El Congreso interroga este lunes al asesor del PPCV que contradijo a los escoltas sobre la llegada de Mazón al Cecopi

En la investigación abierta tras la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, el testimonio de Josep Lanuza, asesor externo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), generó una controversia importante al contradecir declaraciones previas de los escoltas del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su llegada al Palau. Según reportó el medio, la declaración de Lanuza añadió incertidumbre al relato de los hechos y coincidió con decisiones judiciales que pusieron en cuestión la actuación de Mazón durante la emergencia.

Tal como publicó la fuente original, la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia climática de octubre recibió este lunes a Lanuza, quien había declarado el 23 de febrero ante la jueza encargada del caso, Nuria Ruiz Tobarra. En su testimonio, Lanuza relató que Mazón llegó al Palau sobre las 19:30 horas y que mantuvieron una conversación de entre veinte y veinticinco minutos antes de dirigirse juntos al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Esta versión difiere de la aportada por los escoltas del expresidente, quienes indicaron que Mazón apenas permaneció arriba, en su despacho, durante diez minutos y que después bajó rápidamente. Según consignó el medio, la jueza interrogó a Lanuza directamente sobre esta disparidad de tiempos: “¿A quién me tengo que creer?”, preguntó.

Tras las declaraciones del asesor, la jueza tomó la decisión de remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para que analizara una posible imputación de Mazón, quien mantiene su aforamiento por contar con un escaño en las Cortes Valencianas. Esta actuación judicial se fundamentó en la detección de “negligencias” en la gestión de la emergencia por parte del exmandatario, aunque, según puntualizó el medio, la Fiscalía aún no avala esta visión. El Ministerio Público sostiene que, aunque no descarta eventual responsabilidad penal, en este momento no existen elementos suficientes que justifiquen la imputación.

La jornada no solo estuvo centrada en la aparición de Lanuza. Por la mañana, Avelino Mascarell, diputado responsable del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural en la Diputación de Valencia, y titular del Consorcio Provincial de Bomberos, compareció también ante la comisión. Mascarell ocupa además la alcaldía de Xeraco, uno de los municipios afectados por la catástrofe.

Uno de los puntos relevantes de su intervención giró en torno a la decisión de retirar a los bomberos que vigilaban el Barranco del Poyo en la primera parte de la tarde de la emergencia. Este barranco terminó desbordándose y originó la riada. Mascarell, que había declarado sobre el caso ante la jueza el 2 de marzo, explicó que el día del operativo en el Cecopi no se enfocaron en la presencia de Mazón porque esa función ya la ejercía la consellera Salomé Pradas, quien junto con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argueso, ya figura como imputada en la causa.

De acuerdo con lo publicado, Mascarell detalló también que antes de la emisión de la primera alerta a la población, conocida como Es Alert y que se envió a las 20:11 horas, existió una discusión sobre recomendar a los habitantes que permanecieran en las plantas superiores de las viviendas. Mascarell no logró precisar en su declaración quién sugirió esa medida, ni los motivos por los que no se reflejó en el mensaje que, finalmente, solo instó a evitar desplazamientos.

A través de la presentación de estas dos comparecencias en la comisión de investigación, se puso de manifiesto la dificultad para establecer una cronología exacta y una cadena clara de decisiones durante la gestión de la emergencia, reflejando las diferencias entre los distintos actores involucrados. Según reportó la fuente, estas declaraciones contribuyen a ampliar el foco sobre los mecanismos de actuación institucional frente a situaciones de crisis, mientras la investigación judicial y parlamentaria sigue incorporando testimonios y documentos que buscan esclarecer responsabilidades.