Cataluña refuerza el control sobre los pisos vacíos para facilitar recargos sobre el IBI

La documentación remitida al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) incluye la supresión de 19 tasas y la creación de tres nuevas en Cataluña, de acuerdo con información de EFECOM. Este paquete forma parte de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2026, e introduce cambios orientados a fortalecer la transparencia del mercado de alquiler y a elevar la capacidad de los ayuntamientos para detectar y sancionar los inmuebles residenciales desocupados.

Según publicó EFECOM, la normativa de haciendas locales autoriza a los municipios a imponer hasta un 50 % de recargo sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente durante más de dos años, siempre que no exista una causa justificada. El Ejecutivo regional persigue un mayor control sobre estos inmuebles, impulsando mecanismos que faciliten la inspección, el registro y la aplicación de los recargos legales, con la intención de regular el mercado y evitar prácticas irregulares.

La ley de acompañamiento contempla modificaciones relevantes a la Ley del derecho a la vivienda aprobada en 2007. Entre las medidas destaca la exigencia de una mayor transparencia informativa en la publicidad de alquiler de viviendas. A partir de la entrada en vigor de estas reformas, los anuncios deberán incluir el precio máximo admisible según el sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y el dato sobre si la propiedad pertenece a un gran tenedor, detalló EFECOM. Muchas de estas prácticas ya forman parte de los requisitos de los contratos nuevos en Cataluña, pero la normativa introduce la obligatoriedad de adjuntar al contrato de arrendamiento la documentación que acredite el precio conforme al índice de referencia. Esta exigencia busca evitar fraudes y aportar solidez a la prueba documental en caso de procedimientos sancionadores por incumplimientos.

Adicionalmente, la reforma refuerza la obligación de inscripción tanto del contrato como del certificado de precio de referencia en el Registro de fianzas. Esta exigencia permitirá a la Agencia de la Vivienda de Cataluña automatizar el proceso de inspección, acceder de forma directa a la documentación necesaria y agilizar la detección de infracciones en materia de alquileres y precios. EFECOM detalló que el régimen sancionador en contención de rentas gana en rigor, al incorporar sanciones específicas para situaciones de falsificación de información y exigir la adecuación exacta entre el importe contractual y la normativa vigente.

El texto normativo contempla, además, instrumentos para incrementar el parque de viviendas de protección oficial sin aumentar la edificabilidad de los terrenos. El objetivo es preservar los precios de las nuevas viviendas resultado de este ajuste, dotando de mayor protección a los sectores más vulnerables de la población. En los ámbitos declarados como mercado residencial tensionado, la ley autoriza que en suelos calificados de uso terciario por el planeamiento urbanístico actual puedan implantarse viviendas de protección pública, lo que abre la puerta a nuevas opciones en zonas con alta demanda y escasez de inmuebles asequibles.

El Gobierno catalán, en línea con lo publicado por EFECOM, busca con el conjunto de estas medidas optimizar la gestión y supervisión sobre las viviendas desocupadas y sobre el cumplimiento de las reglas que rigen el mercado del alquiler en la región. Todo ello se inscribe dentro del marco de la ley de acompañamiento de los presupuestos propuesta para 2026, en una apuesta por dotar de más instrumentos a los ayuntamientos y a las agencias administrativas para actuar frente a las prácticas irregulares y mejorar la transparencia y la oferta de vivienda.