sanitario fungible utilizado en intervenciones médicas.

Sobrecostes de hasta el 1.287%

La Policía sostiene que gran parte del fraude se concentraba en operaciones derivadas por el Servicio Murciano de Salud a centros concertados. En esos procedimientos se habrían aplicado sobrecostes que oscilaban entre el 100% y el 1.287% respecto al valor real de determinados materiales y servicios.

Además, la investigación apunta a la facturación de prestaciones que debían ser gratuitas y al cobro de material sanitario que, supuestamente, nunca llegó a utilizarse. Los agentes también sostienen que en algunas intervenciones médicas se emplearon productos sanitarios caducados, circunstancia que ha motivado la imputación de delitos contra la salud pública.

El informe policial sitúa el perjuicio económico total en 6.886.738 euros. Para asegurar posibles responsabilidades civiles y patrimoniales, los investigadores han solicitado medidas cautelares contra los principales implicados, entre ellas el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

Entre los investigados figura un antiguo comercial de la empresa Logimed, con sede en Valencia, al que los investigadores consideran uno de los supuestos cabecillas de la trama. También aparecen vinculados a la causa dos antiguos responsables de la central de compras del SMS, dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca y personal administrativo relacionado con los sistemas de facturación y contratación.

Está previsto que el excomercial detenido pase a disposición judicial en las próximas horas. La operación permanece abierta y esta semana agentes de la Brigada de Policía Judicial han tomado declaración tanto a investigados como a posibles testigos pertenecientes a los ámbitos sanitario, administrativo y empresarial.

Manipulación del sistema contable

La investigación sostiene que los implicados conocían con precisión los puntos más vulnerables del sistema informático contable del Servicio Murciano de Salud. Ese conocimiento, unido presuntamente a la colaboración de funcionarios con responsabilidades en la central de compras y en áreas clave de facturación, habría facilitado la alteración de procedimientos administrativos y el desvío de fondos públicos.

Los agentes consideran además que la ausencia de licitaciones públicas permitió adjudicaciones y negociaciones directas con la principal mercantil investigada, en contra de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. La operativa habría favorecido la contratación arbitraria de determinados suministros sanitarios sin concurrencia competitiva.

Las actuaciones policiales han alcanzado una dimensión nacional debido a la implicación de empresas con sede fuera de la Región de Murcia y al seguimiento del caso por parte de la Dirección General de la Policía, en Madrid. La relevancia de la investigación ha llevado a coordinar actuaciones entre diferentes unidades especializadas en delitos económicos y corrupción administrativa.

Medios locales apuntan a que el fraude investigado se habría desarrollado durante años mediante una estructura estable de colaboración entre responsables públicos y proveedores privados. La causa judicial trata ahora de determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y el alcance exacto de las irregularidades detectadas.

La Policía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer si el uso de productos no homologados y materiales caducados pudo afectar a un número mayor de pacientes del inicialmente detectado. Los agentes también analizan documentación contable, contratos, historiales de compras y facturación relacionada con operaciones realizadas en centros concertados vinculados al Servicio Murciano de Salud.

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha colaborado con la investigación desde el inicio de las pesquisas, según han señalado diarios locales, facilitando auditorías y documentación interna. La causa continúa bajo secreto parcial mientras los investigadores avanzan en el análisis económico y administrativo de las operaciones sospechosas.