Bolaños recalca a Feijóo que el Gobierno ya planteó por ley que el 'no' al suplicatorio no implique archivo de la causa

El artículo 864, apartado 2, del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, cuando no se concede el suplicatorio a un diputado o senador, la causa judicial no se archiva de forma definitiva, sino que queda suspendida hasta que finaliza el aforamiento, momento en el cual se reactiva el procedimiento. Esta disposición fue resaltada públicamente por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el contexto del debate sobre posibles reformas en la tramitación de los suplicatorios, impulsado por recientes declaraciones del líder del Partido Popular.

Según publicó Europa Press, Bolaños dirigió estas aclaraciones al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este último anunciara, durante la Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña, la intención de reformar la normativa de los suplicatorios si su partido llegase al Gobierno. Feijóo afirmó que buscaría evitar que la negativa del Congreso a conceder un suplicatorio implique el archivo permanente de las causas judiciales contra parlamentarios, lo que, en su opinión, permitiría a los políticos eludir posibles responsabilidades penales. Feijóo defendió en su intervención que "la historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", haciendo referencia a casos de presunta corrupción que involucran al actual Ejecutivo y al PSOE, según detalló Europa Press.

El PP argumenta que la actual ley debería revisarse para impedir que el rechazo a un suplicatorio conlleve el sobreseimiento definitivo de un proceso judicial respecto a diputados o senadores. Plantea que, si el Congreso rechaza el suplicatorio, "la causa no quedará sobreseída de manera definitiva" y que, al finalizar la condición de aforado del parlamentario, "la causa le estará esperando", según fuentes del PP recogidas por Europa Press. Esta propuesta, según dicho medio, responde a la inquietud de que el actual procedimiento favorezca la impunidad de cargos públicos.

Frente a este posicionamiento, el ministro Bolaños respondió que la preocupación de Feijóo ya está resuelta por la reforma promovida por el Ejecutivo. "Me llama la atención la propuesta del señor Feijóo porque significa que no ha leído la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que aprobó este Gobierno en noviembre", expresó Bolaños, quien añadió que "en el artículo 864, apartado 2, se regula esta cuestión y digamos que lo que hacemos es que, efectivamente, cuando no se concede el suplicatorio, no se archiva de manera definitiva la causa, sino que se espera a que termine el aforamiento y en ese momento se reabre la causa". Europa Press consignó que Bolaños criticó al líder del PP por plantear una solución a un problema que, en sus palabras, "ya estaba resuelto por el Gobierno de España". "Todo en orden", concluyó en relación a este asunto.

El proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2025 y pendiente aún de validación parlamentaria, implica una reforma relevante del sistema de enjuiciamiento penal en España. Entre los puntos clave de la propuesta destaca la transferencia de la instrucción de las investigaciones penales a los fiscales, lo que modifica el reparto de funciones entre jueces y ministerio fiscal en los procedimientos judiciales. Europa Press detalló que este aspecto constituye uno de los cambios más significativos introducidos por la futura norma.

Tanto el Partido Popular como Vox han manifestado su desacuerdo con el contenido de esta reforma legal. Para ambos partidos, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal supone, según sus portavoces, una amenaza a la independencia judicial y un intento por parte del Ejecutivo de aumentar su control sobre la función penal en el país. Europa Press remarcó que el PP ha definido la iniciativa como un "asalto a la Justicia" y Vox ha compartido la misma línea crítica, destacando su rechazo frontal a la transferencia de la instrucción a la fiscalía.

Mientras sigue pendiente la aprobación definitiva de la Ley por el Congreso, la polémica respecto a los suplicatorios y la función de los aforamientos judiciales mantiene el debate en el centro de la agenda política. Tanto la regulación de la suspensión temporal de los procesos por aforamiento como la configuración del Ministerio Fiscal como motor de la investigación criminal forman parte de las discusiones abiertas en el Parlamento durante la tramitación de la futura ley, según reportes continuados de Europa Press.