
El escrito de acusación recoge que el acusado, tras limpiar cualquier rastro incriminatorio, cambió de vestimenta y se dirigió a recoger a sus hijos. Según Europa Press, abordó entonces un autobús urbano junto a los tres menores y descendió en las proximidades del río Ebro, con la intención de llevar a cabo, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, un segundo acto violento: el intento de acabar con la vida de los niños. La investigación judicial atribuye este comportamiento al mismo impulso que habría llevado antes a la muerte de su esposa y constituye el núcleo de la causa que se juzgará con un jurado popular a partir del 13 de febrero.
La Fiscalía solicita para el principal sospechoso, esposo de Salwa, una condena total de 52 años de prisión por los delitos de asesinato y tentativa de homicidio múltiple, tal como detalla Europa Press. La acusación formal se apoya en los hechos ocurridos en julio de 2023, cuando la víctima falleció presuntamente a manos de su marido en una vivienda situada en la Plaza Martínez Flamarique, en la que ambos residían junto a sus hijos tras su llegada como refugiados desde el Líbano, procedentes de Siria, el 29 de junio de 2016.
El relato del Ministerio Fiscal, según ha podido conocer Europa Press, reconstruye la trayectoria vital de la familia desde su asentamiento en España. Al poco tiempo de instalarse, los cuatro integrantes comenzaron a aprender el idioma y el acusado consiguió empleo de mecánico. Salwa inició una transformación personal: realizó diferentes cursos, abandonó la prenda que cubría su rostro y cabello, y manifestó su voluntad de conseguir independencia laboral. Durante ese proceso, habría contemplado la posibilidad de trasladarse junto a sus hijos a Alemania, donde vivían sus padres, e incluso consultó con un abogado sobre sus derechos en caso de divorcio.
Europa Press indica que este itinerario vital, junto con la sospecha del acusado sobre la intención de su esposa de separarse y trasladarse con sus hijos, desencadenó el desarrollo de los hechos denunciados. El Ministerio Fiscal explica que el acusado, resuelto a no consentir esa separación, planeó un encuentro violento con su cónyuge, esperando el momento en que los niños no estuvieran en la vivienda. Así, desplazó a los menores hasta la biblioteca Rafael Azcona y regresó para atacar a su esposa.
De acuerdo con la acusación, el marido de Salwa habría golpeado a la mujer en la cabeza con un objeto decorativo de manera sorpresiva. Luego, ya debilitada y en estado de indefensión, le asestó múltiples heridas cortantes utilizando varios cuchillos provenientes de la cocina de la casa. El documento del fiscal, según recoge Europa Press, especifica que la víctima recibió cortes en el tórax, en la parte central de la espalda y en los antebrazos. Todo ello prolongó el sufrimiento hasta causar su muerte.
Finalizado el ataque, el hombre se dio a la tarea de limpiar sus manos y cambió de ropa antes de ir a buscar a sus hijos. Los llevó en autobús hasta una zona del río Ebro, específicamente en el área del camino de la Harinera. Según la acusación recogida por Europa Press, allí atrajo a los niños a la ribera y, en un punto donde la profundidad resultaba suficiente para cubrirlos, intentó arrojar al menor de ocho años al agua. El niño logró huir y buscar ayuda cerca de donde se hallaban varias personas; esto permitió que el ataque no tuviera éxito y que los tres hermanos resultaran ilesos. El acusado entonces se dirigió hacia los otros dos menores, de nueve y once años, y también intentó lanzarlos al río, pero la rápida intervención de los testigos impidió consumar el hecho.
La tipificación de los delitos, según expone el Ministerio Fiscal en la documentación citada por Europa Press, consta de un delito de asesinato y tres delitos de homicidio en grado de tentativa. Para la calificación de asesinato, la acusación solicita agravar la pena por abuso de condición de género y parentesco. En los intentos de homicidio, solicita agravar por abuso de superioridad y parentesco.
La petición concreta del fiscal consiste en una condena de 25 años por el asesinato de Salwa y nueve años por cada uno de los tres intentos de homicidio, sumando en total 52 años de cárcel para el procesado. El Ministerio Público solicita, asimismo, la imposición de una orden de alejamiento: el acusado no podrá acercarse a sus hijos a menos de 200 metros, ni a su domicilio, sus centros de estudio ni a los lugares que los menores frecuenten. También solicita la prohibición de cualquier tipo de comunicación, sea telefónica, telemática o por cualquier otro medio, durante un periodo de cinco años.
La acción penal incluye además la exigencia de responsabilidad civil. Según reveló Europa Press, la Fiscalía solicita una indemnización de 150.000 euros a cada hijo de la víctima por la muerte de su madre y una cantidad adicional de 50.000 euros para cada uno por los perjuicios individuales sufridos. En el caso de los progenitores de Salwa, la acusación reclama una compensación de 60.000 euros a cada uno por el fallecimiento de su hija.
El proceso ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 ha sido señalado para celebrarse mediante la participación de un jurado popular. Según la información publicada por Europa Press, el desarrollo del juicio y la resolución del tribunal servirán para esclarecer las responsabilidades penales derivadas del caso e identificar el alcance de las indemnizaciones y restricciones solicitadas por el Ministerio Fiscal.

