La solicitud presentada por Alberto González Amador incluye no solo la reclamación de eliminación del expediente que permitió la reincorporación de Álvaro García Ortiz al Ministerio Público, sino que también demanda que se reconozca su incapacidad permanente para ejercer funciones en la carrera fiscal. Según informó Europa Press, el recurso argumenta que García Ortiz quedó inhabilitado tras una condena penal, por lo que González Amador pide que se le retire la condición de fiscal, sustentando su petición en los antecedentes judiciales del ex fiscal general del Estado.
La controversia surge a raíz de la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien autorizó a Álvaro García Ortiz a regresar al Ministerio Público, concretamente en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo. Europa Press detalló que el recurso de González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado y pide expresamente tanto la anulación del expediente administrativo que permitió la reincorporación, como el acceso a dicho expediente para su cliente. En el escrito, el abogado de González Amador solicita la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales por parte de García Ortiz, basando su argumento en la condena por delito doloso y señalando la pena superior a seis meses, además de invocar la pérdida de la condición de fiscal por la inhabilitación para cargo público dictada como pena principal.
De acuerdo con lo recogido por Europa Press, el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos relacionados con González Amador, imponiéndole una inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general del Estado, así como una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. Dentro de esa resolución, los magistrados aclararon expresamente que la inhabilitación se aplicaba exclusivamente al ejercicio del cargo de fiscal general del Estado. Indicaron igualmente que extender los efectos de la condena a otros cargos resultaría excesivo, y dejaron en manos de la Fiscalía General del Estado la decisión sobre el futuro destino profesional de García Ortiz como fiscal de carrera.
Europa Press reportó que la reincorporación de García Ortiz a la Fiscalía del Tribunal Supremo se produjo el 13 de enero, después de que la Fiscalía General del Estado consideró que la sentencia restrictiva solo implicaba una inhabilitación específica, limitada al cargo de fiscal general, sin implicar otras funciones en la carrera. Según indicaron las fuentes consultadas por la agencia, la vuelta de García Ortiz se realizó conforme al marco estatutario, lo que supuso el fin de su etapa en servicios especiales, iniciada al asumir como fiscal general.
Autoridades del Ministerio Fiscal afirmaron a Europa Press que el alcance del fallo del Supremo estaba perfectamente definido y que la pena impuesta a García Ortiz lo apartaba únicamente del cargo que ostentaba antes de la condena. Subrayaron, además, que el propio Código Penal exige que las sentencias especificasen de manera expresa los cargos y empleos a los que afecta la inhabilitación. Por ello, descartaron cualquier interpretación que extendiera automáticamente la inhabilitación a otros puestos o funciones dentro del Ministerio Público.
El caso ha generado debate dentro del ámbito jurídico sobre los límites de la inhabilitación impuesta por el Supremo y la validez de la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal. En el recurso, González Amador solicita que la Fiscalía recapacite sobre la reincorporación y reconsidere la aplicación de la incapacidad permanente, argumentando que la condena por delito doloso y la inhabilitación principal deben implicar, a su juicio, la pérdida definitiva de la condición de fiscal.
El expediente que permitió el regreso de García Ortiz quedó bajo la supervisión directa de la fiscal general Teresa Peramato, quien respaldó la reincorporación en base a la limitación de la pena impuesta por el Supremo. La defensa de González Amador busca ahora impugnar esa decisión, solicitando que se estudie nuevamente el expediente y se valore la condena penal en tanto motivo de incapacidad, según la información difundida por Europa Press. El desarrollo de este caso ha puesto sobre la mesa la cuestión de los procesos internos en el Ministerio Fiscal para la reincorporación de cargos y la interpretación de las sentencias de inhabilitación, a raíz de los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y la propia Fiscalía General del Estado.
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