Una sentencia da la razón a una docente agredida por la "inexistencia" de protocolos de actuación en C-LM

Tras analizar el acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario de enero de 2025, el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete estableció que Castilla-La Mancha carece de protocolos eficaces para prevenir la violencia contra el profesorado en los centros educativos. Esta carencia quedó reflejada en una sentencia que obligó a la administración educativa y a la aseguradora correspondiente a compensar económicamente a una docente que sufrió una agresión a manos de varios alumnos durante el horario escolar. Según consignó el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la sentencia reconoció la relación directa entre la ausencia de medidas de protección y el daño sufrido por la trabajadora afectada.

CCOO informó a través de un comunicado que el tribunal dio la razón parcialmente a la demanda presentada por la docente, quien solicitó una indemnización por la "omisión de medidas de seguridad" en el ámbito laboral. Los hechos, detallados tanto en la nota sindical como en la resolución judicial, relatan que el 14 de enero de 2022, la profesora intervino para separar a varios alumnos en el patio del colegio y resultó lesionada con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, además de daños en los brazos y escápulas. Además de las lesiones físicas, la docente fue diagnosticada con un trastorno adaptativo mixto caracterizado por ansiedad severa y un estado de ánimo deprimido, secuela directa de la experiencia sufrida.

El medio atribuyó a la demandante la petición de indemnización por los 503 días que permaneció en incapacidad temporal, además del lucro cesante y el daño moral relacionado con la pérdida de calidad de vida a consecuencia de las secuelas. Según la sentencia, no le ha sido concedida la incapacidad permanente parcial. A pesar de reincorporarse a las aulas el 1 de junio de 2023 con restricciones médicas, la trabajadora procedió con la acción judicial contra la Consejería de Educación y la aseguradora.

La resolución judicial detalla que, en el momento del incidente, no existía en Castilla-La Mancha ningún protocolo específico para la prevención y actuación frente a situaciones violentas dirigidas al profesorado en los centros educativos autonómicos. El texto del fallo subrayó que ni el decreto de Convivencia Escolar ni la Guía de prevención y actuación ante conductas disruptivas graves pueden considerarse equivalentes a un protocolo de protección frente a agresiones, remarcando la necesidad de procedimientos claros como existen en comunidades como Andalucía, Extremadura, Islas Baleares y Valencia. Tal como recoge el comunicado de CCOO, la sentencia reconoce una "deficiencia estructural" en la región que afecta la seguridad y salud laboral exigibles al empleador, en este caso la Consejería de Educación.

De acuerdo con lo reportado, la condena fija una compensación de aproximadamente 30.000 euros, repartidos entre la Consejería de Educación, que debe abonar 3.000 euros, y la aseguradora, responsable de 25.691 euros. La resolución enfatiza que la docente no había recibido formación ni información suficiente sobre cómo actuar o protegerse frente a agresiones de personas vinculadas al centro educativo, concluyendo que ello representó una vulneración de las obligaciones de seguridad del empleador público.

La resolución señala que el reconocimiento de la ausencia de protocolos de actuación quedó también reflejado en el propio acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario del 14 de enero de 2025, donde se había solicitado formalmente la creación de estos instrumentos con base en experiencias documentadas en otras autonomías. Según publicó el sindicato, esta sentencia representa un precedente jurídico que valida las reclamaciones efectuadas por CCOO en materia de seguridad y salud laboral dentro del sector educativo regional.

El fallo no es firme y puede ser recurrido, pero CCOO valoró su importancia como confirmación legal de sus demandas. Tras su conocimiento, la central sindical solicitó a la Consejería de Educación la adopción inmediata de medidas específicas, incluida la elaboración de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones, la intervención de oficio en cada incidente, el establecimiento de una coordinación efectiva con Fiscalía, Inspección Educativa y cuerpos de seguridad, y el refuerzo del acompañamiento y apoyo a las víctimas en los ámbitos jurídico, psicológico y administrativo.

En el comunicado difundido por CCOO, también se insistió en la necesidad de implementar acciones formativas y preventivas en todos los centros educativos, con el objetivo de erradicar la normalización de los ataques hacia el personal docente. El sindicato enfatizó que la sentencia prueba la eficacia de la acción sindical para traducir las reivindicaciones laborales en efectos legales reales, al tiempo que reclama que la administración educativa avance en la protección integral del profesorado mediante la normativa y recursos adecuados.