Feijóo y sus barones se conjuran contra financiación "bilateral" de Sánchez: "Ni nos han dividido ni nos dividirán"

El documento, conocido como la “Declaración de Zaragoza”, fue suscrito no solo por los presidentes de las comunidades autónomas bajo Gobierno del Partido Popular, sino también por los líderes de Ceuta, Melilla y representantes autonómicos del PP en otras regiones. El texto denuncia la posibilidad de establecer un sistema de financiación negociado en formatos bilaterales entre el Gobierno y ciertos partidos independentistas, abogando por un modelo común donde, según la declaración, “los recursos de todos los españoles se reparten entre todos”. La noticia principal se centra en la exigencia de los líderes del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez para derogar los acuerdos financieros que consideran exclusivos y diseñar una alternativa que evite privilegios, mantenga la equidad y asegure la igualdad entre territorios.

Según publicó el medio, la firma de esta declaración contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y el respaldo de los presidentes autonómicos y regionales del Partido Popular. Entre los participantes estuvieron los representantes de Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Ceuta, Melilla, así como el vicepresidente de Canarias y líderes regionales del partido en Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha. El acto de Zaragoza, celebrado el domingo, estuvo marcado por el rechazo del PP a la propuesta de financiación “bilateral” entre el Ejecutivo central y las formaciones independentistas, especialmente ERC. Feijóo manifestó en el cierre del evento que, desde la perspectiva del PP, “ni nos han dividido ni nos dividirán”, y criticó al Gobierno por fomentar la confrontación interna y la segmentación entre territorios.

El medio detalló que la declaración estructura sus argumentos en seis grandes ejes: lealtad institucional y respeto a la Constitución, igualdad, autonomía fiscal, suficiencia financiera, solidaridad y la visión de un proyecto nacional común. En el documento, los firmantes subrayan la necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica vigente desde 2009, partiendo de que los fondos públicos deben distribuirse bajo criterios de cohesión y constitucionalidad. El PP sostiene que cualquier acuerdo alcanzado fuera de esas garantías comportaría una amenaza a la solidaridad y a la igualdad entre regiones, y señaló que la propuesta presentada por Sánchez y Junqueras el 9 de enero de 2026, según el partido, reintroduce “arbitrariedad” para sostener un Ejecutivo sin mayoría suficiente. El texto expresa que este tipo de pactos supone una “cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos”.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo se comprometió públicamente a impulsar un sistema de financiación caracterizado por la transparencia y enfocado en el conjunto de los ciudadanos. Durante el acto, pidió al presidente del Gobierno la retirada de cualquier modelo acordado con fuerzas separatistas y la reapertura del proceso en foros generales, subrayando que no aceptará “que la igualdad de los españoles esté en venta”. El PP expresó de manera clara su desacuerdo con la intención del Ministerio de Hacienda de abrir negociaciones específicas con cada comunidad sobre los aspectos técnicos del futuro modelo.

En la “Declaración de Zaragoza”, los dirigentes populares señalaron que la propuesta gubernamental cambia de manera visible diferentes elementos del sistema: tributos atribuidos, capacidad tributaria, reglas de cálculo de población, estructura de fondos y mecanismos de nivelación. El documento sostiene que, tanto en el fondo como en la forma, se trata de una iniciativa que debe revertirse y reiniciarse, ya que la actualización del sistema de financiación no puede considerarse un asunto técnico menor, ni convertirse en una moneda de cambio para preservar intereses políticos concretos. Los firmantes incidieron en el derecho de los ciudadanos a servicios públicos equivalentes en cualquier territorio y reclamaron una evaluación técnica e independiente de las necesidades financieras, basada en simulaciones y datos comparables.

Según consignó el medio, el PP denunció en su declaración que mientras se debate la posibilidad de una “independencia fiscal” para ciertos territorios, el resto de las comunidades autónomas se vería restringido, enfrentando un aumento general de impuestos que impactaría a la ciudadanía. La agrupación política manifestó su oposición a que las exigencias independentistas generen mayor presión fiscal o menos servicios, y sostuvo que la autonomía fiscal de las comunidades debe preservarse sin excepciones.

Entre las propuestas previas a la reforma del sistema, el PP aboga por la creación de un Fondo Transitorio para compensar la infrafinanciación actual de las comunidades, así como un fondo adicional de nivelación, financiado desde el Estado, hasta que se adopte el nuevo modelo; también pide reconocer la excepcionalidad de la Comunidad Valenciana debido a episodios de fenómenos meteorológicos extremos, como la dana, y avanzar de forma paralela en la revisión de la financiación local y la sostenibilidad de todas las administraciones.

El documento, según reportó el medio, aborda la importancia de definir de modo transparente las competencias estatales, autonómicas y locales, con el objetivo de eliminar solapamientos administrativos. Además, llama la atención sobre diversos factores que deberían integrarse en el modelo futuro: demografía, dispersión geográfica, envejecimiento de la población, accidentes geográficos, despoblación, densidad poblacional baja, niveles de desempleo, coste de la vida, insularidad, tamaño del territorio y costes fijos ligados a obligaciones impuestas por el Estado.

La “Declaración de Zaragoza” rechaza lo que describe como “cambios a la carta” o decisiones selectivas que establecerían diferencias entre ciudadanos, e incide en que ningún español debe verse más favorecido que otro por razones territoriales. El PP expuso que la raíz del problema es la falta de un liderazgo nacional comprometido con el interés general, planteando que Pedro Sánchez busca favorecer sus intereses políticos a costa de la cohesión nacional, la solidaridad fiscal y los servicios públicos.

El texto añade que, para el PP, “no ama Cataluña quien quiere enfrentarla al resto de España, ni ama España quien la necesita dividida porque es incapaz de ilusionarla con un proyecto común”. Los firmantes afirman que pondrán todos los recursos necesarios para impedir una España con regiones de diferentes velocidades o grados de privilegio fiscal y competencial.

A modo de invitación, la declaración abre la posibilidad de que presidentes autonómicos de otras fuerzas políticas se sumen al documento con el fin de fortalecer una posición unitaria a favor del mantenimiento de la equidad fiscal y la cohesión entre regiones. El texto concluye reiterando el compromiso del PP de no aceptar presiones ni chantajes en la definición del modelo de financiación y recalca que este debe ser “decidido entre todos y pensado para todos”.