Fiscalía pide 4 años para un conductor por un accidente mortal en Ribadesella (Asturias) cuando iba ebrio y drogado

En el accidente en el que perdió la vida P.C.M., los familiares directos de la víctima han rechazado cualquier compensación adicional, tras haber recibido la indemnización que la compañía de seguros entregó por el caso. De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía del Principado de Asturias, recogida por el medio de comunicación de referencia, la acusación solicita penas que alcanzan los topes legales en estos casos, tras atribuir al conductor la responsabilidad en la muerte de su amigo, como resultado del consumo previo de alcohol y drogas.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y seis años de prohibición para conducir vehículos a motor o ciclomotores para el acusado por los hechos ocurridos en la carretera N-634, en un tramo de Ribadesella, Asturias, a las siete de la mañana del 4 de agosto de 2022. La petición del fiscal fue presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas de Onís e incluye también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena. La Fiscalía considera que este es el castigo más severo que contempla el Código Penal para delitos de este tipo.

Según consignó la Fiscalía en su escrito, el incidente se produjo tras una noche en la que tanto el acusado como la víctima, amigos entre sí, habían cenado en Arriondas. Tras el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, el acusado no se encontraba en condiciones de conducir y, no obstante, tomó el volante con la compañía de su amigo. Sobre la base de los hechos descritos por el Ministerio Fiscal y destacando la secuencia de los acontecimientos, el conductor perdió el control del vehículo tras quedarse dormido, lo que ocasionó que el automóvil se saliera de la vía y colisionara con un hito de arista. El impacto resultó en la muerte del copiloto, P.C.M.

El informe oficial recogido por la Fiscalía detalla los resultados de las pruebas de alcoholemia practicadas por efectivos de la Guardia Civil tras el siniestro, que arrojaron registros de 0,49 y 0,42 mg/l de alcohol en aire espirado. En el Hospital de Arriondas el mismo día del accidente, se procedió a realizar al acusado un test de detección de drogas, que dio positivo en THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis. La Fiscalía ha subrayado que la combinación de alcohol y sustancias estupefacientes tuvo impacto directo sobre las capacidades del procesado para conducir en condiciones de seguridad, lo cual derivó en la pérdida de control del vehículo.

En la valoración jurídica del caso, el Ministerio Público entiende que los hechos configuran un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, según la calificación legal descrita en el Código Penal. La acusación formal sostenida por la Fiscalía asocia la gravedad del resultado con el nivel de intoxicación del acusado, atribuyéndole total responsabilidad en el fallecimiento de su acompañante al interior del vehículo.

Con relación a las repercusiones civiles del caso, la Fiscalía puntualizó que tanto los padres como el hermano del fallecido han renunciado expresamente a recibir cualquier cuantía indemnizatoria en el proceso penal, tras haber percibido los importes pertinentes de la aseguradora.

Tal como explicó el Ministerio Público, la petición de sanción máxima para ambos delitos refleja la gravedad de conducir bajo efectos de sustancias y la irreparabilidad del daño causado, considerando además la relevancia de este tipo de comportamientos para la seguridad vial. Las acciones legales continúan su curso en el Tribunal de Cangas de Onís, en donde se analizarán las pruebas y alegatos presentados tanto por la acusación como por la defensa del acusado, bajo la supervisión judicial correspondiente.