Acaip-UGT alerta del "colapso" de las prisiones debido al repunte de la población reclusa en 2025

En el cierre del año 2025, las cárceles españolas experimentaron un repunte en el número de internos, según datos de Acaip-UGT, que advirtió que en este contexto más del 72% de las plazas de médicos en las prisiones se mantienen vacantes, mientras la salud mental de los reclusos representa un desafío creciente al requerir atención psiquiátrica en más del 30% de los casos. El sindicato ha alertado que el aumento de la población reclusa y la carencia de personal sanitario colocan al sistema penitenciario en una situación crítica y a las puertas del "colapso".

De acuerdo con lo publicado por Acaip-UGT, al terminar 2025 España custodiaba a 62.522 personas privadas de libertad, lo que representa un crecimiento del 5,39% respecto al año anterior, es decir, 3.196 internos adicionales. El sindicato, a través de un comunicado recogido por los medios, advirtió que la tendencia demográfica en las prisiones mantiene una "fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema". Este incremento no se limita a un fenómeno puntual, sino que refleja un cambio sostenido.

Según consignó la organización sindical, en los 80 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la cifra totalizó 51.559 reclusos al cierre de 2025, frente a los 49.026 del año previo, lo que implica un aumento de 2.533 personas (5,17%). Las comunidades autónomas con competencias en materia penitenciaria también reportaron ascensos significativos. En los 13 centros de Cataluña, el recuento finalizó con 9.186 internos, registrando así un aumento del 6,73%, mientras que los tres centros operados por el País Vasco sumaron 1.777 internos, un ascenso del 4,96% de acuerdo con la información de Acaip-UGT.

El centro penitenciario de Sevilla I lideró el crecimiento absoluto con 292 reclusos más, mientras que en términos proporcionales el centro de Monterroso, en Lugo, tuvo un incremento del 51%. El informe del sindicato destaca que en 2018, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión de las prisiones, los centros bajo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alojaban a 58.883 personas privadas de libertad. Posteriormente, el descenso continuó, tocando fondo en 2021 en plena pandemia, con 55.097 internos en estos 80 centros centrales.

Tal como detalló Acaip-UGT, a partir del año 2022 comenzó a modificarse la curva descendente. El repunte, inicialmente moderado, se ha consolidado en una "escalada" que ha generado, en cuatro años, un crecimiento acumulado superior a las 7.000 personas privadas de libertad. El sindicato argumentó que la administración perdió durante los años de baja población (2010-2021) la oportunidad de afianzar el modelo de un interno por celda contemplado en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Ahora, la densidad de internos por celda se ha transformado en lo habitual, complicando la convivencia y elevando la tensión.

En palabras de la organización sindical, "la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan dos presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción". El colectivo añadió además que la "creciente heterogeneidad de la población reclusa" genera dificultades extra en la convivencia, incrementándose tanto los incidentes como las agresiones. Acaip-UGT especificó que estos hechos son consecuencia directa de ingresar a más personas, con perfiles diversos, en espacios reducidos.

El sindicato manifestó además que la crisis sanitaria en las cárceles alcanza niveles que describió como inasumibles: más del 72% de las plazas de médicos en el sistema penitenciario permanecen sin cubrir. La atención a la salud mental emerge como un reto relevante en este contexto, ya que, según los cálculos de la organización sindical, más del 30% de los internos requiere medicación psiquiátrica.

Acaip-UGT advirtió que los problemas planteados podrían conducir a una ruptura del modelo penitenciario, incrementando el riesgo de conflictos y afectando la capacidad de intervención y reinserción. La organización concluyó que el sistema se encuentra ante una combinación de factores que ponen en peligro su viabilidad operativa, en un marco donde las necesidades sanitarias y de seguridad no logran ser atendidas de forma adecuada, según la información publicada por la propia entidad sindical.