Fijada para octubre la audiencia preliminar en la causa contra el juez Piñar por delito de odio

La reapertura del caso judicial contra Manuel Piñar, quien ejerció de juez y ahora se encuentra jubilado, ha puesto nuevamente bajo escrutinio la relación de los exmagistrados con presuntos delitos cometidos durante su vida profesional y personal. Según informó Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado para el 1 de octubre de 2026 a las 9:00 horas la audiencia preliminar en el procedimiento que investiga si Piñar incurrió en un delito de odio por supuestos comentarios ofensivos dirigidos a comunidades migrantes y minorías étnicas en la red social Facebook.

Tal como detalló el despacho Aránguez Abogados, citado por el medio, la comparecencia contará con la presencia del Ministerio Fiscal, las partes personadas y el propio acusado. Este proceso judicial se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, representada por el letrado Carlos Aránguez. El organismo denunciante sostiene que Piñar difundió expresiones discriminatorias que vulnerarían la dignidad de distintos grupos en sus publicaciones de Facebook.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada se encargó de la instrucción del caso y, en abril pasado, dictó la apertura de juicio oral tras la recopilación y análisis de las publicaciones referidas en la denuncia. Dichas publicaciones, según expone Europa Press en base a la revisión realizada por la Audiencia de Granada, contienen frases y términos dirigidos de manera negativa hacia colectivos étnicos y nacionales concretos. Tras examinar el expediente y el carácter de los textos divulgados, el tribunal consideró que en caso de haber tenido suficiente impacto público podrían haberse constituido en auténticas incitaciones a la discriminación o al odio.

A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Fiscalía ha solicitado que se archive provisionalmente la causa, aduciendo la falta de elementos suficientes para sostener el procedimiento. No obstante, la acusación particular mantiene la petición de condena que incluye 18 meses de prisión y el pago de una multa de 6.600 euros, conforme quedó recogido en el escrito de acusación consultado por Europa Press.

Por su parte, Manuel Piñar ha rechazado ante el tribunal ser el autor de los mensajes objeto de denuncia. Alegó que esta causa forma parte de una campaña de acoso dirigida contra su figura. Después de que en un primer momento el procedimiento fuera archivado, la Audiencia de Granada decidió reabrirlo en 2023, tras evaluar la sustancia de los hechos denunciados y el contenido textual de las publicaciones presuntamente ofensivas.

De acuerdo con lo documentado por Europa Press, la causa originada contra Piñar también ha impulsado actuaciones judiciales anexas relacionadas con prácticas dentro de un grupo de Whatsapp. Ese grupo, gestionado por el despacho Aránguez Abogados, aglutina a más de cien periodistas y se investiga en paralelo una posible vulneración de la intimidad y la presunta existencia de falso testimonio. Estos procedimientos adicionales ampliaron el ámbito del conflicto legal entre el abogado denunciante y el exmagistrado, abarcando asuntos concernientes a la privacidad digital y la gestión de conversaciones privadas.

La relevancia pública del caso reside en el debate que reabre sobre la responsabilidad legal de jueces retirados en cuestiones vinculadas al discurso digital y la privacidad en foros sociales y canales de comunicación interpersonal. Según destacó Europa Press, toda la secuencia de hechos acumula aristas legales que afectan a la interpretación de los tipos penales de delito de odio y protección de la intimidad en el uso de tecnologías sociales, dentro del contexto judicial español. Estas actuaciones judiciales siguen su curso, mientras el tribunal de Granada continúa valorando los elementos aportados para determinar si el proceso debe avanzar hacia una resolución definitiva o quedar excluido por falta de elementos probatorios contundentes.