UPF anuncia haber recaudado el dinero para pagar la sanción económica del Supremo a García Ortiz

Entre los mensajes que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) recibió durante la campaña de recaudación de fondos, varios provinieron de personas ajenas al Ministerio Fiscal que manifestaron su intención de ayudar económicamente en la cobertura de la sanción impuesta al ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Según informó el medio, la UPF anunció que alcanzó el monto necesario para pagar la multa y la indemnización que el Tribunal Supremo dictó contra García Ortiz después de condenarlo por revelar información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La asociación comunicó que “se ha alcanzado íntegramente el importe necesario” fruto de la colaboración de decenas de fiscales de diferentes territorios y categorías, quienes respondieron a una convocatoria considerada más ética que económica, tal como detalló la UPF. El llamamiento se lanzó hace aproximadamente un mes con el propósito de recaudar lo necesario para cubrir tanto la multa de 7.200 euros como la indemnización de 10.000 euros, impuestas en la sentencia.

Según publicó la UPF, la campaña se dirigió no solo a la comunidad fiscal, sino también al conjunto de ciudadanos, quienes en algunos casos se pusieron en contacto con la asociación para expresar su disposición a colaborar. La participación de personas ajenas a la fiscalía subrayó, según reportó el citado comunicado, el sentido de solidaridad y la percepción colectiva acerca de la actuación del ex fiscal general.

El Tribunal Supremo estableció además una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo contra García Ortiz. La Unión Progresista de Fiscales ha mantenido durante este proceso su respaldo a la inocencia y a la actuación profesional de su antiguo miembro, considerando que, en palabras de la asociación, “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”.

A través de su comunicado, reportó UPF que la iniciativa de apoyo tuvo un carácter estrictamente voluntario y solidario, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la sentencia. Según explicó la asociación, la respuesta solidaria no solo ampara a un compañero en circunstancias particulares, sino que para el colectivo “es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos”.

Conforme indicó la UPF, la responsabilidad asumida por García Ortiz al frente de la fiscalía buscaba proteger a la institución en su conjunto. La reacción colectiva ante este caso, tanto de fiscales como de ciudadanos, proporcionó a la asociación una muestra del respaldo hacia quienes ejercen su labor conforme a los principios legales y a la conciencia profesional.

La asociación enfatizó este aspecto en su mensaje final: “Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos”. Los detalles de la recaudación y la cobertura total de la sanción evidencian el alcance de la convocatoria efectuada por la UPF y la implicación de diferentes sectores vinculados, de forma directa o indirecta, al sistema judicial, de acuerdo con lo consignado por el propio comunicado de la asociación.