Puente asegura que el Gobierno está "dando la cara" y ve "injustas" las críticas del PP

Durante su intervención pública, Óscar Puente dejó claro que recibirá las acusaciones de falta de transparencia y las peticiones de responsabilidad con el propósito de seguir centrando sus esfuerzos en clarificar los hechos relacionados con el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible centró gran parte de su declaración en la gestión de la emergencia y en la búsqueda de respuestas, restando importancia a los cuestionamientos de carácter político que llegan desde la oposición. La noticia sobre la postura del Ejecutivo y la controversia provocada por el siniestro fue reportada por diversos medios españoles, entre ellos la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Puente defendió la gestión informativa del Gobierno tras el accidente, afirmando que el Ejecutivo ha mantenido una política de comunicación continua sobre el desarrollo de los acontecimientos. El ministro insistió en que él y su cartera están "dando la cara", en referencia directa a las críticas lanzadas por el Partido Popular (PP), que cuestionó la transparencia del Gobierno en el manejo de los datos relativos al siniestro. Ante las preguntas de los periodistas, el titular de Transportes consideró que la información trasladada desde el Ejecutivo es suficiente y rechazó la idea de opacidad, asegurando que la actual prioridad reside en el esclarecimiento de causas y la resolución de los daños ocasionados.

Durante su comparecencia en la sede ministerial, Puente declaró que no pretende entrar en un cruce de declaraciones, optando por mantener la línea de gestión de crisis y búsqueda de soluciones. "Voy a entrar al trapo lo menos posible ante las declaraciones del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP", expresó, haciendo alusión a las afirmaciones de Juan Bravo, quien había acusado al Gobierno de intentar construir un relato que eximiera de responsabilidad a las autoridades. El ministro pidió a la ciudadanía valorar si realmente existe falta de información y sostuvo que cualquier crítica sobre la ausencia de comparecencia pública le parece "injusta", enfatizó Europa Press.

Puente también explicó que orienta todos sus esfuerzos en determinar la secuencia de los hechos y analizar cómo pudo haberse producido el accidente. Reiteró su decisión de priorizar las acciones técnicas y logísticas por encima de las aclaraciones políticas, asegurando que se mantendrá "en modo crisis", con la vista puesta exclusivamente en resolver el incidente y comprender sus causas. El ministro remarcó que intenta protegerse mentalmente de las polémicas ajenas a la atención de la emergencia: "Lo demás, sinceramente, como si no lo oyera. Mi cuerpo y mi mente se defienden así. Estoy solo enfocado hacia las soluciones".

Europa Press detalló que el partido opositor exigió a Puente explicaciones formales acerca de lo sucedido. Según Juan Bravo, vicesecretario del PP, el Ejecutivo habría ofrecido información insuficiente y contradictoria en las horas posteriores al accidente. El dirigente popular sostuvo que existieron rectificaciones respecto a la velocidad máxima permitida en determinados tramos y denunció la presunta filtración de la conversación del maquinista registrada en la caja negra del tren. Esta secuencia llevó al PP a solicitar al titular de Transportes una respuesta escrita a través de una carta oficial que quedó registrada públicamente.

El intercambio de declaraciones entre el Ministerio de Transportes y el PP gira en torno a la supuesta existencia de contradicciones en los comunicados oficiales, así como en la gestión informativa sobre datos relevantes para la investigación. Juan Bravo afirmó en rueda de prensa que el Gobierno debe aclarar en qué consistieron las correcciones hechas sobre las condiciones del tramo ferroviario accidentado y la gestión de la información obtenida de la caja negra, según publicó Europa Press.

La polémica desatada tras el accidente en Adamuz ha puesto el foco en las labores de comunicación y gestión de la crisis por parte del Gobierno central, mientras la oposición argumenta que persisten dudas sobre la transparencia y la coherencia de las informaciones publicadas. A pesar de las críticas, desde la sede ministerial se insisten en que la máxima prioridad sigue siendo la atención a los afectados y la identificación precisa de las causas del siniestro.