Interior, Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios que más incumplen resoluciones del Consejo de Transparencia

La petición de acceso a los informes sobre la inversión territorializada por comunidades autónomas, gestionada por el Ministerio de Hacienda, figura entre los asuntos pendientes en los tribunales debido a la falta de respuesta administrativa. Además de esta cuestión, el listado de expedientes no atendidos por diferentes ministerios refleja un patrón de incumplimiento de resoluciones emitidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo encargado de velar por el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública. Según detalló el medio fuente, los departamentos de Interior, Hacienda y Transición Ecológica lideran el ránking de incumplimientos durante el último año, lo que ha impulsado la apertura de decenas de litigios en la vía contencioso-administrativa.

Tal como consignó la fuente original, el CTBG dictó hasta el 30 de septiembre de 2025 un total de 686 resoluciones sobre solicitudes de información orientadas a ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado. De ese total, se satisficieron 581, lo que representa el 84,8%. Sin embargo, 79 expedientes (11,5%) recibieron una respuesta negativa, mientras que 25 (3,6%) se encuentran actualmente en el Tribunal Contencioso-Administrativo y todavía no hay sentencia firme en ninguno de estos casos. Según reportó el medio, los procedimientos para presentar reclamaciones ante el CTBG están abiertos a personas y colectivos que consideran insatisfactorias o incompletas las respuestas obtenidas a sus solicitudes de información, o si estas no son respondidas en el plazo establecido. El Consejo debe pronunciarse en un máximo de tres meses, pero sus resoluciones, de carácter obligatorio, enfrentan a menudo la negativa de los ministerios concernidos, lo que ha provocado una creciente judicialización.

El Ministerio del Interior encabeza el listado de departamentos con más resoluciones incumplidas. Según informó la fuente, Interior dejó sin satisfacer 18 solicitudes y remitió otras 6 al tribunal Contencioso-Administrativo, frente a 51 respuestas consideradas conformes. Entre las materias desatendidas se encuentran autorizaciones para compatibilizar funciones policiales con actividades privadas, detalles sobre productividad y atestados, comisiones de servicio, provisión de puestos, excedencias voluntarias y permisos para asistir a actos por parte de agentes de la Policía Nacional. El Consejo tampoco ha recibido información acerca de un informe en prevención de riesgos laborales solicitado con relación a un incidente ocurrido en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, cuando dos guardias civiles fallecieron debido al choque de una narcolancha contra una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), asunto que ahora está judicializado.

Respecto al Ministerio de Hacienda, la fuente señaló que este departamento, que también abarca a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no cumplió con 13 resoluciones del CTBG y acumula ocho casos llevados al Contencioso-Administrativo. Por el contrario, respondió de manera favorable en 61 expedientes. Entre los asuntos no satisfechos se cuentan las reclamaciones sobre nóminas de directivos del Consejo de RTVE, procedimientos de contratación y las actas del jurado que seleccionó las canciones para el Benidorm Fest 2025. Asimismo, permanece sin resolverse judicialmente la solicitud de acceso a información sobre inspecciones y resoluciones de la Agencia Tributaria desde 2000 relativas a partidos políticos tales como PP, PSOE, Vox y Podemos, cuando estas concluyeron en sanciones o archivos. También sigue pendiente la entrega de informes semestrales sobre inversión territorializada estatal entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2024, junto a los criterios de distribución y el grado de ejecución presupuestaria por territorio, según indicó el medio.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, desestimó 12 resoluciones, con otros dos casos en vías judiciales, mientras que respondió satisfactoriamente a 53 peticiones. Entre los asuntos rechazados figura la solicitud de un informe elaborado por el Comité para el Análisis del apagón eléctrico del 28 de abril, que debía detallar la cronología de los hechos desde las 12 horas previas a la caída del suministro hasta su total recuperación, incluyendo horarios y áreas geográficas afectadas. Además, según publicó la fuente, el departamento dirigido por Sara Aagesen tampoco proporcionó el informe requerido sobre la operatividad de las centrales eléctricas con capacidad de arranque en negro en el momento del mismo apagón.

El informe recoge que la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, aunque facilitó 36 respuestas afirmativas, desatendió otras diez. Entre las peticiones no atendidas figuran las enfocadas en gastos de representación y desplazamientos realizados en aeronaves oficiales, incluidas las del presidente Pedro Sánchez, y los documentos obrantes mientras se desarrollaba el episodio de lluvias intensas que afectó a Valencia en 2024, donde se solicitó conocer qué información y decisiones gestionaron respecto al adelanto o no del regreso del presidente durante su visita oficial a India.

Dentro de los departamentos cuyo porcentaje de resoluciones no satisfechas supera la media, se encuentra el Ministerio de Inclusión. Ese ministerio rechazó cinco de las 45 solicitudes referidas, todas centradas en cuestiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), principalmente dirigidas a conocer los sistemas de designación y evaluación de puestos de trabajo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad cerró el balance con 17 resoluciones cumplidas, cuatro no satisfechas y un caso llevándose al Contencioso-Administrativo, relacionado con el acuerdo firmado con la tecnológica Indra el 15 de octubre de 2024. Los incumplimientos afectan a expedientes sobre valoración docente por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), así como informes internos sobre la normativa universitaria y la política general del sector.

En el área de transportes, el ministerio del ramo denegó tres resoluciones y otras cuatro litigaron en el Contencioso-Administrativo. Entre los casos pendientes se recoge la negativa a suministrar detalles sobre incidencias registradas en todas las líneas de Cercanías de Valencia entre 2012 y 2023, así como un recurso relacionado con alteraciones reportadas en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo desde el 1 de septiembre de 2023. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo no facilitó tres peticiones relativas a la reducción de la siniestralidad laboral asociada a la brecha de género entre 2014 y 2024, en el contexto de 32 resoluciones totales abordadas.

La relación de departamentos que rechazaron solicitudes incluye también los ministerios de Presidencia y Economía, con dos cada uno, y los de Transformación Digital, Industria e Igualdad, con una resolución desoída por cada uno. En el caso de Igualdad, la petición pendiente buscaba información específica sobre el total de víctimas mortales por violencia de género inscritas en el sistema VioGén y que fallecieron a manos de sus agresores.

El reporte difundido por el medio señala que, a excepción de estos departamentos, el resto de los ministerios mostró un cumplimiento íntegro respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el periodo analizado. La dinámica expuesta refleja una tendencia persistente a priorizar la vía judicial ante la falta de respuesta de la administración, lo que ralentiza el acceso ciudadano a información sobre temas sensibles de interés público.