El Supremo cita a 'Alvise' el 26 de enero para declarar voluntariamente por el presunto acoso a sus dos eurodiputados

Según la providencia dictada por el juez instructor Manuel Marchena y recogida por Europa Press, Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y dirigente de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), manifestó su disposición para acudir voluntariamente ante el Tribunal Supremo, donde deberá declarar el próximo 26 de enero. La citación responde a la denuncia presentada por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes lo acusan de acoso y de revelar información confidencial durante la campaña electoral en la que ambos integraron la lista de SALF. El juez Marchena solicitó a Pérez su opinión sobre una eventual comparecencia voluntaria antes de que el Parlamento Europeo decida si otorga el permiso necesario para que el proceso judicial pueda seguir su curso ordinario contra un eurodiputado, tal como detalló Europa Press en el documento oficial.

El origen de la actuación judicial se encuentra en la querella presentada por Solier y Junco ante el Tribunal Supremo, motivados por conductas que, a su juicio, constituirían delitos de hostigamiento y divulgación de secretos. Según informó Europa Press, ambos europarlamentarios aseguran que las acciones de Luis 'Alvise' Pérez tuvieron lugar cuando aún formaban parte de la candidatura de Se Acabó la Fiesta en los pasados comicios europeos. Los dos reclamaron amparo a la justicia tras exponer que, tras integrarse en la lista, experimentaron presionas y que sus datos confidenciales habrían resultado expuestos sin su consentimiento por parte del dirigente de SALF.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el magistrado Marchena dio validez a la solicitud de comparecencia voluntaria formulada por Pérez, un procedimiento excepcional que busca adelantar la toma de declaración antes de que la Eurocámara resuelva sobre el suplicatorio o petición formal que suele requerirse para investigar judicialmente a miembros del Parlamento Europeo. Esta medida obedece tanto a la disposición manifestada por Pérez como a la necesidad de avanzar en las diligencias previas a la espera de la eventual autorización de la institución comunitaria.

El Tribunal Supremo abordará en esta comparecencia los hechos que motivaron la denuncia presentada por Diego Solier y Nora Junco, según consignó Europa Press. Los eurodiputados argumentan que durante el proceso interno de la formación y la campaña electoral recibieron presiones indebidas y que determinados datos privados se habrían divulgado, hechos que atribuyen directamente a la actuación de Pérez en su calidad de líder del partido. La revelación de secretos, según la descripción de la denuncia recogida por Europa Press, incluiría la publicación o difusión de información sensible relacionada con los propios denunciantes.

Esta citación marca el inicio formal de las diligencias judiciales en el alto tribunal, donde el magistrado instructor analizará tanto la existencia de posibles presiones como la eventual difusión de datos considerados confidenciales. El procedimiento se encuentra sujeto al régimen especial que se aplica a los eurodiputados españoles, quienes gozan de inmunidad parlamentaria y solo pueden enfrentarse a un proceso penal tras la autorización expresa del Parlamento Europeo. Europa Press detalló que el juez Marchena optó por consultar primero la voluntad de comparecencia del propio Pérez, un paso previo inusual que busca evitar dilaciones mientras se tramita el suplicatorio correspondiente.

El caso involucra, por tanto, distintos aspectos del derecho parlamentario europeo y nacional, así como la delimitación de competencias entre la justicia española y los órganos de la Unión Europea. Según destacó Europa Press al dar cuenta de la resolución, la petición de declaración voluntaria alude a criterios de excepcionalidad, reservados para situaciones en las que el encausado acepta someterse a la autoridad judicial antes de la intervención formal de la cámara parlamentaria europea.

La comparecencia prevista para el 26 de enero servirá para que el dirigente de Se Acabó la Fiesta exponga su versión de los hechos y para que el Tribunal Supremo evalúe los elementos aportados tanto por los denunciantes como por el propio investigado. El desarrollo de este proceso aparece condicionado a la decisión que finalmente adopte el Parlamento Europeo respecto al levantamiento de la inmunidad de Pérez, una exigencia legal que, salvo excepción como la presente, bloquea el avance de procedimientos penales contra los eurodiputados españoles. Según la información atribuida a Europa Press, las próximas actuaciones judiciales y parlamentarias dependerán tanto del contenido de la declaración voluntaria como del curso que siga el trámite ante la Eurocámara.

Europa Press subrayó en su cobertura que la causa abierta en el Supremo explora los límites del comportamiento permisible en el marco de las listas electorales y la gestión interna de los partidos que concurren a elecciones europeas en España. El tribunal habrá de establecer si existen indicios relevantes de los delitos imputados y si procede solicitar el levantamiento formal de la inmunidad, paso necesario para continuar con la instrucción ordinaria en caso de que la Eurocámara no lo conceda de manera inmediata. La resolución judicial y política de este caso podría sentar precedente en la relación entre representantes electos y partidos en el contexto europeo señalada por la querella.