El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía, Gonzalo Fraga, ha afirmado ante la Audiencia Nacional que "no localizaron pagos" al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la "posible contratación" por parte del empresario Javier López Madrid para amenazar a la dermatóloga Elisa Pinto.
Así lo ha manifestado el agente este martes en su declaración como testigo en el juicio contra López Madrid, Villarejo y el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, por un presunto delito de cohecho.
A preguntas de la Fiscalía, que rechazó formular acusación, Fraga ha explicado que la unidad "identificó una posible contratación" efectuada por López Madrid en relación con la doctora Pinto en los oficios de entrada y registro que llevó a cabo en los domicilios de Redondo y Villarejo.
Sin embargo, el policía ha dicho que "no se localizaron pagos por esta posible contratación". Tampoco hallaron otros documentos "habituales", como "informes que hacía CENYT, ni el presupuesto, ni hoja de encargo, ni contrato".
Así, el policía ha expresado que "constan bastantes anotaciones" en la documentación manuscrita que encontraron en los registros, y ha remarcado una nota que decía "entrega 10 a cuenta", firmada en una "fecha significativa", pocos días después del primer encuentro entre Villarejo y López Madrid. Con todo, Fraga ha explicado que no han podido "ubicar" un pago en esas fechas: "Se buscó, pero no se localizó".
Respondiendo a la abogada de la doctora, que ejerce la acusación, el uniformado ha explicado que "el esquema habitual de trabajo de CENYT" consistía en elaborar "unos informes que se entregaban a los clientes" y unas "notas internas" para el trabajo en la agencia de investigación. "El informe general y el preliminar establecía un presupuesto. En este caso, no se localizó", ha expresado.
LÓPEZ MADRID NEGÓ HABER PAGADO A VILLAREJO
En su declaración como acusado este lunes, López Madrid negó haber contratado los servicios de Villarejo en su conflicto personal con la doctora.
Y afirmó haber recibido "más de 1.500 llamadas" en ocho meses, "más otras tantas" su mujer, hijos y amigos. El empresario acusó a Pinto de haber sido quien hacía estas llamadas desde tarjetas de prepago y cabinas telefónicas.
Fue después de relatarle esta situación a un amigo, cuando este le recomendó acudir a "un investigador privado". Según el relato del empresario, acudió en el año 2012 a la oficina de CENYT para intentar solucionar esta "dramática situación" en la que contó que se encontraba.
La abogada de Pinto preguntó al acusado sobre las "más de 60 llamadas" entre él y Villarejo. "Yo voy a ver a este señor como voy a ver a otros tantos señores que están en la causa. Y voy movido por un estado emocional y personal completamente destrozado. Voy buscando confort, voy buscando ayuda y gente que me escuche", respondió.
Asimismo, López Madrid precisó que supo que Villarejo seguía formando parte de la Policía en el año 2017 y ha reiterado que el comisario jubilado "nunca" le pidió dinero. "No hablamos de dinero", remachó.
PINTO SE SINTIÓ AMENAZADA
La abogada de Pinto pide 6 años de prisión para Villarejo y López Madrid por delitos de cohecho y 4 años para Redondo por su presunto papel como cómplice del comisario jubilado, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.
Según expone Pinto en el escrito de acusación, López Madrid estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT y, en diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, "que acudía en calidad de abogado", asegura.
La letrada que representa a Pinto incide en que dicho encuentro se produjo "con intención de hostigarla". "La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", precisa la abogada.
Y añade que, a partir de 2014, Villarejo "se dedicó a hostigar" a la doctora "para evitar que denunciase" a López Madrid. En abril de ese año, cuando la mujer decidió denunciar al empresario, el comisario jubilado "accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial", puntualiza.
En particular, la abogada refiere que Villarejo "solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar" una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte.
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