La tradición histórica prevalece en CyL que elige 'procuradores' y no 'diputados'

Durante el proceso electoral que se celebrará el 15 de marzo en Castilla y León, las personas que sean seleccionadas como representantes tendrán la obligación de presentar credenciales emitidas por la Administración Electoral en el Registro General de las Cortes, cumplir con la declaración de incompatibilidades, consignar su profesión y cargos públicos, y jurar o prometer acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, según informó la propia institución parlamentaria regional. Tal como publicó la fuente original, esta jornada de votación definirá a los 82 integrantes del Parlamento autonómico, denominados “procuradores”, un término que los diferencia de los “diputados” utilizados en el resto del país desde 1978.

De acuerdo con la información difundida por la institución de Castilla y León, la utilización de la palabra “procurador” responde al deseo de enlazar con la historia de las antiguas Cortes de Castilla, cuya tradición data de la Edad Media. Las Cortes castellanas fueron el órgano de representación política de la Corona de Castilla y, conforme detalló el medio, sus miembros eran enviados por ciudades y villas y recibían el título de procurador, un cargo que garantizaba la representación de los intereses territoriales y sociales ante el monarca.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León recogió esta designación histórica, optando por preservar la denominación de “procurador” en lugar de la expresión “diputado”, como ocurre en otras cámaras legislativas autonómicas y nacionales de España. Según explicó el Parlamento regional y reportó el medio, la elección de esta palabra tiene como objetivo mantener el vínculo de la institución con su pasado institucional, dado que así se conocía históricamente a los enviados de las ciudades con derecho de voto en la Corona de Castilla.

La fuente también recordó que el origen del término “procurador” surge del latín “procurãtor”, que hacía referencia a una persona encargada de administrar o gestionar en nombre de otro. Este concepto cobró una función especial en la antigua Roma, donde el procurador actuaba como delegado de alguien que no podía comparecer en un procedimiento, aunque con atribuciones distintas a las del procurador procesal de la actualidad.

Con el tiempo, el “procurãtor” romano evolucionó hacia la figura del “personero”, quien ejercía tareas similares de representación jurídica y debía ser nombrado a través de un documento firmado ante la autoridad local, como un escribano o el alcalde, con la debida carta de apoderamiento.

El medio detalló que en la etapa contemporánea, la denominación “procurador” fue adoptada durante las Cortes franquistas (1943-1977) buscando diferenciarse de la modalidad liberal de la representación parlamentaria, en la que, desde la Constitución de 1812, se popularizó la asignación de “diputado” para quienes ocupaban escaños en el Parlamento.

Esta tradición se vio interrumpida con el regreso de la democracia y la recuperación de la denominación “diputado” en la mayoría de los parlamentos españoles. No obstante, Castilla y León decidió mantener la palabra “procurador” para sus representantes parlamentarios, según consignó el medio, subrayando el propósito de reforzar la conexión entre el Parlamento regional y las instituciones medievales de la antigua Corona de Castilla.

Las antiguas Cortes de Castilla se reunían siguiendo el esquema de representación por brazos del reino: el eclesiástico, el nobiliario y el común, siendo este último el que representaba a las ciudades que contaban con voto propio. El medio recordó que la entrada del “estado llano” en las Cortes se remonta a 1188, en las Cortes de León bajo el reinado de Alfonso IX, a través de delegados denominados procuradores.

En la actualidad, el acceso al cargo de procurador en Castilla y León exige el cumplimiento de varios trámites administrativos adicionales: acreditación ante el Registro, superación del examen de incompatibilidades y la presentación detallada de información sobre la trayectoria profesional y de cargos públicos. A la toma de posesión se suma el compromiso formal, ante el Pleno, de respeto a los principios constitucionales y estatutarios, según lo especificado por el Parlamento y recogido por la fuente original.

De este modo, la elección autonómica del 15 de marzo en Castilla y León no solo renueva la composición parlamentaria sino que también reafirma la continuidad de un modelo de representación con raíces históricas particulares, según destaca la información proporcionada por la fuente oficial del Parlamento regional.