El empresario López Madrid niega haber pagado a Villarejo por hostigar a la doctora Pinto

Antes de que el empresario Javier López Madrid brindase su versión ante la Audiencia Nacional, su relato ya estaba marcado por el impacto de haber recibido, según su declaración, más de 1.500 llamadas en un periodo de ocho meses. Estos contactos, según detalló, se extendieron también hacia su entorno familiar, incluyendo a su esposa, hijos y amistades, lo que le llevó a buscar apoyo externo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, López Madrid aseguró que nunca recurrió al excomisario José Manuel Villarejo con el propósito de que amenazara a la doctora Elisa Pinto, negando así cualquier contratación de servicios ilícitos y rechazando haber ofrecido compensaciones económicas por asistencia.

Durante la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, López Madrid, en calidad de acusado, declaró que la situación de acoso telefónico lo llevó en 2012 a la sede del grupo CENYT, dirigido entonces por Villarejo, motivado por el consejo de un conocido que sugirió acudir a un investigador privado ante la delicada situación personal que atravesaba. Según detalló Europa Press, López Madrid responsabilizó directamente a la doctora Pinto de estas llamadas, indicando que se realizaron presuntamente desde tarjetas de prepago y cabinas telefónicas.

El caso puesto a consideración del tribunal incluye también como acusados al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo, todos señalados por un presunto delito de cohecho. Ante las preguntas de la abogada de Pérez Pinto, López Madrid reconoció haber mantenido más de sesenta comunicaciones con Villarejo, aunque justificó la frecuencia de los contactos en la búsqueda de apoyo emocional y ayuda para sobrellevar el estado anímico en que se encontraba, y no en una relación de naturaleza económica o contractual. Asimismo, aclaró que no tuvo conocimiento de la pertenencia activa de Villarejo a la Policía hasta el año 2017 y subrayó reiteradamente que jamás mantuvo conversaciones sobre pagos: “No hablamos de dinero”, afirmó ante la sala.

Según relató el empresario ante la Audiencia Nacional, el propio Villarejo propuso que presentara una denuncia contra la doctora Pinto, pese a sus propias reservas, argumentando la conveniencia de evitar la exposición pública del asunto y un posible escándalo. En línea con esta recomendación, López Madrid accedió a presentarse en la consulta de la doctora Pinto, acompañándose de Redondo, quien acudió a modo de testigo por sugerencia del excomisario. El objetivo principal, insistió el acusado, era poner fin al contacto presuntamente hostil por parte de la dermatóloga.

A raíz de este encuentro, la abogada de Pinto cuestionó el motivo de la reunión, señalando que, según la versión de la afectada, el empresario la amenazó al advertirle que acudiría la policía. López Madrid reconoció que su afirmación de actuar con la intervención policial constituyó un “farol” para intentar frenar las comunicaciones indeseadas. El empresario solicitó la transcripción del audio registrado durante la reunión y leyó ante el tribunal fragmentos de la grabación, incluyendo la frase: “Déjame en paz. No vuelvas a hacer una sola llamada acosando a nadie, ni a mis amigos, ni a mi círculo, ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a mis examigos. No lo vuelvas a hacer. La policía va a venir, y te garantizo que tienen todas las pruebas”.

En el marco del proceso judicial, la presencia mediática de Villarejo resultó igualmente llamativa. A su llegada a la sede judicial de la Audiencia Nacional, el excomisario manifestó ante los medios su interés en que el caso llegara a su fin tras doce años de instrucción, y calificó públicamente el proceso como un “show”. Según registró Europa Press, Villarejo ironizó acerca de que su expediente no halló fundamento en el departamento de Asuntos Internos de la Policía y aseguró que no existe base real para las acusaciones. Añadió que Pinto habría solicitado que el próximo juicio, previsto para el mes de febrero por supuestas amenazas, no fuese retransmitido en directo.

Respecto a la cobertura mediática del juicio, la abogada de Pinto pidió en la primera audiencia la no retransmisión de esta vista pública, una medida que fue desestimada por el tribunal, que defendió el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. La magistrada presidenta, Teresa Palacios, resolvió que solamente se grabará la declaración de la doctora desde su espalda, garantizando una medida parcial de protección visual para la denunciante.

En cuanto a la secuencia de las declaraciones, el tribunal aceptó la solicitud de los acusados para declarar cada uno por separado, una práctica inusual, de acuerdo con lo manifestado por la presidenta del tribunal, quien subrayó que era la “primera vez” que se autorizaba esta modalidad en el proceso.

Según informó Europa Press, la acusación solicita penas de seis años de prisión para Villarejo y López Madrid por delito de cohecho, mientras que para Redondo pide cuatro años de cárcel como presunto cómplice, conforme se establece en el escrito de acusación. La Fiscalía optó por no presentar acusación contra los procesados y se mostró a favor de la absolución.

El escrito presentado por la acusación popular sostiene que López Madrid acudió en varias ocasiones a la oficina de CENYT y, en diciembre de 2013, compareció en la consulta de la doctora Pinto junto a Redondo, a quien identifica como su abogado. La querella subraya que dicho encuentro tuvo como finalidad hostigar a la médico, generándole temor ante la ausencia de denuncia formal en aquel momento. Según la letrada de Pinto, en los meses siguientes la intervención de Villarejo se orientó a impedir que la dermatóloga denunciara a López Madrid. Posteriormente, cuando Pinto decidió formalizar la denuncia en abril de 2014, la acusación sostiene que Villarejo accedió de forma indebida a información privada de la doctora y trató de influir en la investigación policial. Se indica, además, que el comisario jubilado requirió la colaboración de funcionarios policiales para obtener certificados cuyo objetivo sería demorar una rueda de reconocimiento en la que estaba obligado a participar.

El itinerario judicial expuesto por Europa Press sitúa las declaraciones de Villarejo y Redondo para una fase posterior del juicio, como solicitaron en su presentación de cuestiones previas. El caso, que lleva una instrucción acumulada de casi doce años, mantiene la atención pública sobre la relación entre un empresario relevante, un comisario retirado y una profesional de la salud cuyas denuncias han dado forma a una compleja red de acusaciones, contrapuntos y versiones contradictorias en el foro de la Audiencia Nacional.