El médico agredido en el centro de salud de Santander: "No consigo dormir más de cuatro horas pese a la medicación"

El profesional sanitario que sufrió una agresión en el centro de salud Los Castros, en Santander, relató ante la Audiencia Provincial de Cantabria que después del ataque desarrollado en mayo de 2022 enfrenta secuelas físicas graves y una afectación psicológica intensa, lo que le ha obligado a reducir su jornada laboral, tomar medicación psiquiátrica y cambiar de lugar de trabajo. Según consignó el medio, el médico señaló durante el juicio que, pese a estar bajo tratamiento y recibir terapia, no logra conciliar más de cuatro horas de sueño y experimenta episodios de ansiedad que se manifiestan en sudoraciones y dolor torácico al despertar. Además, afirmó que no puede acercarse al centro de salud donde se produjeron los hechos y ha requerido ser auxiliado en su empleo cuando percibe situaciones similares a la vivida, como escuchar voces elevadas en otras consultas.

Según informó el medio, el episodio por el que el joven acusado y su madre se sentaron en el banquillo ocurrió cuando ambos acudieron al centro de salud con motivo de una consulta por dolor de garganta. El personal informó al paciente que le correspondía recibir atención en otro centro, debido a que su domicilio figuraba en otra zona. Ante esto, se originó una discusión que escaló en intensidad y llevó al joven a intentar grabar con su móvil la situación como protesta por la presunta negativa a atenderle. El médico involucrado se acercó y realizó un gesto encaminado a apartar el teléfono, lo que originó un forcejeo. La secuencia quedó grabada durante unos segundos y fue presentada en el juicio a instancias de la defensa de los acusados.

El acusado, quien tenía 18 años cuando se produjeron los hechos, reconoció haber dado “un cabezazo” al facultativo y sostuvo que reaccionó de esa forma porque tanto el médico como un celador “iban a por él”. Negó haber iniciado él la agresión, mientras que su madre, también procesada, afirmó que vio a los sanitarios acercándose a su hijo, uno de ellos con un objeto que pareció ser un hierro, insistiendo en que se trató de “dos hombres contra un bebé”. Testigos aportaron en cambio que la madre animó a su hijo a continuar golpeando a la víctima y realizó expresiones intimidatorias hacia los trabajadores del centro, indicando que nadie saldría del lugar.

Tal como detalló la prensa, la fiscalía y las acusaciones particulares han solicitado un total de trece años de prisión para el joven por delitos de lesiones y atentado, dado que los sanitarios cuentan como autoridad. Asimismo, reclaman indemnizaciones de 124.000 euros para el médico agredido y 15.300 euros para el celador, cantidades que los representantes legales de los afectados han elevado hasta 147.600 euros y 16.700 euros, respectivamente.

A lo largo de la vista oral, el celador implicado explicó que recibió un golpe en la cara y sufrió la rotura del bíceps al intentar intervenir y que quedó “traspuesto” durante breves instantes. Por su parte, el médico describió con detalle cómo fue atacado inicialmente a puñetazos, la mayoría dirigidos a su ojo derecho, donde perdió casi completamente la visión. Su testimonio recoge que, mientras recibía los golpes y se encontraba en el suelo, la madre del acusado le incitó a su hijo a continuar la agresión. El informe médico aportado evidencia también fractura de los huesos nasales y la necesidad de una intervención de reconstrucción facial. Expertos periciales expusieron que la afectación visual no tiene posibilidades de mejora y que podría precisar intervenciones adicionales en el futuro.

Personal sanitario que fue testigo del incidente relató que la violencia fue considerable. Un enfermero declaró que su reacción inmediata fue alertar a la UVI móvil al observar la magnitud de la agresión, por la posibilidad de que la víctima precisara intubación. Algunos testigos analizaron la forma en que el joven atacó, interpretando que tenía experiencia previa en enfrentamientos físicos, algo que el acusado rechazó categóricamente durante su declaración.

De acuerdo con lo publicado, la madre enfrenta también acusaciones por amenazas leves, debido a los gritos y advertencias que supuestamente profirió tanto a los sanitarios como al personal presente. Otros trabajadores refirieron en el juicio que la mujer llegó a anunciar que incendiaría el centro, mientras arengaba a su hijo a persistir en la agresión.

El caso incorpora además un debate sobre la seguridad en los centros de salud. Según la información divulgada, las acusaciones han solicitado que el Servicio Cántabro de Salud asuma responsabilidad civil subsidiaria, por considerar que existía una ausencia de medidas de protección adecuadas en las instalaciones: no se habían instalado cámaras de seguridad ni personal suficiente pese a la existencia de un Plan de Prevención ante Incidentes Violentos. Las medidas, señalaron en sala, solo se implantaron después del incidente. Un portavoz legal del Gobierno regional apuntó que estos protocolos carecían entonces de carácter normativo y que la legislación vigente no exigía la implantación de esas medidas de control.

La defensa del joven ha sostenido en el juzgado que no existen pruebas concluyentes contra la madre y que su defendido desconocía que el profesional al que agredió era médico, dado que no portaba ninguna identificación visible. Además, el letrado argumenta que el médico fue quien inició el forcejeo, lo que motivó la reacción de su cliente. Señaló que el relato del agredido resulta inconsistente, y aseguró que el celador se habría causado las lesiones él mismo. Las partes acusadoras respondieron que la agresión mostró una intensidad que descarta la versión del acusado, mientras insistieron en que los hechos no fueron consecuencia de provocación previa.

El proceso judicial ha contado con la intervención del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria como acusación popular, cuya representante legal remarcó durante la sesión la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la seguridad del personal sanitario. El caso continúa en trámite mientras el tribunal sopesa los testimonios y la documentación aportada, incluyendo partes médicos y grabaciones audiovisuales, para determinar la responsabilidad penal y civil de los implicados.