El PP exige a Puente presentar una "auditoría" sobre la red ferroviaria como le "obliga" la Ley de Movilidad

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, recordó que la Ley de Movilidad incluye una enmienda que obliga al Gobierno a preparar un documento exhaustivo sobre la red ferroviaria, con un análisis detallado por provincias, las incidencias registradas, las propuestas de solución, un plan de choque de inversión y las limitaciones de velocidad existentes. Bravo, según publicó Europa Press, precisó que el Ejecutivo dispone de dos meses para ultimar ese informe, plazo que concluye el 5 de febrero, y exigió que el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, presente al menos el avance de ese informe, amparándose en lo requerido por la ley. La noticia principal, como reportó Europa Press, es que el Partido Popular demanda al titular de Transportes la entrega inmediata de la auditoría ferroviaria y denuncia el retraso en dicho informe.

En declaraciones recogidas por Europa Press en entrevistas concedidas a Antena 3 y Telecinco, Bravo afirmó que el ministro Puente genera mayor incertidumbre por ofrecer únicamente información parcial en torno al accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El dirigente del Partido Popular subrayó que esa actitud podría responder a la intención de construir un relato y volvió a exigir la presentación pública de la auditoría sobre el sistema ferroviario nacional, señalando que la Ley de Movilidad obliga a su elaboración y puesta a disposición pública.

El representante del PP detalló que la enmienda sobre la auditoría ferroviaria fue introducida por su partido, con el respaldo de otras formaciones parlamentarias, y obliga al Ejecutivo a entregar el documento a más tardar el 5 de febrero. Según puntualizó Bravo para Europa Press, la elaboración de ese informe persigue que se analicen todas las líneas ferroviarias de forma provincializada y que, además, se incluya un listado de las incidencias ocurridas, acompañadas de propuestas para su solución, un plan específico de inversiones y una revisión de las limitaciones de velocidad vigentes en la red ferroviaria española.

Bravo planteó dudas sobre si el Gobierno planea cumplir este mandato legal, vinculando la falta de información con la gestión de retrasos e indemnizaciones asociadas a incidentes del sistema ferroviario. El vicesecretario del PP preguntó si, al igual que ha ocurrido con otros compromisos, el Ejecutivo volverá a quedarse al margen de lo exigido por la ley en asuntos sensibles para los usuarios, como los retrasos y las reparaciones económicas correspondientes a los afectados.

Durante su intervención, Bravo también abordó la reciente rueda de prensa ofrecida por el ministro de Transportes tras el accidente en Adamuz. Destacó, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, que la comparecencia evidenció más incongruencias o ausencia de datos que información sustancial; a su juicio, la presentación solo aportó datos parciales y esa insuficiencia informativa amplifica el clima de incertidumbre respecto a la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

El dirigente del PP realizó alusiones específicas a la gestión de cambios en los límites de velocidad en varios tramos de la red de alta velocidad, señalando que esas modificaciones han tenido impacto en la percepción pública sobre la seguridad de los servicios ferroviarios y contribuyen a la desconfianza general. Añadió que la incertidumbre generada por la gestión de estos episodios supone un daño para la "marca España" en el exterior.

En relación a la asunción de responsabilidades, Bravo manifestó que éstas deben exigirse una vez concluyan las investigaciones pertinentes. Sin embargo, enfatizó que es necesario permitir el trabajo de los equipos investigadores antes de avanzar en cualquier depuración de responsabilidades. En su intervención, el vicesecretario popular lo expresó así: “Las responsabilidades se tienen que exigir cuando llegue el momento, con todas las investigaciones en marcha, y ahora hay que dejar trabajar”.

Bravo incluyó una advertencia respecto a la experiencia previa con el apagón del 28 de abril del año anterior. Señaló que, tras ese evento, casi un año después no se han ofrecido explicaciones públicas ni se ha asumido responsabilidad alguna, un escenario que consideró perjudicial y que no debería repetirse.

Europa Press reportó que el Partido Popular sostiene que la situación actual de la gestión del accidente en Adamuz puede deteriorar la confianza en la seguridad ferroviaria y afectar al prestigio internacional de la red de infraestructuras española. El partido insiste en que la ley obliga al Gobierno a presentar, con transparencia y rigor, la auditoría sobre el estado de la red, y que la demora en su publicación perjudica la credibilidad de la administración en materia de transporte ferroviario.

Al cierre de las declaraciones, Bravo reiteró que el Gobierno, según lo indicado por la Ley de Movilidad y la enmienda impulsada por el Partido Popular, debía tener preparado el informe sobre la situación ferroviaria, para ofrecer seguridad a los ciudadanos y responder adecuadamente tanto a los problemas identificados como a la demanda de información clara y precisa por parte de los usuarios y los representantes políticos.