El PSOE de Madrid recurre ante el TSJM el nuevo centro universitario del Colegio de Abogados adscrito a la Complutense

La creación de un centro universitario impulsado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha sido llevada ante los tribunales por dos representantes socialistas madrileños, quienes además forman parte del propio ICAM, a raíz de presuntas irregularidades legales y coincidiendo con recientes acontecimientos judiciales de alto perfil en la Comunidad de Madrid. Según publicó la Cadena SER y ha recogido Europa Press, los diputados autonómicos interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar la decisión de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, que habilitó al ICAM para operar como centro universitario adscrito a la Complutense.

De acuerdo con la información adelantada por la Cadena SER y reproducida por Europa Press, el foco del recurso radica en la supuesta vulneración de la normativa reguladora de la abogacía y de los colegios profesionales en España. Los recurrentes sostienen que el ICAM, a través de sus nuevos estatutos aprobados en julio pasado, se autorizó a sí mismo para ofrecer titulaciones universitarias oficiales de ciclo superior, lo que, a su juicio, solo compete a universidades y no a colegios profesionales, que únicamente pueden impartir formación de posgrado. Según el recurso presentado, el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales establecen límites claros sobre la capacidad de estos organismos para ofrecer titulaciones universitarias.

El proceso de creación y aprobación de ICAM Universidad culminó el 14 de noviembre, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó la resolución definitiva. Tal como detalla Europa Press, se trató de un hecho inédito a nivel nacional, pues es la primera experiencia de un centro universitario promovido directamente por un colegio profesional en España.

El medio Europa Press también informa que la oposición socialista, además del actual recurso judicial, había iniciado previamente actuaciones administrativas contra el proyecto, al presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Educación. En ese escrito denunciaron la presunta transgresión de las normativas citadas y advirtieron sobre el riesgo de que los colegios profesionales desbordaran competencias legalmente reservadas al sistema universitario.

Junto a estos argumentos de fondo, el recurso de los diputados socialistas hace referencia a la coincidencia temporal entre la autorización definitiva y la actuación del ICAM como acusación particular en el proceso judicial por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, derivada del caso que involucraba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El proceso concluyó con la condena e inhabilitación del fiscal general. Los recurrentes consideran, según consignó Europa Press, que existe al menos una “coincidencia sospechosa” entre estos hechos.

El debate sobre la legalidad y oportunidad de la creación del nuevo centro universitario no es exclusivo del ámbito político. En diciembre, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) anunció la intención de interponer un recurso propio ante la autorización del ICAM Centro Universitario. La UC3M expresó públicamente su desacuerdo y advirtió sobre los riesgos y los posibles errores asociados al avance de este proyecto.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se defendió a través de un comunicado oficial en diciembre, en el que afirmó que el proyecto de centro universitario tiene origen previo a la controversia judicial relacionada con el ex fiscal general del Estado. Según el ICAM, la iniciativa se remonta a 2022 y ha atravesado una “tramitación prolongada”, prevista entre 2023 y 2025, en la que han intervenido diversos órganos académicos, técnicos y de calidad. El Colegio subrayó que la aprobación se llevó a cabo siguiendo “estrictamente el procedimiento legalmente previsto”, y que el centro universitario aún se encuentra pendiente de la autorización final para iniciar sus actividades, así como de futuras evaluaciones externas.

En el comunicado, el ICAM contestó de modo directo las dudas planteadas desde distintos ámbitos. El texto, recogido por Europa Press, afirma: “El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios’ en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”. Además, la entidad remarcó que la creación de su centro universitario responde únicamente a objetivos formativos y profesionales alineados con su misión institucional.

La controversia abierta entre las posiciones del PSOE-M, la UC3M y el propio colegio profesional, junto con el trasfondo judicial y político, configura un contexto complejo, donde se entrecruzan cuestiones de competencias legales, interés público y eventuales impactos en el sistema universitario español. Según informaron tanto Cadena SER como Europa Press, la decisión definitiva sobre el centro universitario ICAM Universidad queda supeditada a la resolución de los recursos en curso y a las próximas evaluaciones administrativas y externas previstas antes de su puesta en marcha definitiva.